martes, 20 de julio de 2010

Ley de Entidades Financieras

Ley de Entidades Financieras

-Es hora de cambiar el rumbo

Por Arturo M. Lozza



Toda la legislación bancaria que favoreció el saqueo, dictada principalmente por la dictadura genocida y el menemismo, siguen vigentes. Es hora de una nueva movida.


El sistema financiero es fundamental en la reproducción del capital, recibe depósitos, parte de ellos los presta, los que toman estos préstamos lo invierten y el dinero más la renta que produjo vuelve a ser depositado en esa u otra entidad bancaria. Así se da la circulación, la intermediación financiera y la creación de dinero. Pero el capitalismo y uno de sus pilares, la banca trasnacional, utilizaron ese mecanismo como herramienta clave de expansión, lo han convertido en un monstruoso instrumento de dominación global, de corrupción y de vaciamiento de países dependientes. Fueron creados, por esta senda, formidables mecanismos de control e imposición como lo son el FMI y el Banco Mundial, se usaron los instrumentos de la circulación financiera como vehículo de una especulación sin límites, idearon “paraísos fiscales”, generaron enormes redes clandestinas del lavado de dinero, se introdujeron con fuerte peso en los mecanismos del poder político de las naciones, los grandes conglomerados dirigieron sus negocios a las bolsas de valores, al sistema previsional y los seguros, idearon novedosos recursos tecnológicos e impusieron las tarjetas de crédito, y con todos esos resortes fueron captando en mayores volúmenes los ahorros públicos para ponerlos en función de las multinacionales y del dominio de los recursos naturales en numerosos países.

La era actual de neoliberalismo dominante llevó esa expansión a niveles de paroxismo, la banca trasnacional profundizó problemas estructurales como el empobrecimiento, el desempleo y la mayor desigualdad social, emergieron los torrentes de capitales golondrinas que van y vienen especulando con las tasas de interés y provocando anarquías financieras sin precedentes. Y dominando el panorama, asoma el garrote de la deuda externa como elemento de presión política y de sumisión.

Por supuesto, tamaño descontrol capitalista estalló en la actual crisis donde, en respaldo de la gran banca, el Tesoro de los Estados Unidos y de gran parte de los países europeos optaron por derivarles cifras siderales para salvar al sistema. Esta y las anteriores periódicas crisis recayeron casi siempre sobre los trabajadores quienes con mayores grados de explotación pagan los platos que rompían los imperios bancarios.

Esta historia la conocemos bien los argentinos. No existen regulaciones bancarias, no se les cobran impuestos a sus operaciones, y les han dejado el terreno libre de obstáculos. No existe aún una planificación que controle la renta financiera y la coloque en función de un programa productivo y de fomento social. Solo son retoques muy parciales. El enfoque dominante es acumular dólares en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para sostener el valor del dólar y beneficiar las exportaciones. Es decir, predominan criterios monetaristas. Es hora entonces de revertir la situación, de tener horizontes más enfocados a los cambios de fondo, de contar con herramientas eficaces de control de la banca y del comercio exterior. Hay que convertir el sistema bancario en un servicio público, en un instrumento de soberanía, de desarrollo independiente y enfocado hacia la integración de los pueblos. Por eso, después del gran paso dado con la estatización de los fondos jubilatorios, después de la Ley de Medios, y de la reciente aprobación para poner en marcha el Banco del Sur entre los países del UNAsur, el paso siguiente en Argentina tendría que ser la derogación de la legislación de entidades financieras de la dictadura y dictar una nueva ley donde el principal beneficiario del sistema financiero sea el pueblo.

Hagamos historia

Desde las épocas de la independencia, cuando apenas se constituía el Estado, asomó la presencia hegemónica de la banca inglesa en el sistema financiero emergente. El préstamo de la Baring Brothers al gobierno del presidente Bernardino Rivadavia en 1824 ha sido el primer gran antecedente. Del millón de libras esterlinas que totalizaba el empréstito solo llegaron a Buenos Aires 570.000, en su mayoría en letras de cambio y solo una mínima parte en metálico. Como garantía, Rivadavia hipotecó millones de hectáreas de tierras y otros bienes inmuebles públicos. Fue una de los mayores capítulos del fraude perpetuado en la Argentina ya que inicia el nuevo camino de la dependencia económica. El esquema se repetirá en demasía durante otros períodos. Por ejemplo, fue como consecuencia de los endeudamientos que se entrega a la compañía inglesa La Forestal el mayor bosque natural de quebrachos del mundo, ubicado en el chaco santafesino, cuya explotación marcó una de las rebeliones más heroicas en la historia del movimiento obrero.
Los banqueros británicos fueron los que promovieron la creación en 1935 del Banco Central, cuya normativa expresaba el interés de los grandes capitales del imperio en aquellos tiempos. Se vivía la década infame, el general Agustín P. Justo era presidente, su ministro de Economía fue Federico Pinedo –de cuyas entrañas políticas emergería Martínez de Hoz- y el primer titular de la entidad que regiría la política bancaria y monetaria fue Raúl Prebisch, el mismo que años después sería titular de la cartera económica tras el derrocamiento del gobierno de Perón.
El sistema financiero será uno de los sectores claves a la hora de definir la nueva política económica al instalarse la dictadura genocida en 1976. Martínez de Hoz desarma el sistema que había implementado Juán D. Perón años atrás y que se fundamentaba en la centralización de los depósitos y el otorgamiento de préstamos bajo orientación del BCRA, préstamos destinados fundamentalmente para fines productivos predeterminados. Este régimen había colocado en un primer plano la labor de la banca pública. La dictadura arrasó con aquella legislación y, en cambio, dictó normas de desregulación que facilitaron la penetración de las trasnacionales. Instrumento fundamental fue la ley de Entidades Financieras: se acabaron entonces los controles del Estado, nacía la era de la concentración monopólica bancaria y de una desembozada especulación financiera. Sus protagonistas principales fueron las entidades financieras extranjeras.
Argentina, represión mediante, con la complicidad del sindicalismo patronal y con 250 compañeros bancarios desaparecidos, pasó a ser decididamente funcional a la política del gran capital y víctima de la liberalización del movimiento internacional de capitales.
Por eso, cuando Martínez de Hoz se retiró del gobierno militar en 1981, al preguntársele cual había sido su mayor logro, respondió que fue precisamente la ley 21.526 de Entidades Financieras, a la que calificó de “revolucionaria”. Y no era para menos.
Al comienzo de la dictadura había cerca de 800 entidades financieras, bajo el imperio de esa ley, hoy solo quedan 89 bancos. En el camino, fueron destruidos, entre otros, la Caja Nacional de Ahorro Postal y el Banco Nacional de Desarrollo. A impulsos de aquella “patria financiera” fue desmantelado el aparato productivo nacional, se entregaron al capital foráneo los servicios públicos y se impuso el delirio de la “plata dulce”, llegó la famosa “tablita”, el reinado del “plazo fijo”, el “blindaje”, la evasión por parte de la banca trasnacional de unos 20.000 millones de dólares robados de los depósitos de los argentinos, atravesamos el “correalito”, el terremoto financiero… Y aquí estamos. Hoy se anuncia que la banca trasnacional “se ha recuperado”: sus ganancias no tienen techo, los salarios de los trabajadores si.
La privatización que se desplegó durante tres décadas se apoderó también de la mayoría de las bancas oficiales provinciales. Los bancos no solamente se ocuparon del tema financiero sino que con el proceso de concentración se hicieron dueños de empresas. Un banco conforma un conglomerado y presta a sus propias empresas, son los autocreditios.
Pero como con la Ley de Entidades Financieras los que dictan la política son los propios capitales financieros privados, se dan también casos a la inversa: empresas comerciales que utilizan sus fuertes ingresos para hacer negocios financieros. Es el caso de la cadena de supermercados Carrefour, grupo francés que capta diariamente enormes cantidades de dinero a través de sus múltiples bocas de expendio, y los coloca en los tres bancos de su propiedad, el BSF, el Cofidis y el Cetelem. En esencia, se trata de captar la mayor cantidad de circulante de manos del consumidor para impulsar negocios propios. Y de acuerdo a la ley vigente, al Estado le resulta igual que ese ahorro lo capte el Banco de la Nación Argentina, Carrefour o el CityBank.

Créditos para desnacionalizar

El crédito es un multiplicador de la actividad económica, el emprendimiento necesita dinero para obtener medios de producción y fuerza de trabajo. Pero también el crédito ha servido para que las multinacionales se quedaran con nuestro patrimonio. De esto hablamos con Julio Gambina, profesor titular de la cátedra de Economía Política en la Universidad de Rosario, presidente de la filial argentina de ATTAC y director del Centro de Estudios de la FJA. “Ha sido común –nos señala- que durante la privatización de empresas públicas en la década del 90, éstas hayan sido compradas con préstamos internacionales. Es decir, aquellos que se quedaron con nuestros servicios públicos prácticamente no invirtieron capitales propios sino que tomaron préstamos porque la convertibilidad les convenía. Por eso, varias de esas empresas dicen que con la devaluación cambiaron las reglas de juego porque ahora no pueden cambiar un peso por un dólar. Las empresas que se quedaron con nuestras empresas han hecho grandes negocios sobre la base de préstamos internacionales. Ahí se ve el papel de la banca trasnacional para adquirir empresas en la Argentina”.
La salida de la convertibilidad con la denominada “pesificación asimétrica” –nos explica Gambina- fue un subsidio a los grandes deudores del sistema financiero. Uno de ellos fue el grupo Clarín, otro fue Perez Companc. Sus deudas millonarias en dólares las trasformaron en pesos uno a uno.¿Quién pagó ese beneficio? El conjunto de la sociedad argentina, porque para equilibrar la pesificación asimétrica el Estado compensó a los ahorristas con bonos, pero también compensó a los bancos c0n títulos de la deuda pública, con lo cual toda la sociedad argentina, para superar la crisis bancaria del 2001, está hoy financiando a esos grandes beneficiarios de la crisis”.
Alfredo García, director del Centro de Estudios Financieros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y profesor en Ciencias Económicas de la UBA, nos advierte que los préstamos son muy escasos en la Argentina. “Si pensamos que el préstamos es algo así como el aceite para la máquina de producción, vemos que ese nivel de aceite es muy bajo”, señala. Todos los préstamos, personales y a la producción, llegan apenas al 10% del PBI, cuando en el resto de América Latina es del 28%, en los países asiáticos del 72%, y en los países desarrollados del 84%. Pero el mayor agravante es que en la banca privada extranjera –no así en la oficial y en la cooperativa- ese crédito está altamente concentrado en las cien primeras empresas. Digamos, además, que el principal captador de préstamos de la banca privada es la petrolera Repsol.
Tal verificación nos lleva a la conclusión de que la concentración se da en tres sentidos: primero, hay concentración del sistema financiero, es decir, cada vez hay menos bancos y más extranjerización; segundo, hay una concentración del crédito pues las cien primeras empresas obtienen aproximadamente el 90% de los prestamos; y tercero, concentración regional porque la Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires tienen el 61% de los depósitos y el 62% de los préstamos. Si tomamos a esos dos conglomerados, más a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, al resto del país solo le queda el 16% de los préstamos y el 15% de los depósitos.
El hecho de que siga vigente la Ley de Entidades Financieras –concluye Alfredo García- significa que la actividad financiera sigue siendo vista como una actividad mercantil más. Y lo que nosotros decimos –advierte- es que esta concepción debe cambiar y entenderse a la actividad financiera como un servicio público. Toda la población debería tener acceso a una cuenta bancaria, y a tener en cercanía una entidad bancaria adonde realizar operaciones financieras.
Agreguemos otra cuestión fundamental:
para aprovechar las divisas de nuestras exportaciones hay que tener control de cambios o alguna medida más eficaz de regulación. Porque las divisas deben considerarse un bien social sujeto a una planificación que coloque a la Argentina en el camino del verdadero desarrollo. Sin el manejo orientador del poder financiero, no hay desarrollo independiente posible. Ya lo había señalado Arturo Jauretche.
En síntesis, ¿qué hacer para impulsar una política nacional en materia de finanzas y canalizar el ahorro hacia una Argentina con una justa distribución de los ingresos? Lo primero es dictar una nueva Ley de Entidades Financieras anulando la que rige desde la dictadura, después revisar la Carta Orgánica del BCRA, que también fue hecha en la dictadura de acuerdo a los pedidos del FMI para una economía neoliberal, y junto a esas modificaciones fortalecer la banca oficial y darle una orientación con sentido nacional.

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