Medicinas hasta para los sanos, siempre que paguen.

Medicinas hasta para los sanos, siempre que paguen.

Dolorosas aspirinas

Por Arturo M. Lozza

En Argentina las trasnacionales de los medicamentos imponen cláusulas de dependencia. La Red de Laboratorios Públicos puede ser una poderosa herramienta para ponerle límites.

Los medicamentos son tan antiguos como la aparición misma del hombre, En un principio fueron elementos naturales surgidos de la naturaleza, pero en 1897 un tal Félix Hoffman, fabricante de tinturas de la casa de productos químicos Bayer, en Alemania, modificó una sustancia proveniente de la corteza del sauce y creó el ácido acetil salicílico. Así asomó el primer medicamento industrial vendido bajo una forma de especialidad farmacéutica y fue comercializado bajo el nombre de aspirina.
Un siglo después, más de 100 000 fármacos compiten en el mercado mundial y la Industria farmacéutica, con ventas en el mundo que sobrepasan los 380 billones (si, billones) de dólares anuales, es hoy la actividad más lucrativa del planeta, la que más creció en los últimos treinta años, y la segunda en cuanto a movimiento de recursos financieros.
En efecto, el primer lugar lo ocupa la industria de la muerte –la de guerra- que, según la revista Fortune, gasta un millón de dólares cada 30 segundos, y le sigue la industria farmacéutica con un millón de dólares cada 83 segundos.
Estamos hablando de una de las industrias más concentradas: solo 20 multinacionales –con Pfizer a la cabeza- son dueñas de gran número de patentes y comercializan las dos terceras partes de todas las especialidades medicinales que circulan por el mundo.
Pero como la prioridad de estas multinacionales es maximizar la ganancia y no el derecho universal a la salud, últimamente llegaron a la conclusión de que centrarse en los enfermos ya no es tan rentable. Por eso, la nueva estrategia es medicar también a las personas sanas. Mediquemos al que sea, es la consigna.
Sobre esta base se ha desatado el más fabuloso boom publicitario sobre los supuestos beneficios en nuestra calidad de vida de algunas vitaminas u otros fármacos.
Suelen venderse ilusiones: los antioxidantes dan vitalidad, rejuvenecen; determinadas fibras –colocadas generalmente en los yogurs- regularizan el trabajo intestinal y otras provocan milagrosos estilizamientos corporales. Parece ser que todo se arregla con la ingesta de un medicamento. Y si una medicina que cura gravísimas enfermedades sociales en países pobres no puede ser vendida, entonces ese mismo fármaco lo publicitan como útil para otras cosas. Por ejemplo, la Eflornitina destinada a la curación del denominado “mal del sueño” que mata a 150.000 africanos al año, como no puede ser adquirida al precio que propone la multinacional, es ofrecido por Squibb bajo el nombre de Vaniga en crema, para el “tratamiento” del vello facial femenino.
Y mientras la voluminosa campaña publicitaria nos castiga minuto a minuto, un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos esenciales, y la mayoría de los pueblos en el Tercer Mundo muere de enfermedades (como la malaria, el dengue y las derivadas de la desnutrición) cuyos tratamientos no tienen relación con los medicamentos más vendidos en el mundo y donde los gobiernos no pueden asumir el gasto en medicamentos que requieren sus pueblos.
Las multinacionales utilizan el patentamiento de medicamentos como instrumentos de la dependencia, a través de ese mecanismo cobran royalties, condicionan y hacen más dificultoso el acceso de los fármacos al segmento menos pudiente de la población.
El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando recientemente estuvo en nuestro país, afirmó que el sistema de patentes de medicamentos impone altos precios a países en desarrollo –como la Argentina– y aumenta la brecha con los ricos.
"Las compañías farmacéuticas -agregó- gastan más plata en marketing y publicidad que la que gastan en investigación, porque el retorno por acrecentar el monopolio es mayor que el retorno que tiene la innovación".
Pero como la estrategia es medicar también al sano, el monopolio farmacéutico "gasta más dinero en investigación para drogas de estilo de vida, como por ejemplo para que te crezca el pelo, que en remedios para salvar la vida".

¿Que ocurre aquí?

Las 75 empresas que representan el núcleo de la industria farmacéutica instalada en el país, según datos oficiales, facturaron 7.597,1 millones de pesos durante el año pasado, lo que significó un aumento del 20,2% respecto de 2006 (a precios mayoristas y sin sumar el IVA).
Como en la mayor parte del planeta, los productos con mas salida fueron los recetados para el sistema nervioso, digestivos y cardiovasculares que responden a las necesidades de salud de los países ricos.
Argentina, también en materia de fármacos, es un país dependiente de la gran industria privada, especialmente la multinacional. Y aunque esta industria acordó con el gobierno nacional limitar los aumentos de precios, los laboratorios dispusieron alzas superiores a las pactadas y, que se sepa, la maniobra quedó en la impunidad.
En cuanto a la declaración de la emergencia sanitaria nacional en marzo de 2002 que dio paso a la implementación de una política nacional de medicamentos, sustentada en la prescripción por nombre genérico, tampoco liberó a la Argentina de la incidencia multinacional ya que constituyó un rescate para la industria de medicamentos frente a la caída abrupta del consumo.
Esa emergencia –sostuvo el doctor Luis Trombetta, de Tribuna de la Salud-, estuvo dirigida a recomponer las ganancias de los industriales, otorgándoles la posibilidad de introducir en el mercado local una segunda línea de los mismos medicamentos con un precio diferencial, conservando el segmento de precios más altos para los sectores de mayores ingresos, recuperando las ventas en los amplios sectores medios y bajos profundamente golpeados por la pobreza y el desempleo.
En conjunto –agregó-, recompuso a las empresas transnacionales y a las industrias locales, preservando en todos los casos la propiedad de la patente del producto farmacéutico.
Gran parte de los medicamentos esenciales podrían ser elaborados por los alrededor de cuarenta laboratorios públicos que aun quedan luego de la violenta ofensiva neoliberal que empezó por restringir al máximo el trabajo de años del Instituto Malbrán. Pero eso no sucede, salvo excepciones.
Recientemente se han dado pasos positivos, pero insuficientes, creando una Red de Laboratorios Públicos (ver recuadro), pero se apela a ellos en una medida mínima porque, entre otros motivos, existen cláusulas con el Banco Mundial que obligan al Estado a adquirir fármacos solo a la industria privada.
El gobierno, por ejemplo, cuenta con su Plan Remediar, de entrega gratuita de medicinas esenciales a un amplio espectro de la población. Los laboratorios públicos, sin embargo, suministran una cantidad mínima de ellos. ¿Por qué?, se le preguntó a Jorge Rachid de Laboratorios Puntanos, uno de los establecimientos del sector estatal. Porque hasta ahora –respondió- el Plan Remediar dispuso de "350 millones de pesos al año para medicamentos, pero el sistema de producción pública nunca tuvo acceso a ese presupuesto porque lo impiden las disposiciones del Banco Mundial".
Se encarga al laboratorio público aquello que no ofertan los privados. Esta es la realidad. Por eso, la producción estatal de medicamentos es indivisible de una política que enfrente los intereses de las industrias de especialidades medicinales nacionales y extranjeras, desconozca las protecciones establecidas por las leyes de patentes, y desate la dependencia de las imposiciones de los organismos financieros internacionales. Eso sería una manera de “Volver a Carrillo”.

Volver a Carrillo

El neurocirujano y sanitarista Ramón Carrillo fue ministro de Salud del gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955). Desarrolló un sistema de salud que combinó la atención primaria en salas descentralizadas con centros hospitalarios de alta complejidad que abarcó más de 8.000 establecimientos en toda la Argentina. Fue Carrillo quien en 1950 creó Emesta, primera fábrica nacional de medicamentos.
Hoy existen más de cuarenta laboratorios en la esfera municipal, provincial y nacional. Son instrumentos esenciales para una política liberadora en materia de fármacos y para que ellos sean accesibles a toda la población. Quizás haya sido por eso que lo primero que hizo Mauricio Macri al asumir, fue cerrar uno de los laboratorios que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este año, por primera vez en Argentina se puso en marcha una Red Nacional de Laboratorios Públicos que, bajo la coordinación del INTI, articulará el trabajo de 21 de ellos. Ellos son: Laboratorio de las fuerzas armadas, ANLIS-Malbran, Instituto Biológico de La Plata, Unidad Productora de Medicamentos - Facultad de Ciencias Exactas -UNLP, Laboratorio ELMETEC – UTN, Laboratorio del Hospital Municipal de Olavaria, Laboratorio Municipal de Bragado, Laboratorio de Especialidades Medicinales Hurlingham, Laboratorio de Medicamentos Genéricos Pampeano de la Municipalidad de Gral. Pico (La Pampa), el LEM SE de Rosario, Laboratorio Hemoderivados - Universidad Nacional de Córdoba, Laboratorio de Análisis Farmacéutico de la Unidad CEPROCOR de la Agencia Córdoba Ciencia S.E., Laboratorio Farmacia Municipal de Córdoba, Laboratorio Municipal Río Cuarto, el MSP de La Rioja, Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos – Univ. de San Luis, Laboratorio Provincial de Mendoza, el Laboratorio Productor de Medicamentos de Río Negro-PROZOME, Laboratorio Central de Salud Pública - MSP – Chaco, LAFORMED S.A. y el Laboratorio de Especialidades Medicinales del Ministerio de Salud Pública de Misiones (LEMis).
Los citamos a todos porque se trata de verdaderos sobrevivientes de la era neoliberal que debemos preservar e impulsar. Coordinados entre ellos y con los restantes, serían una poderosa fuerza productiva dentro de una política de salud al servicio del pueblo, fabricaría medidaentos a bajo costo y serían una barrera a las imposiciones del monopolio.
Pero solo siete de estos laboratorios cuentan con la certificación de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica), necesaria para una producción de alcance nacional y mundial de calidad registrada.
Colocar a todos los laboratorios públicos bajo las condiciones de ANMAT es una decisión política que el Estado debe pues se requiere inversión, un item propio en el Presupuesto Nacional y una ley que arrase con todas las imposiciones de las multinacionales en materia de fármacos, entre ellas, las limitaciones y negociados del patentamiento.

Red de Laboratorios del Estado

Cómo debería operar

La Red de Laboratorios municipales, provinciales, nacionales y de las universidades podrían convertirse en instrumentos fundamentales para romper con las imposiciones de las multinacionales. Para que eso sea así se hace necesario colocar a todos esos laboratorios bajo las reglas del Anmat y establecer una política de Estado.
Claudio Capuano –coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Buenos Aires y uno de los referentes de la Red Nacional de Laboratorios Públicos– sostuvo que “contar con sólo siete u ocho laboratorios con autorización de la Anmat es insuficiente”, y explicó: “el concepto es el trabajo en red: supongamos que en el sur del país se presenta una alta incidencia de neumonía y los antibióticos adecuados se elaboran en otra parte del país: es necesaria la certificación Anmat para que los medicamentos puedan ser trasladados”.
“Además –dijo Capuano–, supongamos que a un laboratorio, por ejemplo el de Rosario, le encargan millones de unidades de un medicamento para el Plan Remediar: el laboratorio está en condiciones de hacerlo, pero para eso tiene que postergar su producción habitual, destinada a su propia región: tiene que funcionar una red con autorización Anmat para que otro laboratorio pueda proveer esos medicamentos.”
Para el referente de la Red, “el programa debería establecerse por ley nacional; es lo único que permitiría garantizar su continuidad más allá del ministro de turno; y, por ley, debería contar con presupuesto propio. Ya el solo hecho de poner a los laboratorios públicos en condiciones Anmat cuesta dinero, no mucho, pero cuesta”, advirtió Capuano, y sostuvo que “en contrapartida, los laboratorios públicos pueden bajar sensiblemente los gastos en medicamentos, porque sus costos son mucho más bajos que los de la empresa privada”.
Para tener una idea de los montos que se manejan –informó el catedrático- pensemos que las compras de medicamentos por el Estado llegan a los mil millones de dólares por año, tomando los presupuestos nacional, provinciales, municipales y el PAMI.
En tal sentido, subrayó Capuano: “Debemos sacar al medicamento del rol de bien de mercado, y reemplazarlo por el concepto de bien social, a fin de lograr que la población tenga acceso a la salud”,
Por su parte, Martín Isturiz –del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, que impulsa el desarrollo de los laboratorios públicos– destacó que, “además de defender la soberanía en el área de medicamentos, los laboratorios deben plantearse, no sólo como productores, sino como unidades de investigación y docencia, con el soporte del INTI; de este modo –agregó-, su desarrollo implicaría expandir el sistema de ciencia y técnica para retener los recursos humanos que hoy todavía se dilapidan, por la emigración de profesionales”.