Por estos dias la derecha afila las garras. Los que vivimos los setenta no quisiéramos más violencia. Nos queda la mística, los sueños de un país libre, el romanticismo de pensar en una patria liberada de colmillos vampirescos, propios y ajenos.. Aún creemos que se puede en paz, con justicia, con el gobierno plantándose ante los Magnetto, la ezquizoide Lilita, los asesinos que encubrieron y entregaron a los hijos de madres detenidas y fusiladas sin piedad apenas paridas. Queremos millones de firmas para obligar al Congreso a tratar la Ley de Entidades Financieras, proyecto de Carlos Heller. Queremos un gobierno que se ocupe del sector ambiental y que no permita que se venda un centímetro más de tierra a ningún gringo. No quisiéramos, al menos yo, no quiero años de sangre y fuego. Pero si quiero desprenderme de tanta lacra oligarca, enfermitos de poder, enfermitos de soja, enfermitos de liberar impuestos para sus arcas, enfermitos de tantos males que huelen igual que el volcán semi apagado Stromboli en Sicilia: a azufre. Porque asi están, todos creemos que están inactivos y un día te vomitan lava y te hacen mierda los sueños. Y por favor, basta de pelotudeces y divisiones "..los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afura..." (Te banco Fierrito) Marta MoralesPD: eso si, que no entren traidores, coimeros, arribistas, mal paridos, explotadores, destructores de proyectos para la libertad de expresión y sobre todo para la expresión de los marginales, en fin, yo no quiero hijos de puta cerca.
Buscando recordar el 22 de agosto de 1972 encontré estas líneas en un viejo periódico de Bolívar. Qué loco, no? Bolívar, los pagos de Tinelli... sin palabras.La nota está buena y vale la pena leerla.
El día que la "patria" parió el Terrorismo de Estado"
Alejandro Ulla, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Pedro Bonet, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Susana Lesgart, Carlos Astudillo y Alfredo Khon no son nombres cualquiera. No son un grupo más de personas. Son las primeras víctimas del terrorismo de Estado, las víctimas inaugurales de una modalidad que luego se replicaría hasta el hartazgo, cada vez más cruenta, cada vez más siniestra.Los dieciséis eran integrantes de las distintas organizaciones civiles armadas -de izquierda y peronistas- que operaban en territorio argentino en 1972: el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo; las FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Montoneros. Junto a otros tres compañeros más fueron los infaustos protagonistas de la conocida 'Masacre de Trelew', perpetrada el 22 de agosto de aquel año en la base aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar fueron los únicos sobrevivientes de los fusilamientos de aquella madrugada. Su militancia en las FAR (los dos primeros) y Montoneros (el último) signaría su destino años después: Camps desapareció en 1977, Berger en 1979 y Haidar en 1982.La tarde del 15 de agosto se había iniciado un masivo intento de fuga de la cárcel de Rawson, ciudad capital de Chubut. 110 reclusos, miembros de las organizaciones armadas (ERP, FAR y Montoneros), pensaban escaparse y refugiarse en Chile. Pero sólo seis de ellos lograron el propósito.Mario Roberto Santucho, líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores, uno de los planificadores y jefes del 'operativo'; Marcos Osatinsky, de las FAR, el otro ideólogo; Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, integrantes del denominado 'comité de fuga', fueron los únicos que pudieron huir. Fueron trasladados hacia el aeropuerto de Trelew en un automóvil Ford Falcon que los esperaba, donde abordaron una aeronave comercial BAC 1-11 de la empresa Austral, previamente secuestrada por un comando guerrillero de apoyo, cuyos integrantes viajaban como pasajeros.Los demás vehículos de transporte que debían esperar al resto de los fugados no se hicieron presentes en la puerta de la cárcel debido a una confusa interpretación de las señales preestablecidas. Un segundo grupo de diecinueve evadidos (los nombrados anteriormente) logró igualmente arribar por sus propios medios en tres taxis al aeropuerto, pero llegaron tarde, cuando ya la aeronave despegaba rumbo al país trasandino, gobernado entonces por el socialista Salvador Allende.Frustrado el plan, estos diecinueve guerrilleros -tras ofrecer una conferencia de prensa donde hicieron pública la situación- depusieron sus armas sin oponer resistencia ante los efectivos militares de la Armada que mantenían rodeada la zona. Al hacerlo solicitaron y recibieron -la promesa de- públicas garantías para sus vidas, lo hicieron en presencia de periodistas y autoridades judiciales.Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la base aeronaval Almirante Zar, condujo a los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte colectivo hacia dicha dependencia militar. El pedido había sido que los trasladaran de regreso a la cárcel de Rawson, pero el capitán Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión era transitorio ya que dentro del penal continuaba el motín y no estaban dadas las condiciones de seguridad.El contingente de diecinueve prisioneros fue acompañado, como garantes, por el juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de LU17 y el abogado Mario Abel Amaya, los cuáles no pudieron ingresar con ellos, arribados al lugar de detención.Desde el 16 hasta la madrugada del 22 de agosto, los prisioneros fueron sometidos a diferentes malos tratos con el objetivo de hacerlos confesar (cuerpo a tierra, sostener el cuerpo con los dedos apoyados sobre la pared, órdenes militares de echarse a tierra y levantarse, todo esto sin ropas, entre otros). Pasadas las tres de la mañana de ese último día, los despertaron sorpresivamente y los sacaron de sus celdas. Los formaron y obligaron a mirar el piso, práctica ésta que nunca habían implementado en los días anteriores. Mientras así estaban, fueron ametrallados por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo. La mayoría, de acuerdo a testimonios de los tres sobrevivientes, murieron en el acto; otros fueron rematados en el piso.Esa misma noche, en un clima de absoluta hermeticidad y gran tensión, se habían reunido en la Casa de Gobierno los miembros de la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, colaboradores y ministros. Y no se había brindado ninguna información al respecto a los periodistas que aguardaban noticias. Esto hizo suponer después que los fusilamientos habían devenido tras una orden del gobierno militar de la autoproclamada Revolución Argentina, y no que las muertes de los guerrilleros habían sido consecuencia de un enfrentamiento luego de un nuevo intento de fuga, tal la versión oficial que se dio de los hechos.En líneas generales, la explicación del gobierno mencionaba que al realizar el jefe de turno (capitán Luis Sosa) una recorrida de control en el alojamiento de los presos, mientras éstos se encontraban en un pasillo, fue atacado por la espalda por Mariano Pujadas, quien habría logrado sustraerle su pistola ametralladora. Escudándose en el oficial los presos intentaron evadirse, pero el marino logró liberarse y fue atacado a tiros, resultando herido. En tal circunstancia -y siempre según los dichos oficiales- la guardia contestó el fuego contra los reclusos y se inició el tiroteo con los resultados conocidos: de los diecinueve reclusos, dieciséis fallecieron y tres resultaron heridos de gravedad.Oh casualidad, la misma noche del 22 el gobierno sancionó la ley 19.797 que prohibía toda difusión de informaciones sobre organizaciones guerrilleras. Ya habían evadido las respuestas a los requerimientos periodísticos cuando de los interrogó luego de conocido el episodio. Por supuesto que esta versión 'no fue comprada' por toda la sociedad argentina y en los días sucesivos hubo manifestaciones en las principales ciudades del país. También se colocaron numerosas bombas en dependencias oficiales como protesta por la matanza.
