Por Arturo M. Lozza
Mientras el “gatillo fácil” continúa asesinando niños, legisladores han dado media sanción a un proyecto de ley que baja a 14 años la edad de la imputabilidad. Así, bajo el manto del miedo, se intenta una vez más victimizar a las víctimas.
Cuando a Elías Neuman, el más renombrado jurista penal del país, se le preguntó qué opinaba acerca de bajar la edad de imputabilidad a los menores que delinquen, respondió tajante:
“Todo esto tiene tufillo de venganza, no de justicia. Ningún criminólogo del país va a decir que, si las penas son mas duras, la delincuencia va a disminuir. Lo que hace que la delincuencia disminuya son medidas sociopolíticas, como el pleno empleo”.
El tufo a venganza, obviamente, es el que se desprende de una sociedad dominante, de mentalidad pacata, que se niega a ver más allá de sus narices las causas de la delincuencia juvenil, que irradia miedos a borbotones y exige más y más represión. Es la venganza de los que viven en la burbuja de un sistema tan caduco pero, para ellos, tan intocable. No es, pues, la venganza de los inocentes sino la de los culpables que, además, tienen sus representantes en el Congreso, lugar donde se dio media sanción en el Senado a un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De aprobarse, se mandará a las escuelas de la delincuencia –las prisiones- a nuevos contingentes de purretes cada vez más jóvenes. Todo en nombre de la “seguridad”.
“Hablamos de inseguridad social y la hay y es terrible –nos dice Elías Neuman- pero es la inseguridad social de la clase media y alta. La de la clase de abajo también habría que analizarla y esa también se tendría que llamar inseguridad social, ya que cuando decimos hambre, estado de subnutrición, falta de trabajo, todo eso también significa inseguridad”.
Y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, increpa: ¿Por qué no hablamos de la inseguridad de los niños y adolescentes? Porque, en la realidad, los jóvenes en la pobreza son el blanco preferido de los represores con uniforme Veamos:
El informe, el décimo cuarto elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, indica que en los primeros diez meses de 2009 se registraron 269 muertes y que “policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2.826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta hoy”. El 51% cayó víctima del “gatillo fácil” y el 33% murió en cárcel, comisaría o bajo custodia.
En la madrugada del 17 de junio último, en el asentamiento Alto de Bariloche –el más humilde barrio de la zona- un cabo de la Comisaría 28 asesinó a Diego Alexandre Bonefoi: el balazo del “gatillo fácil” le atravesó la cabeza. El estallido de indignación de la población fue reprimido con similar saña y hubo más muertes y heridos. La venganza se cobraba así más víctimas, quizás las que superan el número de 3.000.
Pero si tenemos que hablar de la inseguridad de los jóvenes pobres debemos agregar otros datos:
-Hay cientos de chicos secuestrados, violados, desaparecidos y los culpables en su mayoría se encuentran en libertad con impunidad.
-Hay 20.000 menores al año que mueren anualmente por complicaciones derivadas de la desnutrición.
-Había 19.579 niños, niñas y jóvenes de hasta 21 años de edad privados de libertad en todo el país en 2006, pero la cifra total real sería entre 25 y 40% mayor, según reconoció Victoria Martínez, directora nacional de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos. La mayor parte de estos Institutos de encierro o internación distan de ser los ideales para una reeducación e inclusión social de los chicos.
-Hay todavía millones de chicos que se crían en la pobreza y marginalidad, que no cubren necesidades básicas y viven en precariedad, chicos que por ser hijos de desocupados –en dos, tres o cuatro generaciones- desconocen la cultura del trabajo.
-Hay trabajo infantil ilegal, explotación, en las urbes y en el campo. La mendicidad la vemos a diario: recolección de residuos en la vía pública (cirujeo); venta ambulante; reparto de estampitas en medios de transporte; venta de productos o flores en bares y restaurantes; acompañantes de adultos que venden o mendigan en transportes o en la calle; el realizado en empresas; microempresas o subsidiariamente en grandes empresas; el trabajo doméstico en hogares de terceros o en el propio en ausencia del los padres en forma habitual; la explotación sexual con fines comerciales, la pornografía y el turismo sexual; tráfico de drogas; servicios a automovilistas en la vía pública (limpia vidrios, abre puertas, malabaristas, etc.); lustrabotas…
De estas cosas no hablan los campeones de la “seguridad”, su discurso es otro, el de elevar la edad de la imputabilidad o el de la purificación por plomo. Un ejemplo de ese vocabulario: el 17 de mayo, el Tribunal Criminal nº 1 de Bahía Blanca anunció la absolución del policía que asesinó a un joven. Su defensor, un abogado muy caro, lanzó todo el odio de las clases altas en su grito de victoria: "Si no era absuelto, las ochenta tribus urbanas que aguardaban un fallo condenatorio hubieran tenido piedra libre para asolar, más aún de lo que ya lo están haciendo, a la ciudad. La Policía está harta de ser convocada para detener a quienes los jueces de Garantías, que actúan con total impunidad, luego no tienen empacho en poner en libertad para que vuelvan a delinquir".
Sin embargo, este discurso represor irracional esconde una verdad: detrás de la delincuencia juvenil existe un sistema de reclutamiento de menores para el financiamiento ilegal de la policía. Y para que esa delincuencia le sea rentable a la caja policial, la “Justicia” debe hacer la vista gorda cuando el contubernio se denuncia.
Un estudio de la Asociación Judicial Bonaerense señala que en el departamento judicial de La Plata, al menos veintiséis Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en la que se constata hostigamiento policial a menores y se denuncia su reclutamiento para delinquir en zonas liberadas, 19 de ellas están empantanadas.
Si bien los delitos juveniles existen –agrega la investigación-, la promoción del miedo social para endurecer las leyes o ganar discrecionalidad policial, también. Contrariamente a la construcción mediática y a su representación inducida en el imaginario colectivo, las ultimas estadísticas de la Procuración de la Corte de la provincia de Buenos Aires sugieren que la participación juvenil en el delito dista de ser significativa respecto de las cifras globales: de los 337.977 delitos denunciados en el primer semestre de 2009, solo 13.728 (4%) fueron cometidos por menores de edad. De esos 13.728 delitos, la mayoría son robos a la propiedad, y solo 141 son homicidios, es decir un 1.02% de los delitos denunciados contra menores. Además, no son los chicos los que están detrás de los desarmaderos, ni de ninguna red de narcotráfico, ni detrás de los grupos económicos que se enriquecen a costa del hambre que es un crimen. Es posible que sí lo estén, en cambio, muchos de los poderosos que impulsan el proyecto en cuestión.
El 18 de mayo un amplio espectro de organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y políticas, entre ellas la CTA, junto a cientos de niños y jóvenes, realizaron una audiencia pública en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación en rechazo al articulado del proyecto de ley que establece la baja de la edad de imputabilidad para adolescentes y que posee la aprobación del Senado de la Nación. En dicha audiencia se fundamentó la negativa a la baja de imputabilidad, porque –se sostuvo- “la gran mayoría de los niños, adolescentes o jóvenes que comete un delito poseen historias de vidas marcadas por la vulneración de sus derechos. Por lo tanto, nos parece hipócrita reconocer rápidamente a un pibe como victimario, y al mismo tiempo, desconocer la responsabilidad de una sociedad que lo victimiza”.
El documento añade algo que es fundamental: “Sabemos que la única respuesta real es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza”. El proyecto va en dirección opuesta, es más de lo mismo a la hora de criminalizar la pobreza y judicializar a esa juventud a la que la sociedad le ha cerrado las puertas de la inclusión.
“Esos pibes son los que hoy muchas veces no tienen esperanza, no tienen proyecto de vida y a esos pibes es a los que hoy se los quiere penalizar”, sostuvo la dirigente de la CTA bonaerense y diputada nacional Inés Farina. En esta concepción represora, lamentablemente, está embarcada la gestión del gobernador Daniel Scioli.
Precisamente, el último informe del Observatorio de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ha expresado “la gran preocupación por el elevado número de denuncias en la provincia de Buenos Aires (120 registradas entre 2007 y 2009) por delitos contra menores cometidos por la policía y otras fuerzas del orden”. Y en esa dirección ejemplifica con el caso de desaparición forzada del niño Luciano Arruga durante su detención policial en enero de 2009, e interroga el por qué la investigación de las denuncias no se puso en marcha con prontitud.
Por esta senda, por la de elevar aquellas medidas que fortalecen la impunidad de un aparato represivo todavía en buena medida con orientación autoritaria, coimera, corrupta y conservadora, lo único que se logra es consolidar una modelo de sociedad orientada contra la pobreza y sus protestas. Esto va a contramano de medidas positivas, por ejemplo, la asignación universal para los pibes de bajos recursos que permitió que este año se eleve la matrícula escolar en un 25%.
Es justamente porque en la provincia de Buenos Aires se va a contramano, un amplio abanico de personalidades y organizaciones sociales, entre ellas la CTA, se presentó públicamente en La Plata en junio último para dar a conocer el “Acuerdo para la Seguridad Democrática”, y plantear “otro paradigma para pensar la seguridad”. Un paradigma que contemple la democratización de las fuerzas de seguridad, el rechazo a los discursos de mano dura, la implementación de políticas que no criminalicen la pobreza y frenar las modificaciones legislativas orientadas a criminalizar la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niños en situación de riesgo, impulsando en su lugar iniciativas orientadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población
Mientras el “gatillo fácil” continúa asesinando niños, legisladores han dado media sanción a un proyecto de ley que baja a 14 años la edad de la imputabilidad. Así, bajo el manto del miedo, se intenta una vez más victimizar a las víctimas.
Cuando a Elías Neuman, el más renombrado jurista penal del país, se le preguntó qué opinaba acerca de bajar la edad de imputabilidad a los menores que delinquen, respondió tajante:
“Todo esto tiene tufillo de venganza, no de justicia. Ningún criminólogo del país va a decir que, si las penas son mas duras, la delincuencia va a disminuir. Lo que hace que la delincuencia disminuya son medidas sociopolíticas, como el pleno empleo”.
El tufo a venganza, obviamente, es el que se desprende de una sociedad dominante, de mentalidad pacata, que se niega a ver más allá de sus narices las causas de la delincuencia juvenil, que irradia miedos a borbotones y exige más y más represión. Es la venganza de los que viven en la burbuja de un sistema tan caduco pero, para ellos, tan intocable. No es, pues, la venganza de los inocentes sino la de los culpables que, además, tienen sus representantes en el Congreso, lugar donde se dio media sanción en el Senado a un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De aprobarse, se mandará a las escuelas de la delincuencia –las prisiones- a nuevos contingentes de purretes cada vez más jóvenes. Todo en nombre de la “seguridad”.
“Hablamos de inseguridad social y la hay y es terrible –nos dice Elías Neuman- pero es la inseguridad social de la clase media y alta. La de la clase de abajo también habría que analizarla y esa también se tendría que llamar inseguridad social, ya que cuando decimos hambre, estado de subnutrición, falta de trabajo, todo eso también significa inseguridad”.
Y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, increpa: ¿Por qué no hablamos de la inseguridad de los niños y adolescentes? Porque, en la realidad, los jóvenes en la pobreza son el blanco preferido de los represores con uniforme Veamos:
El informe, el décimo cuarto elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, indica que en los primeros diez meses de 2009 se registraron 269 muertes y que “policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2.826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta hoy”. El 51% cayó víctima del “gatillo fácil” y el 33% murió en cárcel, comisaría o bajo custodia.
En la madrugada del 17 de junio último, en el asentamiento Alto de Bariloche –el más humilde barrio de la zona- un cabo de la Comisaría 28 asesinó a Diego Alexandre Bonefoi: el balazo del “gatillo fácil” le atravesó la cabeza. El estallido de indignación de la población fue reprimido con similar saña y hubo más muertes y heridos. La venganza se cobraba así más víctimas, quizás las que superan el número de 3.000.
Pero si tenemos que hablar de la inseguridad de los jóvenes pobres debemos agregar otros datos:
-Hay cientos de chicos secuestrados, violados, desaparecidos y los culpables en su mayoría se encuentran en libertad con impunidad.
-Hay 20.000 menores al año que mueren anualmente por complicaciones derivadas de la desnutrición.
-Había 19.579 niños, niñas y jóvenes de hasta 21 años de edad privados de libertad en todo el país en 2006, pero la cifra total real sería entre 25 y 40% mayor, según reconoció Victoria Martínez, directora nacional de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos. La mayor parte de estos Institutos de encierro o internación distan de ser los ideales para una reeducación e inclusión social de los chicos.
-Hay todavía millones de chicos que se crían en la pobreza y marginalidad, que no cubren necesidades básicas y viven en precariedad, chicos que por ser hijos de desocupados –en dos, tres o cuatro generaciones- desconocen la cultura del trabajo.
-Hay trabajo infantil ilegal, explotación, en las urbes y en el campo. La mendicidad la vemos a diario: recolección de residuos en la vía pública (cirujeo); venta ambulante; reparto de estampitas en medios de transporte; venta de productos o flores en bares y restaurantes; acompañantes de adultos que venden o mendigan en transportes o en la calle; el realizado en empresas; microempresas o subsidiariamente en grandes empresas; el trabajo doméstico en hogares de terceros o en el propio en ausencia del los padres en forma habitual; la explotación sexual con fines comerciales, la pornografía y el turismo sexual; tráfico de drogas; servicios a automovilistas en la vía pública (limpia vidrios, abre puertas, malabaristas, etc.); lustrabotas…
De estas cosas no hablan los campeones de la “seguridad”, su discurso es otro, el de elevar la edad de la imputabilidad o el de la purificación por plomo. Un ejemplo de ese vocabulario: el 17 de mayo, el Tribunal Criminal nº 1 de Bahía Blanca anunció la absolución del policía que asesinó a un joven. Su defensor, un abogado muy caro, lanzó todo el odio de las clases altas en su grito de victoria: "Si no era absuelto, las ochenta tribus urbanas que aguardaban un fallo condenatorio hubieran tenido piedra libre para asolar, más aún de lo que ya lo están haciendo, a la ciudad. La Policía está harta de ser convocada para detener a quienes los jueces de Garantías, que actúan con total impunidad, luego no tienen empacho en poner en libertad para que vuelvan a delinquir".
Sin embargo, este discurso represor irracional esconde una verdad: detrás de la delincuencia juvenil existe un sistema de reclutamiento de menores para el financiamiento ilegal de la policía. Y para que esa delincuencia le sea rentable a la caja policial, la “Justicia” debe hacer la vista gorda cuando el contubernio se denuncia.
Un estudio de la Asociación Judicial Bonaerense señala que en el departamento judicial de La Plata, al menos veintiséis Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en la que se constata hostigamiento policial a menores y se denuncia su reclutamiento para delinquir en zonas liberadas, 19 de ellas están empantanadas.
Si bien los delitos juveniles existen –agrega la investigación-, la promoción del miedo social para endurecer las leyes o ganar discrecionalidad policial, también. Contrariamente a la construcción mediática y a su representación inducida en el imaginario colectivo, las ultimas estadísticas de la Procuración de la Corte de la provincia de Buenos Aires sugieren que la participación juvenil en el delito dista de ser significativa respecto de las cifras globales: de los 337.977 delitos denunciados en el primer semestre de 2009, solo 13.728 (4%) fueron cometidos por menores de edad. De esos 13.728 delitos, la mayoría son robos a la propiedad, y solo 141 son homicidios, es decir un 1.02% de los delitos denunciados contra menores. Además, no son los chicos los que están detrás de los desarmaderos, ni de ninguna red de narcotráfico, ni detrás de los grupos económicos que se enriquecen a costa del hambre que es un crimen. Es posible que sí lo estén, en cambio, muchos de los poderosos que impulsan el proyecto en cuestión.
El 18 de mayo un amplio espectro de organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y políticas, entre ellas la CTA, junto a cientos de niños y jóvenes, realizaron una audiencia pública en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación en rechazo al articulado del proyecto de ley que establece la baja de la edad de imputabilidad para adolescentes y que posee la aprobación del Senado de la Nación. En dicha audiencia se fundamentó la negativa a la baja de imputabilidad, porque –se sostuvo- “la gran mayoría de los niños, adolescentes o jóvenes que comete un delito poseen historias de vidas marcadas por la vulneración de sus derechos. Por lo tanto, nos parece hipócrita reconocer rápidamente a un pibe como victimario, y al mismo tiempo, desconocer la responsabilidad de una sociedad que lo victimiza”.
El documento añade algo que es fundamental: “Sabemos que la única respuesta real es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza”. El proyecto va en dirección opuesta, es más de lo mismo a la hora de criminalizar la pobreza y judicializar a esa juventud a la que la sociedad le ha cerrado las puertas de la inclusión.
“Esos pibes son los que hoy muchas veces no tienen esperanza, no tienen proyecto de vida y a esos pibes es a los que hoy se los quiere penalizar”, sostuvo la dirigente de la CTA bonaerense y diputada nacional Inés Farina. En esta concepción represora, lamentablemente, está embarcada la gestión del gobernador Daniel Scioli.
Precisamente, el último informe del Observatorio de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ha expresado “la gran preocupación por el elevado número de denuncias en la provincia de Buenos Aires (120 registradas entre 2007 y 2009) por delitos contra menores cometidos por la policía y otras fuerzas del orden”. Y en esa dirección ejemplifica con el caso de desaparición forzada del niño Luciano Arruga durante su detención policial en enero de 2009, e interroga el por qué la investigación de las denuncias no se puso en marcha con prontitud.
Por esta senda, por la de elevar aquellas medidas que fortalecen la impunidad de un aparato represivo todavía en buena medida con orientación autoritaria, coimera, corrupta y conservadora, lo único que se logra es consolidar una modelo de sociedad orientada contra la pobreza y sus protestas. Esto va a contramano de medidas positivas, por ejemplo, la asignación universal para los pibes de bajos recursos que permitió que este año se eleve la matrícula escolar en un 25%.
Es justamente porque en la provincia de Buenos Aires se va a contramano, un amplio abanico de personalidades y organizaciones sociales, entre ellas la CTA, se presentó públicamente en La Plata en junio último para dar a conocer el “Acuerdo para la Seguridad Democrática”, y plantear “otro paradigma para pensar la seguridad”. Un paradigma que contemple la democratización de las fuerzas de seguridad, el rechazo a los discursos de mano dura, la implementación de políticas que no criminalicen la pobreza y frenar las modificaciones legislativas orientadas a criminalizar la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niños en situación de riesgo, impulsando en su lugar iniciativas orientadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población
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