Medicinas hasta para los sanos, siempre que paguen.
Dolorosas aspirinas
Por Arturo M. Lozza
En Argentina las trasnacionales de los medicamentos imponen cláusulas de dependencia. La Red de Laboratorios Públicos puede ser una poderosa herramienta para ponerle límites.
Los medicamentos son tan antiguos como la aparición misma del hombre, En un principio fueron elementos naturales surgidos de la naturaleza, pero en 1897 un tal Félix Hoffman, fabricante de tinturas de la casa de productos químicos Bayer, en Alemania, modificó una sustancia proveniente de la corteza del sauce y creó el ácido acetil salicílico. Así asomó el primer medicamento industrial vendido bajo una forma de especialidad farmacéutica y fue comercializado bajo el nombre de aspirina.
Un siglo después, más de 100 000 fármacos compiten en el mercado mundial y la Industria farmacéutica, con ventas en el mundo que sobrepasan los 380 billones (si, billones) de dólares anuales, es hoy la actividad más lucrativa del planeta, la que más creció en los últimos treinta años, y la segunda en cuanto a movimiento de recursos financieros.
En efecto, el primer lugar lo ocupa la industria de la muerte –la de guerra- que, según la revista Fortune, gasta un millón de dólares cada 30 segundos, y le sigue la industria farmacéutica con un millón de dólares cada 83 segundos.
Estamos hablando de una de las industrias más concentradas: solo 20 multinacionales –con Pfizer a la cabeza- son dueñas de gran número de patentes y comercializan las dos terceras partes de todas las especialidades medicinales que circulan por el mundo.
Pero como la prioridad de estas multinacionales es maximizar la ganancia y no el derecho universal a la salud, últimamente llegaron a la conclusión de que centrarse en los enfermos ya no es tan rentable. Por eso, la nueva estrategia es medicar también a las personas sanas. Mediquemos al que sea, es la consigna.
Sobre esta base se ha desatado el más fabuloso boom publicitario sobre los supuestos beneficios en nuestra calidad de vida de algunas vitaminas u otros fármacos.
Suelen venderse ilusiones: los antioxidantes dan vitalidad, rejuvenecen; determinadas fibras –colocadas generalmente en los yogurs- regularizan el trabajo intestinal y otras provocan milagrosos estilizamientos corporales. Parece ser que todo se arregla con la ingesta de un medicamento. Y si una medicina que cura gravísimas enfermedades sociales en países pobres no puede ser vendida, entonces ese mismo fármaco lo publicitan como útil para otras cosas. Por ejemplo, la Eflornitina destinada a la curación del denominado “mal del sueño” que mata a 150.000 africanos al año, como no puede ser adquirida al precio que propone la multinacional, es ofrecido por Squibb bajo el nombre de Vaniga en crema, para el “tratamiento” del vello facial femenino.
Y mientras la voluminosa campaña publicitaria nos castiga minuto a minuto, un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos esenciales, y la mayoría de los pueblos en el Tercer Mundo muere de enfermedades (como la malaria, el dengue y las derivadas de la desnutrición) cuyos tratamientos no tienen relación con los medicamentos más vendidos en el mundo y donde los gobiernos no pueden asumir el gasto en medicamentos que requieren sus pueblos.
Las multinacionales utilizan el patentamiento de medicamentos como instrumentos de la dependencia, a través de ese mecanismo cobran royalties, condicionan y hacen más dificultoso el acceso de los fármacos al segmento menos pudiente de la población.
El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando recientemente estuvo en nuestro país, afirmó que el sistema de patentes de medicamentos impone altos precios a países en desarrollo –como la Argentina– y aumenta la brecha con los ricos.
"Las compañías farmacéuticas -agregó- gastan más plata en marketing y publicidad que la que gastan en investigación, porque el retorno por acrecentar el monopolio es mayor que el retorno que tiene la innovación".
Pero como la estrategia es medicar también al sano, el monopolio farmacéutico "gasta más dinero en investigación para drogas de estilo de vida, como por ejemplo para que te crezca el pelo, que en remedios para salvar la vida".
¿Que ocurre aquí?
Las 75 empresas que representan el núcleo de la industria farmacéutica instalada en el país, según datos oficiales, facturaron 7.597,1 millones de pesos durante el año pasado, lo que significó un aumento del 20,2% respecto de 2006 (a precios mayoristas y sin sumar el IVA).
Como en la mayor parte del planeta, los productos con mas salida fueron los recetados para el sistema nervioso, digestivos y cardiovasculares que responden a las necesidades de salud de los países ricos.
Argentina, también en materia de fármacos, es un país dependiente de la gran industria privada, especialmente la multinacional. Y aunque esta industria acordó con el gobierno nacional limitar los aumentos de precios, los laboratorios dispusieron alzas superiores a las pactadas y, que se sepa, la maniobra quedó en la impunidad.
En cuanto a la declaración de la emergencia sanitaria nacional en marzo de 2002 que dio paso a la implementación de una política nacional de medicamentos, sustentada en la prescripción por nombre genérico, tampoco liberó a la Argentina de la incidencia multinacional ya que constituyó un rescate para la industria de medicamentos frente a la caída abrupta del consumo.
Esa emergencia –sostuvo el doctor Luis Trombetta, de Tribuna de la Salud-, estuvo dirigida a recomponer las ganancias de los industriales, otorgándoles la posibilidad de introducir en el mercado local una segunda línea de los mismos medicamentos con un precio diferencial, conservando el segmento de precios más altos para los sectores de mayores ingresos, recuperando las ventas en los amplios sectores medios y bajos profundamente golpeados por la pobreza y el desempleo.
En conjunto –agregó-, recompuso a las empresas transnacionales y a las industrias locales, preservando en todos los casos la propiedad de la patente del producto farmacéutico.
Gran parte de los medicamentos esenciales podrían ser elaborados por los alrededor de cuarenta laboratorios públicos que aun quedan luego de la violenta ofensiva neoliberal que empezó por restringir al máximo el trabajo de años del Instituto Malbrán. Pero eso no sucede, salvo excepciones.
Recientemente se han dado pasos positivos, pero insuficientes, creando una Red de Laboratorios Públicos (ver recuadro), pero se apela a ellos en una medida mínima porque, entre otros motivos, existen cláusulas con el Banco Mundial que obligan al Estado a adquirir fármacos solo a la industria privada.
El gobierno, por ejemplo, cuenta con su Plan Remediar, de entrega gratuita de medicinas esenciales a un amplio espectro de la población. Los laboratorios públicos, sin embargo, suministran una cantidad mínima de ellos. ¿Por qué?, se le preguntó a Jorge Rachid de Laboratorios Puntanos, uno de los establecimientos del sector estatal. Porque hasta ahora –respondió- el Plan Remediar dispuso de "350 millones de pesos al año para medicamentos, pero el sistema de producción pública nunca tuvo acceso a ese presupuesto porque lo impiden las disposiciones del Banco Mundial".
Se encarga al laboratorio público aquello que no ofertan los privados. Esta es la realidad. Por eso, la producción estatal de medicamentos es indivisible de una política que enfrente los intereses de las industrias de especialidades medicinales nacionales y extranjeras, desconozca las protecciones establecidas por las leyes de patentes, y desate la dependencia de las imposiciones de los organismos financieros internacionales. Eso sería una manera de “Volver a Carrillo”.
Volver a Carrillo
El neurocirujano y sanitarista Ramón Carrillo fue ministro de Salud del gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955). Desarrolló un sistema de salud que combinó la atención primaria en salas descentralizadas con centros hospitalarios de alta complejidad que abarcó más de 8.000 establecimientos en toda la Argentina. Fue Carrillo quien en 1950 creó Emesta, primera fábrica nacional de medicamentos.
Hoy existen más de cuarenta laboratorios en la esfera municipal, provincial y nacional. Son instrumentos esenciales para una política liberadora en materia de fármacos y para que ellos sean accesibles a toda la población. Quizás haya sido por eso que lo primero que hizo Mauricio Macri al asumir, fue cerrar uno de los laboratorios que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este año, por primera vez en Argentina se puso en marcha una Red Nacional de Laboratorios Públicos que, bajo la coordinación del INTI, articulará el trabajo de 21 de ellos. Ellos son: Laboratorio de las fuerzas armadas, ANLIS-Malbran, Instituto Biológico de La Plata, Unidad Productora de Medicamentos - Facultad de Ciencias Exactas -UNLP, Laboratorio ELMETEC – UTN, Laboratorio del Hospital Municipal de Olavaria, Laboratorio Municipal de Bragado, Laboratorio de Especialidades Medicinales Hurlingham, Laboratorio de Medicamentos Genéricos Pampeano de la Municipalidad de Gral. Pico (La Pampa), el LEM SE de Rosario, Laboratorio Hemoderivados - Universidad Nacional de Córdoba, Laboratorio de Análisis Farmacéutico de la Unidad CEPROCOR de la Agencia Córdoba Ciencia S.E., Laboratorio Farmacia Municipal de Córdoba, Laboratorio Municipal Río Cuarto, el MSP de La Rioja, Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos – Univ. de San Luis, Laboratorio Provincial de Mendoza, el Laboratorio Productor de Medicamentos de Río Negro-PROZOME, Laboratorio Central de Salud Pública - MSP – Chaco, LAFORMED S.A. y el Laboratorio de Especialidades Medicinales del Ministerio de Salud Pública de Misiones (LEMis).
Los citamos a todos porque se trata de verdaderos sobrevivientes de la era neoliberal que debemos preservar e impulsar. Coordinados entre ellos y con los restantes, serían una poderosa fuerza productiva dentro de una política de salud al servicio del pueblo, fabricaría medidaentos a bajo costo y serían una barrera a las imposiciones del monopolio.
Pero solo siete de estos laboratorios cuentan con la certificación de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica), necesaria para una producción de alcance nacional y mundial de calidad registrada.
Colocar a todos los laboratorios públicos bajo las condiciones de ANMAT es una decisión política que el Estado debe pues se requiere inversión, un item propio en el Presupuesto Nacional y una ley que arrase con todas las imposiciones de las multinacionales en materia de fármacos, entre ellas, las limitaciones y negociados del patentamiento.
Red de Laboratorios del Estado
Cómo debería operar
La Red de Laboratorios municipales, provinciales, nacionales y de las universidades podrían convertirse en instrumentos fundamentales para romper con las imposiciones de las multinacionales. Para que eso sea así se hace necesario colocar a todos esos laboratorios bajo las reglas del Anmat y establecer una política de Estado.
Claudio Capuano –coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Buenos Aires y uno de los referentes de la Red Nacional de Laboratorios Públicos– sostuvo que “contar con sólo siete u ocho laboratorios con autorización de la Anmat es insuficiente”, y explicó: “el concepto es el trabajo en red: supongamos que en el sur del país se presenta una alta incidencia de neumonía y los antibióticos adecuados se elaboran en otra parte del país: es necesaria la certificación Anmat para que los medicamentos puedan ser trasladados”.
“Además –dijo Capuano–, supongamos que a un laboratorio, por ejemplo el de Rosario, le encargan millones de unidades de un medicamento para el Plan Remediar: el laboratorio está en condiciones de hacerlo, pero para eso tiene que postergar su producción habitual, destinada a su propia región: tiene que funcionar una red con autorización Anmat para que otro laboratorio pueda proveer esos medicamentos.”
Para el referente de la Red, “el programa debería establecerse por ley nacional; es lo único que permitiría garantizar su continuidad más allá del ministro de turno; y, por ley, debería contar con presupuesto propio. Ya el solo hecho de poner a los laboratorios públicos en condiciones Anmat cuesta dinero, no mucho, pero cuesta”, advirtió Capuano, y sostuvo que “en contrapartida, los laboratorios públicos pueden bajar sensiblemente los gastos en medicamentos, porque sus costos son mucho más bajos que los de la empresa privada”.
Para tener una idea de los montos que se manejan –informó el catedrático- pensemos que las compras de medicamentos por el Estado llegan a los mil millones de dólares por año, tomando los presupuestos nacional, provinciales, municipales y el PAMI.
En tal sentido, subrayó Capuano: “Debemos sacar al medicamento del rol de bien de mercado, y reemplazarlo por el concepto de bien social, a fin de lograr que la población tenga acceso a la salud”,
Por su parte, Martín Isturiz –del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, que impulsa el desarrollo de los laboratorios públicos– destacó que, “además de defender la soberanía en el área de medicamentos, los laboratorios deben plantearse, no sólo como productores, sino como unidades de investigación y docencia, con el soporte del INTI; de este modo –agregó-, su desarrollo implicaría expandir el sistema de ciencia y técnica para retener los recursos humanos que hoy todavía se dilapidan, por la emigración de profesionales”.
martes, 20 de julio de 2010
40 aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara
40 aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara
No dejemos al Che en el monumento
Por Arturo M. Lozza
No es mito, no es dios volatilizado y estampado en remeras. El Che es hoy y es lucha de ideas, es rebeldía, es liberación, militancia, unidad y dignidad.
Se llamaba Rosa Molina, era indígena toba, vivía en Fontana, Chaco, tenía 56 años y pesaba 24 kilos. Murió desnutrida hace pocos días y ahora ocupa el lugar número quince entre los indígenas fallecidos por la misma causa en los últimos dos meses en esa provincia. Si nos internáramos en El Impenetrable, o en los aislados recintos de la marginación, veríamos que la cifra de muertos desnutridos es mucho mayor, pero esto es lo que dice la encuesta.
Cuando a Rosa Molina la llevaban a la catedral de Resistencia con sus 24 kilos como forma de denunciar tamaño crimen de desigualdad social, las multinacionales de la exportación agrícola accionaban sus computadoras y comprobaban una vez más que las ganancias por las cosechas de soja, maíz, trigo y girasol, entre otros, posibilitarían millonarias cifras de ganancias. No era para menos y –escribía entusiasmado “Clarín”- “había que aprovechar el momento”.
El momento era que los precios internacionales estaban en alza y que acumulaban para la comercialización nada menos que 87,8 millones de toneladas de granos.
Sin embargo, muy alejado del momento que calculaban Nidera, Cargill, Monsanto, Dreyfus y el Grupo Uquía, había otro momento, el que marca la vida y la muerte, el que por desnutrida se llevó a Rosa y se lleva a miles por año. Uno y otro tiempo no coinciden, sin embargo deberían accionar coordinadamente: los tiempos de cosecha récord tendrían que servir para alargar los tiempos de la vida y evitar que la muerte se lleve por desnutrición a las Rosas.
Pero no es esa la realidad. Nunca en la historia de los argentinos la desigualdad ha sido tan abismal como en las épocas del neoliberalismo.
Por eso, entonces, no dejemos al Che en el monumento.
Para que haya cosechas récords, los grandes capitales arrasaron con la naturaleza, desalojaron a 100.000 chacareros, expulsaron de los montes a miles de habitantes originarios y aniquilaron flora y fauna con agrotóxicos. Las ganancias que deparan esas cosechas quedan en su mayor parte en manos multinacionales y terminan en las arcas del imperialismo. No hay distribución de las riquezas entre el pueblo. Nos siguen robando y aniquilando tierras.
Por eso, entonces, no dejemos al Che en el monumento.
Hay denuncias que dicen que mueren cien chicos por día con enfermedades derivadas de la desnutrición. Puede que haya más y puede que haya algo menos. Pero el dato es igualmente atroz para cualquier país, máxime en nuestro caso donde las cosechas alcanzan para alimentar a 300 millones de personas durante un año.
Pero de esto no hay suficiente conciencia, los medios masivos de comunicación están al servicio del poder político y económico. No ayudan a despejar, adormilan, estupidizan, tergiversan, ocultan. Frente a esto, sin embargo, todavía no pudimos desplegar una estrategia eficaz de la comunicación del campo popular.
Por eso, entonces, no dejemos al Che en el monumento. Porque el Che llamaba a multiplicar los medios para comunicar la verdad.
El Che no es mito, no es dios volatilizado o convertido en figura de remera. El Che es encarnadura, tiene que ser rebeldía de hoy, no solo la de ayer, debe ser lucha de ideas, comunicación revolucionaria, militancia, ruptura de rutinas, mística. No solo recordación. Por eso, no lo dejemos en el monumento.
El nos llamó hace tanto tiempo a la unidad. Pero vivimos más fragmentados que antes. ¿No será hora de enterrar mezquindades, egolatrías, pequeñeces miserables, y emprender el camino de la unidad como nos lo pidió el Che en su mensaje a los argentinos?
“Hagamos como el Che”, dice la frase en boca y en pancartas de miles de jóvenes. Hagamos como el Che, entonces, y no lo dejemos en el monumento. El Che es ahora y siempre. Para que nunca más muertos por desnutrición, para que nunca más robados y entregados al imperialismo, por la tierra madre sin agrotóxicos, por la soberanía y la dignidad
No dejemos al Che en el monumento
Por Arturo M. Lozza
No es mito, no es dios volatilizado y estampado en remeras. El Che es hoy y es lucha de ideas, es rebeldía, es liberación, militancia, unidad y dignidad.
Se llamaba Rosa Molina, era indígena toba, vivía en Fontana, Chaco, tenía 56 años y pesaba 24 kilos. Murió desnutrida hace pocos días y ahora ocupa el lugar número quince entre los indígenas fallecidos por la misma causa en los últimos dos meses en esa provincia. Si nos internáramos en El Impenetrable, o en los aislados recintos de la marginación, veríamos que la cifra de muertos desnutridos es mucho mayor, pero esto es lo que dice la encuesta.
Cuando a Rosa Molina la llevaban a la catedral de Resistencia con sus 24 kilos como forma de denunciar tamaño crimen de desigualdad social, las multinacionales de la exportación agrícola accionaban sus computadoras y comprobaban una vez más que las ganancias por las cosechas de soja, maíz, trigo y girasol, entre otros, posibilitarían millonarias cifras de ganancias. No era para menos y –escribía entusiasmado “Clarín”- “había que aprovechar el momento”.
El momento era que los precios internacionales estaban en alza y que acumulaban para la comercialización nada menos que 87,8 millones de toneladas de granos.
Sin embargo, muy alejado del momento que calculaban Nidera, Cargill, Monsanto, Dreyfus y el Grupo Uquía, había otro momento, el que marca la vida y la muerte, el que por desnutrida se llevó a Rosa y se lleva a miles por año. Uno y otro tiempo no coinciden, sin embargo deberían accionar coordinadamente: los tiempos de cosecha récord tendrían que servir para alargar los tiempos de la vida y evitar que la muerte se lleve por desnutrición a las Rosas.
Pero no es esa la realidad. Nunca en la historia de los argentinos la desigualdad ha sido tan abismal como en las épocas del neoliberalismo.
Por eso, entonces, no dejemos al Che en el monumento.
Para que haya cosechas récords, los grandes capitales arrasaron con la naturaleza, desalojaron a 100.000 chacareros, expulsaron de los montes a miles de habitantes originarios y aniquilaron flora y fauna con agrotóxicos. Las ganancias que deparan esas cosechas quedan en su mayor parte en manos multinacionales y terminan en las arcas del imperialismo. No hay distribución de las riquezas entre el pueblo. Nos siguen robando y aniquilando tierras.
Por eso, entonces, no dejemos al Che en el monumento.
Hay denuncias que dicen que mueren cien chicos por día con enfermedades derivadas de la desnutrición. Puede que haya más y puede que haya algo menos. Pero el dato es igualmente atroz para cualquier país, máxime en nuestro caso donde las cosechas alcanzan para alimentar a 300 millones de personas durante un año.
Pero de esto no hay suficiente conciencia, los medios masivos de comunicación están al servicio del poder político y económico. No ayudan a despejar, adormilan, estupidizan, tergiversan, ocultan. Frente a esto, sin embargo, todavía no pudimos desplegar una estrategia eficaz de la comunicación del campo popular.
Por eso, entonces, no dejemos al Che en el monumento. Porque el Che llamaba a multiplicar los medios para comunicar la verdad.
El Che no es mito, no es dios volatilizado o convertido en figura de remera. El Che es encarnadura, tiene que ser rebeldía de hoy, no solo la de ayer, debe ser lucha de ideas, comunicación revolucionaria, militancia, ruptura de rutinas, mística. No solo recordación. Por eso, no lo dejemos en el monumento.
El nos llamó hace tanto tiempo a la unidad. Pero vivimos más fragmentados que antes. ¿No será hora de enterrar mezquindades, egolatrías, pequeñeces miserables, y emprender el camino de la unidad como nos lo pidió el Che en su mensaje a los argentinos?
“Hagamos como el Che”, dice la frase en boca y en pancartas de miles de jóvenes. Hagamos como el Che, entonces, y no lo dejemos en el monumento. El Che es ahora y siempre. Para que nunca más muertos por desnutrición, para que nunca más robados y entregados al imperialismo, por la tierra madre sin agrotóxicos, por la soberanía y la dignidad
Hidrocarburos
Hidrocarburos
LA ENERGIA QUE NOS QUITAN
Por Arturo M. Lozza
Solo ocho trasnacionales controlan el 90% de la producción de petróleo y gas. Hace veinte años que a los argentinos nos quitaron el manejo de un segmento que es estratégico.
Se cumplen veinte años de la desregulación de la actividad hidrocarburífera, veinte años desde aquellas épocas en que fue desmembrada YPF y entregada impunemente al capital privado en uno de los actos de mayor criminalidad económica sobre la soberanía nacional y el bolsillo de los argentinos.
Las voces que reclaman hoy el retorno al modelo estatal se multiplican, pero no han tenido éxito hasta ahora: continúa vigente aquella maldita política pese a que veinte años han mostrado de sobra que su aplicación ha sido un éxito para el monop0olio privado, aunque un terrible mazazo para la economía del pueblo.
Hablar de petróleo, de gas, de energía, es hablar de política, de soberanía y de un segmento estratégico en el desarrollo independiente de un país. Es asunto neurálgico, es poder.
Si no se maneja la energía que todo lo mueve y lo alumbra, el poder lo tiene otro, no el pueblo. Así son las cosas.
Sin embargo, mientras por un lado el gobierno adopta en otros campos determinadas medidas que refuerzan el concepto de soberanía, en esta materia, y en la minería, parece aferrado al viejo chip que grabó el neoliberalismo según el cual el tema hidrocarburos es tratado como si todo se limitara a un producto “commodity” del mercado que deja suculentas ganancias.
Siendo ésta la idea dominante, el resultante es que, en lugar de tenerse el control estatal en el manejo de esos bienes para una estrategia de desarrollo económico y social independiente, se ha elegido el camino del monetarismo que también marcan las academias del neoliberalismo: asociarse con los monopolios privados en el reparto de las ganancias del “commodity” a través de las retenciones a la exportación. Es una asociación sin justicia, porque la mayor parte de las ganancias se las llevan las trasnacionales mientras el Estado se ha fijado la obligación de subsidiar a las empresas para que no eleven tarifas o para que emprendan trabajos de exploración y explotación.
Por supuesto, tomadas las cosas con criterios de “mercado”, lo único válido en los balances es la cifra que incide en el PBI y el monto que va al Tesoro por impuestos a la exportación.
Pero la realidad indica que esta política es un poco de pan y dependencia para el presente, y hambre para el futuro, porque nuestra riqueza natural no renovable, como son petróleo y gas, está siendo vaciada y mientras tanto, más allá de las retenciones, no alimenta ningún plan estratégico que motorice al conjunto de la labor productiva. Argentina extrae petróleo, todavía se autoabastece, pero las compañías privadas exploran poco y nada. No es actividad que les dé réditos inmediatos. El acento lo ponen en extraer de los yacimientos ya descubiertos hasta terminarlos.
Al ser los hidrocarburos un “commodity”, los precios internos de los combustibles se ajustan hacia arriba al nivel de los precios internacionales, se convierten así en factor ineludible de inflación y castiga al conjunto de la población. Si los precios son más bajos en Argentina que en algunos otros países, ello se debe a que el Estado subsidia para “compensar” lo que dejan de ganar Repsol y demás consorcios. Son compensaciones, en definitiva, que salen de los bolsillos de los argentinos y que bien podrían servir para fines que verdaderamente hagan a una justa distribución de los ingresos, en lugar de ir al bolsillo de los monopolios.
Son productos de esta política equívoca las idas y vueltas en la cuestión de los tarifazos. Hoy estamos recibiendo las boletas de gas con un inmenso sello cruzado que nos dice que esa factura está subsidiada por el Estado Nacional. Es decir, el Estado, además de haber perdido el control de sus hidrocarburos, engrosa el negocio a las empresas cuando, en realidad, los contratos de concesión las obligan a realizar ellas esas inversiones.
Ese incumplimiento sería motivo de cancelación de contratos. Pero ese paso no se da.
Mientras tanto, las concesionarias Repsol YPF, Pan American Energy (Bridas y British Petroleum), Total, Tecpetrol, Vintage Oil, Petrobrás, Chevron y Sipetrol, en conjunto, controlan el 90 % de la producción de gas y petróleo, y siguen fijando libremente sus precios, o reclamando compensaciones.
Por su lado, los generadores eléctricos, en gran parte vinculados a las sociedades petroleras, consiguieron la sanción, vía decreto, del funcionamiento del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) donde la última unidad ofertada, es decir, la más cara, levanta el precio de las más baratas a ese nivel; esas sobreutilidades debían ser destinadas a inversiones, cosa que no sucedió, por lo que hoy carecemos de la generación necesaria y no existen planes privados para subsanar tal situación, que se ha hecho más crítica año tras año.
Hoy estamos padeciendo una grave crisis de desinversión, pues las empresas privadas no quieren correr riesgo y lo que les interesa es maximizar sus utilidades inmediatas. Consecuentemente, día a día aparecen las dificultades para los argentinos: no hay gasoil porque no alcanzan ni la declinante producción de petróleo, ni la producción de las refinerías locales, que son las misma de 1988; se exporta gas y se le elevan las tarifas al usuario para financiar su compra en el exterior; llegan los subsidios a las trasnacionales porque no hay decisión política de acabar con esa entrega del patrimonio nacional, etc..
Un estudio realizado en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet (que llevan las firmas de Ricardo Ortiz y Martin Schorr) nos muestran que la política de privilegiar el concepto de commodity y de mercado llevó a la Argentina a una drástica caída en la evolución de las reservas de hidrocarburos, que hasta el 2005 siguieron una curva opuesta a la de su producción y exportación. Por ejemplo, si a principios de los ´90 la estimación de las reservas de gas alcanzaba para 25 años, a mediados de esta década las reservas comprobadas se redujeron para cubrir solo 9 años.
Está caída se relaciona directamente con la disminución de la actividad exploratoria (en manos privadas), ya que mientras en los años ´70 y ´80 el promedio anual de pozos exploratorios oscilo en alrededor de 140; entre 1993 y 1999 disminuyó a 105, y entre 2000 y 2005 cayó a solo 39.
Frente a esta realidad grave, el gobierno decidió “incentivar” la exploración y extracción de las trasnacionales y puso en vigencia la Ley 26.154 en octubre de 2006 estableciendo beneficios impositivos y la eliminación de tasas de importación, con un carácter similar al régimen minero existente desde 1993, que es una vergüenza.
Vemos, entonces, que contrariamente a lo hecho en otros países latinoamericanos, en Argentina la política respecto a los hidrocarburos no experimentó cambios sustanciales. De continuarse por esta senda, cualquier promesa de justicia en la distribución de las riquezas es una mera expresión de deseos.
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Perdedores y ganadores
Desde que hace veinte años se entregaron los hidrocarburos a las multinacionales, millones de argentinos no han salido de su nivel de pobreza, pero las petroleras lograron ganancias impresionantes en Argentina y el mundo.
La revista Fortune (20/7/09) publicó, como lo hace anualmente, la lista de las primeras 500 empresas globales según sus ingresos.
Entre las diez multinacionales que más ingresos tuvieron en el ejercicio 2008, siete son petroleras, la mayoría de ellas con concesiones en nuestro país. Las dos últimas, dijeron haber tenido pérdidas por alrededor de 18.000 millones de dólares entre ambas. Pero las cinco primeras anunciaron ganancias por un monto conjunto de 116.585 millones de dólares. Ellas son:
1) Royal Dutch Shell (petrolera anglo-holandesa): ingresos 458.361 millones de dólares. Ganancias, 26. 277 millones de dólares.
2) Exxon Mobil (petrolera de Estados Unidos): 442.851 millones de dólares. Ganancias, 45.220 millones de dólares.
3) BP (petrolera británica): 367. 530 mdd. Ganancias, 21.157 mdd.
4) Chevron (petrolera estadunidense): 263.159 mdd. Ganancias, 23.931 mdd.
5) Total (petrolera francesa): 234.674 mdd. Ganancias, 15.500 mdd.
6) ConocoPhillips (petrolera de Estados Unidos): 230.764 mdd (pérdidas por 16.998 mdd).
7) ING Group (Holanda): 226.577 mdd (pérdidas por 1.067 mdd).
LA ENERGIA QUE NOS QUITAN
Por Arturo M. Lozza
Solo ocho trasnacionales controlan el 90% de la producción de petróleo y gas. Hace veinte años que a los argentinos nos quitaron el manejo de un segmento que es estratégico.
Se cumplen veinte años de la desregulación de la actividad hidrocarburífera, veinte años desde aquellas épocas en que fue desmembrada YPF y entregada impunemente al capital privado en uno de los actos de mayor criminalidad económica sobre la soberanía nacional y el bolsillo de los argentinos.
Las voces que reclaman hoy el retorno al modelo estatal se multiplican, pero no han tenido éxito hasta ahora: continúa vigente aquella maldita política pese a que veinte años han mostrado de sobra que su aplicación ha sido un éxito para el monop0olio privado, aunque un terrible mazazo para la economía del pueblo.
Hablar de petróleo, de gas, de energía, es hablar de política, de soberanía y de un segmento estratégico en el desarrollo independiente de un país. Es asunto neurálgico, es poder.
Si no se maneja la energía que todo lo mueve y lo alumbra, el poder lo tiene otro, no el pueblo. Así son las cosas.
Sin embargo, mientras por un lado el gobierno adopta en otros campos determinadas medidas que refuerzan el concepto de soberanía, en esta materia, y en la minería, parece aferrado al viejo chip que grabó el neoliberalismo según el cual el tema hidrocarburos es tratado como si todo se limitara a un producto “commodity” del mercado que deja suculentas ganancias.
Siendo ésta la idea dominante, el resultante es que, en lugar de tenerse el control estatal en el manejo de esos bienes para una estrategia de desarrollo económico y social independiente, se ha elegido el camino del monetarismo que también marcan las academias del neoliberalismo: asociarse con los monopolios privados en el reparto de las ganancias del “commodity” a través de las retenciones a la exportación. Es una asociación sin justicia, porque la mayor parte de las ganancias se las llevan las trasnacionales mientras el Estado se ha fijado la obligación de subsidiar a las empresas para que no eleven tarifas o para que emprendan trabajos de exploración y explotación.
Por supuesto, tomadas las cosas con criterios de “mercado”, lo único válido en los balances es la cifra que incide en el PBI y el monto que va al Tesoro por impuestos a la exportación.
Pero la realidad indica que esta política es un poco de pan y dependencia para el presente, y hambre para el futuro, porque nuestra riqueza natural no renovable, como son petróleo y gas, está siendo vaciada y mientras tanto, más allá de las retenciones, no alimenta ningún plan estratégico que motorice al conjunto de la labor productiva. Argentina extrae petróleo, todavía se autoabastece, pero las compañías privadas exploran poco y nada. No es actividad que les dé réditos inmediatos. El acento lo ponen en extraer de los yacimientos ya descubiertos hasta terminarlos.
Al ser los hidrocarburos un “commodity”, los precios internos de los combustibles se ajustan hacia arriba al nivel de los precios internacionales, se convierten así en factor ineludible de inflación y castiga al conjunto de la población. Si los precios son más bajos en Argentina que en algunos otros países, ello se debe a que el Estado subsidia para “compensar” lo que dejan de ganar Repsol y demás consorcios. Son compensaciones, en definitiva, que salen de los bolsillos de los argentinos y que bien podrían servir para fines que verdaderamente hagan a una justa distribución de los ingresos, en lugar de ir al bolsillo de los monopolios.
Son productos de esta política equívoca las idas y vueltas en la cuestión de los tarifazos. Hoy estamos recibiendo las boletas de gas con un inmenso sello cruzado que nos dice que esa factura está subsidiada por el Estado Nacional. Es decir, el Estado, además de haber perdido el control de sus hidrocarburos, engrosa el negocio a las empresas cuando, en realidad, los contratos de concesión las obligan a realizar ellas esas inversiones.
Ese incumplimiento sería motivo de cancelación de contratos. Pero ese paso no se da.
Mientras tanto, las concesionarias Repsol YPF, Pan American Energy (Bridas y British Petroleum), Total, Tecpetrol, Vintage Oil, Petrobrás, Chevron y Sipetrol, en conjunto, controlan el 90 % de la producción de gas y petróleo, y siguen fijando libremente sus precios, o reclamando compensaciones.
Por su lado, los generadores eléctricos, en gran parte vinculados a las sociedades petroleras, consiguieron la sanción, vía decreto, del funcionamiento del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) donde la última unidad ofertada, es decir, la más cara, levanta el precio de las más baratas a ese nivel; esas sobreutilidades debían ser destinadas a inversiones, cosa que no sucedió, por lo que hoy carecemos de la generación necesaria y no existen planes privados para subsanar tal situación, que se ha hecho más crítica año tras año.
Hoy estamos padeciendo una grave crisis de desinversión, pues las empresas privadas no quieren correr riesgo y lo que les interesa es maximizar sus utilidades inmediatas. Consecuentemente, día a día aparecen las dificultades para los argentinos: no hay gasoil porque no alcanzan ni la declinante producción de petróleo, ni la producción de las refinerías locales, que son las misma de 1988; se exporta gas y se le elevan las tarifas al usuario para financiar su compra en el exterior; llegan los subsidios a las trasnacionales porque no hay decisión política de acabar con esa entrega del patrimonio nacional, etc..
Un estudio realizado en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet (que llevan las firmas de Ricardo Ortiz y Martin Schorr) nos muestran que la política de privilegiar el concepto de commodity y de mercado llevó a la Argentina a una drástica caída en la evolución de las reservas de hidrocarburos, que hasta el 2005 siguieron una curva opuesta a la de su producción y exportación. Por ejemplo, si a principios de los ´90 la estimación de las reservas de gas alcanzaba para 25 años, a mediados de esta década las reservas comprobadas se redujeron para cubrir solo 9 años.
Está caída se relaciona directamente con la disminución de la actividad exploratoria (en manos privadas), ya que mientras en los años ´70 y ´80 el promedio anual de pozos exploratorios oscilo en alrededor de 140; entre 1993 y 1999 disminuyó a 105, y entre 2000 y 2005 cayó a solo 39.
Frente a esta realidad grave, el gobierno decidió “incentivar” la exploración y extracción de las trasnacionales y puso en vigencia la Ley 26.154 en octubre de 2006 estableciendo beneficios impositivos y la eliminación de tasas de importación, con un carácter similar al régimen minero existente desde 1993, que es una vergüenza.
Vemos, entonces, que contrariamente a lo hecho en otros países latinoamericanos, en Argentina la política respecto a los hidrocarburos no experimentó cambios sustanciales. De continuarse por esta senda, cualquier promesa de justicia en la distribución de las riquezas es una mera expresión de deseos.
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Perdedores y ganadores
Desde que hace veinte años se entregaron los hidrocarburos a las multinacionales, millones de argentinos no han salido de su nivel de pobreza, pero las petroleras lograron ganancias impresionantes en Argentina y el mundo.
La revista Fortune (20/7/09) publicó, como lo hace anualmente, la lista de las primeras 500 empresas globales según sus ingresos.
Entre las diez multinacionales que más ingresos tuvieron en el ejercicio 2008, siete son petroleras, la mayoría de ellas con concesiones en nuestro país. Las dos últimas, dijeron haber tenido pérdidas por alrededor de 18.000 millones de dólares entre ambas. Pero las cinco primeras anunciaron ganancias por un monto conjunto de 116.585 millones de dólares. Ellas son:
1) Royal Dutch Shell (petrolera anglo-holandesa): ingresos 458.361 millones de dólares. Ganancias, 26. 277 millones de dólares.
2) Exxon Mobil (petrolera de Estados Unidos): 442.851 millones de dólares. Ganancias, 45.220 millones de dólares.
3) BP (petrolera británica): 367. 530 mdd. Ganancias, 21.157 mdd.
4) Chevron (petrolera estadunidense): 263.159 mdd. Ganancias, 23.931 mdd.
5) Total (petrolera francesa): 234.674 mdd. Ganancias, 15.500 mdd.
6) ConocoPhillips (petrolera de Estados Unidos): 230.764 mdd (pérdidas por 16.998 mdd).
7) ING Group (Holanda): 226.577 mdd (pérdidas por 1.067 mdd).
Cuenca Matanza-Riachuelo
Cuenca Matanza-Riachuelo
El cementerio de las aguas muertas
Cuenca del río Matanza-Riachuelo, sitio contaminado donde, en un paisaje saturado de tóxicos y bacterias, se cimentaron grandes fortunas y mayúsculas miserias.
Por Arturo M. Lozza
Son más de 2.200 kilómetros cuadrados de suelos por donde la Cuenca del río Matanza-Riachuelo tiene extendidos sus pestilentes cauces de aguas muertas, negras cerca de la desembocadura en el Río de La Plata, marrones hacia el este en sus sesenta kilómetros de extensión por la provincia de Buenos Aires. Muy lentamente se desplazan hacia La Boca del Riachuelo portadoras siempre de tóxicos, líquidos de cientos de miles de cloacas, de metales, hidrocarburos y pesticidas que la convierten casi en un récord: es la tercera cuenca más contaminada del mundo.
Allí está, nos larga su hedor cuando cruzamos sus tantos puentes y desparrama portadores de muerte a los cinco millones que habitan en su territorio, el más densamente poblado de la Argentina.
Porque no solo están muertas y contaminadas sus aguas superficiales, también lo están el suelo y las napas de aguas subterráneas.
Sobre esas tierras, además del sur de la Ciudad de Buenos Aires, están los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente, el 55% de cuyos habitantes no poseen sistema cloacal y el 35%, ni siquiera tiene acceso al agua potable.
¿A cuantos habitantes ha contagiado entonces de muerte este cementerio? Miles mueren por día, pero no tenemos estadísticas acerca de cuántos son los que terminaron sus días por haber sido atrapados por alguna de las tantas bacterias y tóxicos mortales que emanan de la Cuenca.
Historia sucia
Estamos haciendo referencias a una zona por demás significativa en la historia de los argentinos, lugar donde se fueron tejiendo las abismales desigualdades sociales.
Como desde la colonia fue sitio de embarque y desembarque, allí se fueron consolidando las grandes fortunas, de la aristocracia ganadera primero, de una parte de la industria después.
Fue el punto de arranque de las fortunas y, al mismo tiempo, el punto donde se arrojaban los desechos que absorbía la Cuenca y alrededor de la cual fueron creciendo las primeras poblaciones.
Con la llegada de los colonos españoles, fue el lugar de las vaquerías. Por el 1.600 había ya grandes matanzas de ganado cimarrón y se exportaban a España y sus colonias 500.000 cueros anuales. Luego llegó el período de las estancias, saladeros y curtiembres. Hacia fines del siglo XVIII ya se exportaban un millón de cueros por año y en 1799 se construía el primer embarcadero sobre el Riachuelo, cuyas aguas ya estaban teñidas de rojo por tanta sangre animal derramada.
Se faenaba hacienda gorda, caballos y ovejas que iban llegando desde el interior argentino para ser utilizados únicamente para extraer el cebo, los cueros y luego ser convertidos en charqui para alimentar esclavos en Brasil y colonias españolas. Todos los desechos quedaban expuestos sobre las tierras o eran arrojados a la Cuenca.
Guillermo Hudson en “Allá lejos y hace tiempo” escribió unas magníficas descripciones de aquellos paisajes sucios “más atroces que los pintados en el infierno de Dante”. Las tropas de cien o mil cabezas –narraba- “moviéndose dentro de una nube de polvo, en medio del estrépito de mugidos, balido0s y furiosos gritos de los troperos” iban rumbo a la muerte. El olor que emanaba por las matanzas –añadía- “era el peor que se haya conocido jamás en la tierra”.
Se mataba el ganado pero también iban matando a las aguas del Riachuelo por donde flotaban vísceras y pululaban las ratas.
Llegó después el tiempo en que sobre los saladeros se fueron irguiendo los frigoríficos. Partían por la Boca del Riachuelo las exportaciones y empezaron a entrar y radicarse los inmigrantes. Sobre tierras contaminadas se levantaron los barrios y en ellos los conventillos. Fue paralelamente territorio de huelgas, de manifestaciones y mártires obreros.
Se instalaron otras industrias y la Cuenca, que fue quedando sin peces, comenzó a ser también el basural de metales, de hidrocarburos y plaguicidas. Sus aguas entraron entonces en el período de la agonía y las crecidas excepcionales de los años 1884, 1900 y 1911 dejaron las marcas de una tragedia en los asentamientos ribereños.
Llegarían las migraciones internas para trabajar en las industrias. Sus obreros iniciaron el período de las villas, de los nuevos barrios y del conurbano. Hoy son más de veinte las villas que están instaladas en la Cuenca, varias de ellas sobre basurales aplastados.
Con el advenimiento de la dictadura genocida y del neoliberalismo, la Cuenca, con su puerto, fue testigo de la más abismal diferencia de clases: por sus muelles partían las riquezas que producían los argentinos y que enriquecían a las multinacionales, y en los suburbios del Matanza-Riachuelo crecía la desocupación, la miseria y la contaminación.
Poco caudal, mucha mierda
Hoy el Matanza-Riachuelo y sus principales afluentes, los arroyos Cañuelas, Chacón y Morales en la provincia de Buenos Aires, y el entubado Cildáñez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen sus cursos de agua totalmente contaminadas. La Cuenca sufrió ensanches, rectificaciones y canalizaciones, pero las aguas siguieron muertas. Hubo falsas promesas, como la de María Julia Alsogaray, que lanzó un “plan” para limpiar el Riachuelo en mil días. Todo fue una farsa y hoy la secretaria de Medio Ambiente del menemato está imputada por malversación de los fondos destinados al saneamiento.
A partir de entonces, el Cementerio de las Aguas Muertas es, además de todo, monumento a la corrupción.
El Matanza-Riachuelo es río de llanura, de suave declive y bajo caudal. Quizás sea más lo que recibe de desechos, que lo que mueve por el desagüe de las lluvias.
Veamos: el río y los arroyos de la Cuenca reciben nada menos que 368.000 metros cúbicos por día de aguas residuales domésticas, casi todos líquidos cloacales crudos ya que solo el 5% tiene un tratamiento previo. Y al mismo tiempo le arrojan otros 88.500 metros cúbicos de desechos industriales por día solamente de un centenar de fábricas.
Las industrias descargan la toxicidad de los metales, los hidrocarburos asfálticos y los aromáticos, los plaguicidas, los arsénicos de la plata, el cobre, y el plomo que se utilizan en los agroquímicos, la industria del vidrio y en los insecticidas.
Los líquidos cloacales son el fermento donde se reproducen una fantástica colección de bacterias cuya actividad consume el poco oxigeno que queda con el paso de los tóxicos metalíferos y los hidrocarburos.
Si el oxígeno es escaso, las aguas no son compatibles con ninguna forma de vida, ni animal ni vegetal.
Los ríos no contaminados, por ejemplo, tienen un nivel de oxígeno entre 8 y 12 mg por litro. Pero en el Matanza-Riachuelo, por la presencia de esa masa gigantesca de bacterias, el nivel de oxígeno es cero. Es decir, lo han convertido en un cementerio, el Cementerio de las Aguas Muertas, símbolo del enriquecimiento histórico de unos pocos y de la pobreza contaminada de millones.
La contaminación ya no está sólo en las aguas y en el suelo, está en las manos, en los juegos, en el aire, en la pelota de fútbol, en los elementos que los purretes se llevan a la boca.
Cada tanto asoma un plan de saneamiento, pero…dejémonos ya de joda con esta cuestión. Hay que hacer, ya.
Recomponer el ambiente y así proteger la salud de millones de habitantes es una demanda que deberá encararse sin más dilaciones. La Corte Suprema pidió se aceleren los pasos en tal sentido. Es cierto que la obra a encarar es múltiple, pero absolutamente realizable si se toman decisiones políticas que impulsen no solo la acción de los instrumentos modernos de saneamiento, sino también una verdadera participación de las poblaciones, una decisión política que movilice a los miles de jóvenes ambientalistas deseosos de dar batalla a la contaminación, que movilice a la clase trabajadora de todas las industrias radicadas en la Cuenca, y que obligue de una vez por todas a las patronales a instalar sistemas de saneamiento en cada empresa.
Lo que hay que hacer es de tan vasta envergadura que la solución será la consecuencia de una verdadera epopeya popular. Porque habrá que resucitar las aguas, darles vida y trasformar el Cementerio en paisaje de salud y soberanía.
El cementerio de las aguas muertas
Cuenca del río Matanza-Riachuelo, sitio contaminado donde, en un paisaje saturado de tóxicos y bacterias, se cimentaron grandes fortunas y mayúsculas miserias.
Por Arturo M. Lozza
Son más de 2.200 kilómetros cuadrados de suelos por donde la Cuenca del río Matanza-Riachuelo tiene extendidos sus pestilentes cauces de aguas muertas, negras cerca de la desembocadura en el Río de La Plata, marrones hacia el este en sus sesenta kilómetros de extensión por la provincia de Buenos Aires. Muy lentamente se desplazan hacia La Boca del Riachuelo portadoras siempre de tóxicos, líquidos de cientos de miles de cloacas, de metales, hidrocarburos y pesticidas que la convierten casi en un récord: es la tercera cuenca más contaminada del mundo.
Allí está, nos larga su hedor cuando cruzamos sus tantos puentes y desparrama portadores de muerte a los cinco millones que habitan en su territorio, el más densamente poblado de la Argentina.
Porque no solo están muertas y contaminadas sus aguas superficiales, también lo están el suelo y las napas de aguas subterráneas.
Sobre esas tierras, además del sur de la Ciudad de Buenos Aires, están los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente, el 55% de cuyos habitantes no poseen sistema cloacal y el 35%, ni siquiera tiene acceso al agua potable.
¿A cuantos habitantes ha contagiado entonces de muerte este cementerio? Miles mueren por día, pero no tenemos estadísticas acerca de cuántos son los que terminaron sus días por haber sido atrapados por alguna de las tantas bacterias y tóxicos mortales que emanan de la Cuenca.
Historia sucia
Estamos haciendo referencias a una zona por demás significativa en la historia de los argentinos, lugar donde se fueron tejiendo las abismales desigualdades sociales.
Como desde la colonia fue sitio de embarque y desembarque, allí se fueron consolidando las grandes fortunas, de la aristocracia ganadera primero, de una parte de la industria después.
Fue el punto de arranque de las fortunas y, al mismo tiempo, el punto donde se arrojaban los desechos que absorbía la Cuenca y alrededor de la cual fueron creciendo las primeras poblaciones.
Con la llegada de los colonos españoles, fue el lugar de las vaquerías. Por el 1.600 había ya grandes matanzas de ganado cimarrón y se exportaban a España y sus colonias 500.000 cueros anuales. Luego llegó el período de las estancias, saladeros y curtiembres. Hacia fines del siglo XVIII ya se exportaban un millón de cueros por año y en 1799 se construía el primer embarcadero sobre el Riachuelo, cuyas aguas ya estaban teñidas de rojo por tanta sangre animal derramada.
Se faenaba hacienda gorda, caballos y ovejas que iban llegando desde el interior argentino para ser utilizados únicamente para extraer el cebo, los cueros y luego ser convertidos en charqui para alimentar esclavos en Brasil y colonias españolas. Todos los desechos quedaban expuestos sobre las tierras o eran arrojados a la Cuenca.
Guillermo Hudson en “Allá lejos y hace tiempo” escribió unas magníficas descripciones de aquellos paisajes sucios “más atroces que los pintados en el infierno de Dante”. Las tropas de cien o mil cabezas –narraba- “moviéndose dentro de una nube de polvo, en medio del estrépito de mugidos, balido0s y furiosos gritos de los troperos” iban rumbo a la muerte. El olor que emanaba por las matanzas –añadía- “era el peor que se haya conocido jamás en la tierra”.
Se mataba el ganado pero también iban matando a las aguas del Riachuelo por donde flotaban vísceras y pululaban las ratas.
Llegó después el tiempo en que sobre los saladeros se fueron irguiendo los frigoríficos. Partían por la Boca del Riachuelo las exportaciones y empezaron a entrar y radicarse los inmigrantes. Sobre tierras contaminadas se levantaron los barrios y en ellos los conventillos. Fue paralelamente territorio de huelgas, de manifestaciones y mártires obreros.
Se instalaron otras industrias y la Cuenca, que fue quedando sin peces, comenzó a ser también el basural de metales, de hidrocarburos y plaguicidas. Sus aguas entraron entonces en el período de la agonía y las crecidas excepcionales de los años 1884, 1900 y 1911 dejaron las marcas de una tragedia en los asentamientos ribereños.
Llegarían las migraciones internas para trabajar en las industrias. Sus obreros iniciaron el período de las villas, de los nuevos barrios y del conurbano. Hoy son más de veinte las villas que están instaladas en la Cuenca, varias de ellas sobre basurales aplastados.
Con el advenimiento de la dictadura genocida y del neoliberalismo, la Cuenca, con su puerto, fue testigo de la más abismal diferencia de clases: por sus muelles partían las riquezas que producían los argentinos y que enriquecían a las multinacionales, y en los suburbios del Matanza-Riachuelo crecía la desocupación, la miseria y la contaminación.
Poco caudal, mucha mierda
Hoy el Matanza-Riachuelo y sus principales afluentes, los arroyos Cañuelas, Chacón y Morales en la provincia de Buenos Aires, y el entubado Cildáñez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen sus cursos de agua totalmente contaminadas. La Cuenca sufrió ensanches, rectificaciones y canalizaciones, pero las aguas siguieron muertas. Hubo falsas promesas, como la de María Julia Alsogaray, que lanzó un “plan” para limpiar el Riachuelo en mil días. Todo fue una farsa y hoy la secretaria de Medio Ambiente del menemato está imputada por malversación de los fondos destinados al saneamiento.
A partir de entonces, el Cementerio de las Aguas Muertas es, además de todo, monumento a la corrupción.
El Matanza-Riachuelo es río de llanura, de suave declive y bajo caudal. Quizás sea más lo que recibe de desechos, que lo que mueve por el desagüe de las lluvias.
Veamos: el río y los arroyos de la Cuenca reciben nada menos que 368.000 metros cúbicos por día de aguas residuales domésticas, casi todos líquidos cloacales crudos ya que solo el 5% tiene un tratamiento previo. Y al mismo tiempo le arrojan otros 88.500 metros cúbicos de desechos industriales por día solamente de un centenar de fábricas.
Las industrias descargan la toxicidad de los metales, los hidrocarburos asfálticos y los aromáticos, los plaguicidas, los arsénicos de la plata, el cobre, y el plomo que se utilizan en los agroquímicos, la industria del vidrio y en los insecticidas.
Los líquidos cloacales son el fermento donde se reproducen una fantástica colección de bacterias cuya actividad consume el poco oxigeno que queda con el paso de los tóxicos metalíferos y los hidrocarburos.
Si el oxígeno es escaso, las aguas no son compatibles con ninguna forma de vida, ni animal ni vegetal.
Los ríos no contaminados, por ejemplo, tienen un nivel de oxígeno entre 8 y 12 mg por litro. Pero en el Matanza-Riachuelo, por la presencia de esa masa gigantesca de bacterias, el nivel de oxígeno es cero. Es decir, lo han convertido en un cementerio, el Cementerio de las Aguas Muertas, símbolo del enriquecimiento histórico de unos pocos y de la pobreza contaminada de millones.
La contaminación ya no está sólo en las aguas y en el suelo, está en las manos, en los juegos, en el aire, en la pelota de fútbol, en los elementos que los purretes se llevan a la boca.
Cada tanto asoma un plan de saneamiento, pero…dejémonos ya de joda con esta cuestión. Hay que hacer, ya.
Recomponer el ambiente y así proteger la salud de millones de habitantes es una demanda que deberá encararse sin más dilaciones. La Corte Suprema pidió se aceleren los pasos en tal sentido. Es cierto que la obra a encarar es múltiple, pero absolutamente realizable si se toman decisiones políticas que impulsen no solo la acción de los instrumentos modernos de saneamiento, sino también una verdadera participación de las poblaciones, una decisión política que movilice a los miles de jóvenes ambientalistas deseosos de dar batalla a la contaminación, que movilice a la clase trabajadora de todas las industrias radicadas en la Cuenca, y que obligue de una vez por todas a las patronales a instalar sistemas de saneamiento en cada empresa.
Lo que hay que hacer es de tan vasta envergadura que la solución será la consecuencia de una verdadera epopeya popular. Porque habrá que resucitar las aguas, darles vida y trasformar el Cementerio en paisaje de salud y soberanía.
Ley de Entidades Financieras
Ley de Entidades Financieras
-Es hora de cambiar el rumbo
Por Arturo M. Lozza
Toda la legislación bancaria que favoreció el saqueo, dictada principalmente por la dictadura genocida y el menemismo, siguen vigentes. Es hora de una nueva movida.
El sistema financiero es fundamental en la reproducción del capital, recibe depósitos, parte de ellos los presta, los que toman estos préstamos lo invierten y el dinero más la renta que produjo vuelve a ser depositado en esa u otra entidad bancaria. Así se da la circulación, la intermediación financiera y la creación de dinero. Pero el capitalismo y uno de sus pilares, la banca trasnacional, utilizaron ese mecanismo como herramienta clave de expansión, lo han convertido en un monstruoso instrumento de dominación global, de corrupción y de vaciamiento de países dependientes. Fueron creados, por esta senda, formidables mecanismos de control e imposición como lo son el FMI y el Banco Mundial, se usaron los instrumentos de la circulación financiera como vehículo de una especulación sin límites, idearon “paraísos fiscales”, generaron enormes redes clandestinas del lavado de dinero, se introdujeron con fuerte peso en los mecanismos del poder político de las naciones, los grandes conglomerados dirigieron sus negocios a las bolsas de valores, al sistema previsional y los seguros, idearon novedosos recursos tecnológicos e impusieron las tarjetas de crédito, y con todos esos resortes fueron captando en mayores volúmenes los ahorros públicos para ponerlos en función de las multinacionales y del dominio de los recursos naturales en numerosos países.
La era actual de neoliberalismo dominante llevó esa expansión a niveles de paroxismo, la banca trasnacional profundizó problemas estructurales como el empobrecimiento, el desempleo y la mayor desigualdad social, emergieron los torrentes de capitales golondrinas que van y vienen especulando con las tasas de interés y provocando anarquías financieras sin precedentes. Y dominando el panorama, asoma el garrote de la deuda externa como elemento de presión política y de sumisión.
Por supuesto, tamaño descontrol capitalista estalló en la actual crisis donde, en respaldo de la gran banca, el Tesoro de los Estados Unidos y de gran parte de los países europeos optaron por derivarles cifras siderales para salvar al sistema. Esta y las anteriores periódicas crisis recayeron casi siempre sobre los trabajadores quienes con mayores grados de explotación pagan los platos que rompían los imperios bancarios.
Esta historia la conocemos bien los argentinos. No existen regulaciones bancarias, no se les cobran impuestos a sus operaciones, y les han dejado el terreno libre de obstáculos. No existe aún una planificación que controle la renta financiera y la coloque en función de un programa productivo y de fomento social. Solo son retoques muy parciales. El enfoque dominante es acumular dólares en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para sostener el valor del dólar y beneficiar las exportaciones. Es decir, predominan criterios monetaristas. Es hora entonces de revertir la situación, de tener horizontes más enfocados a los cambios de fondo, de contar con herramientas eficaces de control de la banca y del comercio exterior. Hay que convertir el sistema bancario en un servicio público, en un instrumento de soberanía, de desarrollo independiente y enfocado hacia la integración de los pueblos. Por eso, después del gran paso dado con la estatización de los fondos jubilatorios, después de la Ley de Medios, y de la reciente aprobación para poner en marcha el Banco del Sur entre los países del UNAsur, el paso siguiente en Argentina tendría que ser la derogación de la legislación de entidades financieras de la dictadura y dictar una nueva ley donde el principal beneficiario del sistema financiero sea el pueblo.
Hagamos historia
Desde las épocas de la independencia, cuando apenas se constituía el Estado, asomó la presencia hegemónica de la banca inglesa en el sistema financiero emergente. El préstamo de la Baring Brothers al gobierno del presidente Bernardino Rivadavia en 1824 ha sido el primer gran antecedente. Del millón de libras esterlinas que totalizaba el empréstito solo llegaron a Buenos Aires 570.000, en su mayoría en letras de cambio y solo una mínima parte en metálico. Como garantía, Rivadavia hipotecó millones de hectáreas de tierras y otros bienes inmuebles públicos. Fue una de los mayores capítulos del fraude perpetuado en la Argentina ya que inicia el nuevo camino de la dependencia económica. El esquema se repetirá en demasía durante otros períodos. Por ejemplo, fue como consecuencia de los endeudamientos que se entrega a la compañía inglesa La Forestal el mayor bosque natural de quebrachos del mundo, ubicado en el chaco santafesino, cuya explotación marcó una de las rebeliones más heroicas en la historia del movimiento obrero.
Los banqueros británicos fueron los que promovieron la creación en 1935 del Banco Central, cuya normativa expresaba el interés de los grandes capitales del imperio en aquellos tiempos. Se vivía la década infame, el general Agustín P. Justo era presidente, su ministro de Economía fue Federico Pinedo –de cuyas entrañas políticas emergería Martínez de Hoz- y el primer titular de la entidad que regiría la política bancaria y monetaria fue Raúl Prebisch, el mismo que años después sería titular de la cartera económica tras el derrocamiento del gobierno de Perón.
El sistema financiero será uno de los sectores claves a la hora de definir la nueva política económica al instalarse la dictadura genocida en 1976. Martínez de Hoz desarma el sistema que había implementado Juán D. Perón años atrás y que se fundamentaba en la centralización de los depósitos y el otorgamiento de préstamos bajo orientación del BCRA, préstamos destinados fundamentalmente para fines productivos predeterminados. Este régimen había colocado en un primer plano la labor de la banca pública. La dictadura arrasó con aquella legislación y, en cambio, dictó normas de desregulación que facilitaron la penetración de las trasnacionales. Instrumento fundamental fue la ley de Entidades Financieras: se acabaron entonces los controles del Estado, nacía la era de la concentración monopólica bancaria y de una desembozada especulación financiera. Sus protagonistas principales fueron las entidades financieras extranjeras.
Argentina, represión mediante, con la complicidad del sindicalismo patronal y con 250 compañeros bancarios desaparecidos, pasó a ser decididamente funcional a la política del gran capital y víctima de la liberalización del movimiento internacional de capitales.
Por eso, cuando Martínez de Hoz se retiró del gobierno militar en 1981, al preguntársele cual había sido su mayor logro, respondió que fue precisamente la ley 21.526 de Entidades Financieras, a la que calificó de “revolucionaria”. Y no era para menos.
Al comienzo de la dictadura había cerca de 800 entidades financieras, bajo el imperio de esa ley, hoy solo quedan 89 bancos. En el camino, fueron destruidos, entre otros, la Caja Nacional de Ahorro Postal y el Banco Nacional de Desarrollo. A impulsos de aquella “patria financiera” fue desmantelado el aparato productivo nacional, se entregaron al capital foráneo los servicios públicos y se impuso el delirio de la “plata dulce”, llegó la famosa “tablita”, el reinado del “plazo fijo”, el “blindaje”, la evasión por parte de la banca trasnacional de unos 20.000 millones de dólares robados de los depósitos de los argentinos, atravesamos el “correalito”, el terremoto financiero… Y aquí estamos. Hoy se anuncia que la banca trasnacional “se ha recuperado”: sus ganancias no tienen techo, los salarios de los trabajadores si.
La privatización que se desplegó durante tres décadas se apoderó también de la mayoría de las bancas oficiales provinciales. Los bancos no solamente se ocuparon del tema financiero sino que con el proceso de concentración se hicieron dueños de empresas. Un banco conforma un conglomerado y presta a sus propias empresas, son los autocreditios.
Pero como con la Ley de Entidades Financieras los que dictan la política son los propios capitales financieros privados, se dan también casos a la inversa: empresas comerciales que utilizan sus fuertes ingresos para hacer negocios financieros. Es el caso de la cadena de supermercados Carrefour, grupo francés que capta diariamente enormes cantidades de dinero a través de sus múltiples bocas de expendio, y los coloca en los tres bancos de su propiedad, el BSF, el Cofidis y el Cetelem. En esencia, se trata de captar la mayor cantidad de circulante de manos del consumidor para impulsar negocios propios. Y de acuerdo a la ley vigente, al Estado le resulta igual que ese ahorro lo capte el Banco de la Nación Argentina, Carrefour o el CityBank.
Créditos para desnacionalizar
El crédito es un multiplicador de la actividad económica, el emprendimiento necesita dinero para obtener medios de producción y fuerza de trabajo. Pero también el crédito ha servido para que las multinacionales se quedaran con nuestro patrimonio. De esto hablamos con Julio Gambina, profesor titular de la cátedra de Economía Política en la Universidad de Rosario, presidente de la filial argentina de ATTAC y director del Centro de Estudios de la FJA. “Ha sido común –nos señala- que durante la privatización de empresas públicas en la década del 90, éstas hayan sido compradas con préstamos internacionales. Es decir, aquellos que se quedaron con nuestros servicios públicos prácticamente no invirtieron capitales propios sino que tomaron préstamos porque la convertibilidad les convenía. Por eso, varias de esas empresas dicen que con la devaluación cambiaron las reglas de juego porque ahora no pueden cambiar un peso por un dólar. Las empresas que se quedaron con nuestras empresas han hecho grandes negocios sobre la base de préstamos internacionales. Ahí se ve el papel de la banca trasnacional para adquirir empresas en la Argentina”.
La salida de la convertibilidad con la denominada “pesificación asimétrica” –nos explica Gambina- fue un subsidio a los grandes deudores del sistema financiero. Uno de ellos fue el grupo Clarín, otro fue Perez Companc. Sus deudas millonarias en dólares las trasformaron en pesos uno a uno.¿Quién pagó ese beneficio? El conjunto de la sociedad argentina, porque para equilibrar la pesificación asimétrica el Estado compensó a los ahorristas con bonos, pero también compensó a los bancos c0n títulos de la deuda pública, con lo cual toda la sociedad argentina, para superar la crisis bancaria del 2001, está hoy financiando a esos grandes beneficiarios de la crisis”.
Alfredo García, director del Centro de Estudios Financieros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y profesor en Ciencias Económicas de la UBA, nos advierte que los préstamos son muy escasos en la Argentina. “Si pensamos que el préstamos es algo así como el aceite para la máquina de producción, vemos que ese nivel de aceite es muy bajo”, señala. Todos los préstamos, personales y a la producción, llegan apenas al 10% del PBI, cuando en el resto de América Latina es del 28%, en los países asiáticos del 72%, y en los países desarrollados del 84%. Pero el mayor agravante es que en la banca privada extranjera –no así en la oficial y en la cooperativa- ese crédito está altamente concentrado en las cien primeras empresas. Digamos, además, que el principal captador de préstamos de la banca privada es la petrolera Repsol.
Tal verificación nos lleva a la conclusión de que la concentración se da en tres sentidos: primero, hay concentración del sistema financiero, es decir, cada vez hay menos bancos y más extranjerización; segundo, hay una concentración del crédito pues las cien primeras empresas obtienen aproximadamente el 90% de los prestamos; y tercero, concentración regional porque la Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires tienen el 61% de los depósitos y el 62% de los préstamos. Si tomamos a esos dos conglomerados, más a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, al resto del país solo le queda el 16% de los préstamos y el 15% de los depósitos.
El hecho de que siga vigente la Ley de Entidades Financieras –concluye Alfredo García- significa que la actividad financiera sigue siendo vista como una actividad mercantil más. Y lo que nosotros decimos –advierte- es que esta concepción debe cambiar y entenderse a la actividad financiera como un servicio público. Toda la población debería tener acceso a una cuenta bancaria, y a tener en cercanía una entidad bancaria adonde realizar operaciones financieras.
Agreguemos otra cuestión fundamental:
para aprovechar las divisas de nuestras exportaciones hay que tener control de cambios o alguna medida más eficaz de regulación. Porque las divisas deben considerarse un bien social sujeto a una planificación que coloque a la Argentina en el camino del verdadero desarrollo. Sin el manejo orientador del poder financiero, no hay desarrollo independiente posible. Ya lo había señalado Arturo Jauretche.
En síntesis, ¿qué hacer para impulsar una política nacional en materia de finanzas y canalizar el ahorro hacia una Argentina con una justa distribución de los ingresos? Lo primero es dictar una nueva Ley de Entidades Financieras anulando la que rige desde la dictadura, después revisar la Carta Orgánica del BCRA, que también fue hecha en la dictadura de acuerdo a los pedidos del FMI para una economía neoliberal, y junto a esas modificaciones fortalecer la banca oficial y darle una orientación con sentido nacional.
-Es hora de cambiar el rumbo
Por Arturo M. Lozza
Toda la legislación bancaria que favoreció el saqueo, dictada principalmente por la dictadura genocida y el menemismo, siguen vigentes. Es hora de una nueva movida.
El sistema financiero es fundamental en la reproducción del capital, recibe depósitos, parte de ellos los presta, los que toman estos préstamos lo invierten y el dinero más la renta que produjo vuelve a ser depositado en esa u otra entidad bancaria. Así se da la circulación, la intermediación financiera y la creación de dinero. Pero el capitalismo y uno de sus pilares, la banca trasnacional, utilizaron ese mecanismo como herramienta clave de expansión, lo han convertido en un monstruoso instrumento de dominación global, de corrupción y de vaciamiento de países dependientes. Fueron creados, por esta senda, formidables mecanismos de control e imposición como lo son el FMI y el Banco Mundial, se usaron los instrumentos de la circulación financiera como vehículo de una especulación sin límites, idearon “paraísos fiscales”, generaron enormes redes clandestinas del lavado de dinero, se introdujeron con fuerte peso en los mecanismos del poder político de las naciones, los grandes conglomerados dirigieron sus negocios a las bolsas de valores, al sistema previsional y los seguros, idearon novedosos recursos tecnológicos e impusieron las tarjetas de crédito, y con todos esos resortes fueron captando en mayores volúmenes los ahorros públicos para ponerlos en función de las multinacionales y del dominio de los recursos naturales en numerosos países.
La era actual de neoliberalismo dominante llevó esa expansión a niveles de paroxismo, la banca trasnacional profundizó problemas estructurales como el empobrecimiento, el desempleo y la mayor desigualdad social, emergieron los torrentes de capitales golondrinas que van y vienen especulando con las tasas de interés y provocando anarquías financieras sin precedentes. Y dominando el panorama, asoma el garrote de la deuda externa como elemento de presión política y de sumisión.
Por supuesto, tamaño descontrol capitalista estalló en la actual crisis donde, en respaldo de la gran banca, el Tesoro de los Estados Unidos y de gran parte de los países europeos optaron por derivarles cifras siderales para salvar al sistema. Esta y las anteriores periódicas crisis recayeron casi siempre sobre los trabajadores quienes con mayores grados de explotación pagan los platos que rompían los imperios bancarios.
Esta historia la conocemos bien los argentinos. No existen regulaciones bancarias, no se les cobran impuestos a sus operaciones, y les han dejado el terreno libre de obstáculos. No existe aún una planificación que controle la renta financiera y la coloque en función de un programa productivo y de fomento social. Solo son retoques muy parciales. El enfoque dominante es acumular dólares en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para sostener el valor del dólar y beneficiar las exportaciones. Es decir, predominan criterios monetaristas. Es hora entonces de revertir la situación, de tener horizontes más enfocados a los cambios de fondo, de contar con herramientas eficaces de control de la banca y del comercio exterior. Hay que convertir el sistema bancario en un servicio público, en un instrumento de soberanía, de desarrollo independiente y enfocado hacia la integración de los pueblos. Por eso, después del gran paso dado con la estatización de los fondos jubilatorios, después de la Ley de Medios, y de la reciente aprobación para poner en marcha el Banco del Sur entre los países del UNAsur, el paso siguiente en Argentina tendría que ser la derogación de la legislación de entidades financieras de la dictadura y dictar una nueva ley donde el principal beneficiario del sistema financiero sea el pueblo.
Hagamos historia
Desde las épocas de la independencia, cuando apenas se constituía el Estado, asomó la presencia hegemónica de la banca inglesa en el sistema financiero emergente. El préstamo de la Baring Brothers al gobierno del presidente Bernardino Rivadavia en 1824 ha sido el primer gran antecedente. Del millón de libras esterlinas que totalizaba el empréstito solo llegaron a Buenos Aires 570.000, en su mayoría en letras de cambio y solo una mínima parte en metálico. Como garantía, Rivadavia hipotecó millones de hectáreas de tierras y otros bienes inmuebles públicos. Fue una de los mayores capítulos del fraude perpetuado en la Argentina ya que inicia el nuevo camino de la dependencia económica. El esquema se repetirá en demasía durante otros períodos. Por ejemplo, fue como consecuencia de los endeudamientos que se entrega a la compañía inglesa La Forestal el mayor bosque natural de quebrachos del mundo, ubicado en el chaco santafesino, cuya explotación marcó una de las rebeliones más heroicas en la historia del movimiento obrero.
Los banqueros británicos fueron los que promovieron la creación en 1935 del Banco Central, cuya normativa expresaba el interés de los grandes capitales del imperio en aquellos tiempos. Se vivía la década infame, el general Agustín P. Justo era presidente, su ministro de Economía fue Federico Pinedo –de cuyas entrañas políticas emergería Martínez de Hoz- y el primer titular de la entidad que regiría la política bancaria y monetaria fue Raúl Prebisch, el mismo que años después sería titular de la cartera económica tras el derrocamiento del gobierno de Perón.
El sistema financiero será uno de los sectores claves a la hora de definir la nueva política económica al instalarse la dictadura genocida en 1976. Martínez de Hoz desarma el sistema que había implementado Juán D. Perón años atrás y que se fundamentaba en la centralización de los depósitos y el otorgamiento de préstamos bajo orientación del BCRA, préstamos destinados fundamentalmente para fines productivos predeterminados. Este régimen había colocado en un primer plano la labor de la banca pública. La dictadura arrasó con aquella legislación y, en cambio, dictó normas de desregulación que facilitaron la penetración de las trasnacionales. Instrumento fundamental fue la ley de Entidades Financieras: se acabaron entonces los controles del Estado, nacía la era de la concentración monopólica bancaria y de una desembozada especulación financiera. Sus protagonistas principales fueron las entidades financieras extranjeras.
Argentina, represión mediante, con la complicidad del sindicalismo patronal y con 250 compañeros bancarios desaparecidos, pasó a ser decididamente funcional a la política del gran capital y víctima de la liberalización del movimiento internacional de capitales.
Por eso, cuando Martínez de Hoz se retiró del gobierno militar en 1981, al preguntársele cual había sido su mayor logro, respondió que fue precisamente la ley 21.526 de Entidades Financieras, a la que calificó de “revolucionaria”. Y no era para menos.
Al comienzo de la dictadura había cerca de 800 entidades financieras, bajo el imperio de esa ley, hoy solo quedan 89 bancos. En el camino, fueron destruidos, entre otros, la Caja Nacional de Ahorro Postal y el Banco Nacional de Desarrollo. A impulsos de aquella “patria financiera” fue desmantelado el aparato productivo nacional, se entregaron al capital foráneo los servicios públicos y se impuso el delirio de la “plata dulce”, llegó la famosa “tablita”, el reinado del “plazo fijo”, el “blindaje”, la evasión por parte de la banca trasnacional de unos 20.000 millones de dólares robados de los depósitos de los argentinos, atravesamos el “correalito”, el terremoto financiero… Y aquí estamos. Hoy se anuncia que la banca trasnacional “se ha recuperado”: sus ganancias no tienen techo, los salarios de los trabajadores si.
La privatización que se desplegó durante tres décadas se apoderó también de la mayoría de las bancas oficiales provinciales. Los bancos no solamente se ocuparon del tema financiero sino que con el proceso de concentración se hicieron dueños de empresas. Un banco conforma un conglomerado y presta a sus propias empresas, son los autocreditios.
Pero como con la Ley de Entidades Financieras los que dictan la política son los propios capitales financieros privados, se dan también casos a la inversa: empresas comerciales que utilizan sus fuertes ingresos para hacer negocios financieros. Es el caso de la cadena de supermercados Carrefour, grupo francés que capta diariamente enormes cantidades de dinero a través de sus múltiples bocas de expendio, y los coloca en los tres bancos de su propiedad, el BSF, el Cofidis y el Cetelem. En esencia, se trata de captar la mayor cantidad de circulante de manos del consumidor para impulsar negocios propios. Y de acuerdo a la ley vigente, al Estado le resulta igual que ese ahorro lo capte el Banco de la Nación Argentina, Carrefour o el CityBank.
Créditos para desnacionalizar
El crédito es un multiplicador de la actividad económica, el emprendimiento necesita dinero para obtener medios de producción y fuerza de trabajo. Pero también el crédito ha servido para que las multinacionales se quedaran con nuestro patrimonio. De esto hablamos con Julio Gambina, profesor titular de la cátedra de Economía Política en la Universidad de Rosario, presidente de la filial argentina de ATTAC y director del Centro de Estudios de la FJA. “Ha sido común –nos señala- que durante la privatización de empresas públicas en la década del 90, éstas hayan sido compradas con préstamos internacionales. Es decir, aquellos que se quedaron con nuestros servicios públicos prácticamente no invirtieron capitales propios sino que tomaron préstamos porque la convertibilidad les convenía. Por eso, varias de esas empresas dicen que con la devaluación cambiaron las reglas de juego porque ahora no pueden cambiar un peso por un dólar. Las empresas que se quedaron con nuestras empresas han hecho grandes negocios sobre la base de préstamos internacionales. Ahí se ve el papel de la banca trasnacional para adquirir empresas en la Argentina”.
La salida de la convertibilidad con la denominada “pesificación asimétrica” –nos explica Gambina- fue un subsidio a los grandes deudores del sistema financiero. Uno de ellos fue el grupo Clarín, otro fue Perez Companc. Sus deudas millonarias en dólares las trasformaron en pesos uno a uno.¿Quién pagó ese beneficio? El conjunto de la sociedad argentina, porque para equilibrar la pesificación asimétrica el Estado compensó a los ahorristas con bonos, pero también compensó a los bancos c0n títulos de la deuda pública, con lo cual toda la sociedad argentina, para superar la crisis bancaria del 2001, está hoy financiando a esos grandes beneficiarios de la crisis”.
Alfredo García, director del Centro de Estudios Financieros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y profesor en Ciencias Económicas de la UBA, nos advierte que los préstamos son muy escasos en la Argentina. “Si pensamos que el préstamos es algo así como el aceite para la máquina de producción, vemos que ese nivel de aceite es muy bajo”, señala. Todos los préstamos, personales y a la producción, llegan apenas al 10% del PBI, cuando en el resto de América Latina es del 28%, en los países asiáticos del 72%, y en los países desarrollados del 84%. Pero el mayor agravante es que en la banca privada extranjera –no así en la oficial y en la cooperativa- ese crédito está altamente concentrado en las cien primeras empresas. Digamos, además, que el principal captador de préstamos de la banca privada es la petrolera Repsol.
Tal verificación nos lleva a la conclusión de que la concentración se da en tres sentidos: primero, hay concentración del sistema financiero, es decir, cada vez hay menos bancos y más extranjerización; segundo, hay una concentración del crédito pues las cien primeras empresas obtienen aproximadamente el 90% de los prestamos; y tercero, concentración regional porque la Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires tienen el 61% de los depósitos y el 62% de los préstamos. Si tomamos a esos dos conglomerados, más a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, al resto del país solo le queda el 16% de los préstamos y el 15% de los depósitos.
El hecho de que siga vigente la Ley de Entidades Financieras –concluye Alfredo García- significa que la actividad financiera sigue siendo vista como una actividad mercantil más. Y lo que nosotros decimos –advierte- es que esta concepción debe cambiar y entenderse a la actividad financiera como un servicio público. Toda la población debería tener acceso a una cuenta bancaria, y a tener en cercanía una entidad bancaria adonde realizar operaciones financieras.
Agreguemos otra cuestión fundamental:
para aprovechar las divisas de nuestras exportaciones hay que tener control de cambios o alguna medida más eficaz de regulación. Porque las divisas deben considerarse un bien social sujeto a una planificación que coloque a la Argentina en el camino del verdadero desarrollo. Sin el manejo orientador del poder financiero, no hay desarrollo independiente posible. Ya lo había señalado Arturo Jauretche.
En síntesis, ¿qué hacer para impulsar una política nacional en materia de finanzas y canalizar el ahorro hacia una Argentina con una justa distribución de los ingresos? Lo primero es dictar una nueva Ley de Entidades Financieras anulando la que rige desde la dictadura, después revisar la Carta Orgánica del BCRA, que también fue hecha en la dictadura de acuerdo a los pedidos del FMI para una economía neoliberal, y junto a esas modificaciones fortalecer la banca oficial y darle una orientación con sentido nacional.
Rutas argentinas
La ofensiva privatista del menemismo comenzó por concesionar rutas. Hoy la red vial ha crecido en una magnitud que no se veía desde hace 70 años, pero aquella matriz que benefició a la “patria contratista” no se ha desarticulado aún.
Por Arturo M. Lozza
Hace unos cuarenta años Almendra hacía conocer “Rutas argentinas”. El “Flaco” Spinetta, entre muchedumbres fans, cantaba acerca de “los dedos superateridos” de tanto tratar de que lo llevaran por los caminos al encuentro de “chicas y muchachos” que lo estaban esperando. Sin embargo, se lamentaba, “nadie nos quiere llevar”. Haciendo un racconto, desde aquellos tiempos, inicios de los 70 hasta hoy, ocurrieron muchas cosas: Almendra quedó en la gloriosa historia del rock nacional, las juveniles aventuras matizadas de ilusiones y esperanzas trocaron en persecuciones durante épocas de dictadura genocida, y el brigadier intendente Cacciatore borraba manzanas enteras de la ciudad para surcar a Buenos Aires con autopistas planificadas militarmente. Eso sí, por suerte el “Flaco” le sigue dando a la viola y a la poesía. Pero ahora se ven a muy pocos jóvenes haciendo dedo, y aquellas rutas argentinas están interrumpidas, bloqueadas, no ya por piquetes, sino por las barreras del peaje. O se paga, o no se transita, por más que la Constitución hable de la libertad de circular.
Si el peaje en ciertas calles de la pobreza lo pretenden jóvenes marginados, hay entonces para ellos cárcel y “gatillo fácil”. Si te lo cobran poderosas empresas concesionarias, hoy virtuales dueñas de las principales rutas, el que va preso sos vos si te negás a pagar. Y de nada valdrá que apeles a la Carta Magna.
Tras la dictadura, y con el broche final del menemismo, todo ciudadano viajero pasará a depender de concesionarios o de las privadas. Aerolíneas Argentinas ya ha sido recuperada, pero privatizado está el trasporte automotor, liquidada la Marina Mercante, concesionados siguen estando el ferrocarril, los muelles, también los principales aeropuertos, y en la arremetida, por supuesto, no se salvaron las rutas argentinas fundamentales.
En algunos casos, los dueños de una concesión fueron y son también accionistas de otra. Varias veces asoman en la lista de beneficiados grupos poderosos, como Eurnekian o Roggio, como Metrovías, AGD o Electroingeniería. Y las ganancias que logran, como veremos más adelante, son de las más suculentas.
Digamos que todo empezó mucho antes de que Almendra hiciera conocer “Rutas argentinas”. El primer puntapié lo dio el gobierno de Arturo Frondizi quien empezó a aplicar el Plan Larkin del Banco Mundial, con el levantamiento de miles de kilómetros de vías férreas. Había que privilegiar a los monopolios del automotor, desarticular y arrasar con los ferrocarriles y poner el acento en las rutas. El cambio tuvo que ver con el “mercado” y la ganancia, no con las necesidades humanas. Por eso, años después, no solo Ferrocarriles Argentinos fue desmembrado, sino que también fue relativizada Vialidad Nacional, miles de sus trabajadores fueron cesanteados y las rutas por donde transitaba la mayor cantidad de vehículos fueron entregadas en concesión. Esas concesionarias deberían encargarse del mantenimiento y mejoramiento de esas vías, pero la mayoría incumplió con las obligaciones.
Mientras tanto, en rechazo a la política de concesiones, los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad –encargada hasta ese momento de las tareas de mantenimiento-, muchos de ellos con el despido a cuestas, se lanzaron con sus máquinas por las rutas. Reeditaban así aquella histórica lucha de los ferroviarios contra el plan del Banco Mundial.
Las concesiones
La cuestión es que la concesión bajo el sistema de peajes abarcó durante el menemismo a casi 10.000 kilómetros de rutas nacionales (el 32% de la red nacional pavimentada) donde se concentra más de las dos terceras partes del tránsito vehicular.
Las rutas más transitadas se subdividieron en tres grupos: Corredores Viales cuya longitud es de 8.877 kilómetros, la Red de Acceso a Buenos Aires con una longitud de 236 km y la Red de Acceso a Córdoba cuya longitud es de 270 km, totalizando 9.383 km, que pasaron al régimen de concesión.
Los primeros concesionados –en 1990- fueron 18 corredores viales, adjudicados a 13 consorcios, en los que se integraron los principales oligopolios de la construcción que, producto de su larga experiencia como contratistas del Estado, hicieron uso de su capacidad de lobbying. Asomaron cobrando peajes grupos empresarios nacionales y extranjeros, integrantes de la “patria contratista”, como Aragón, Benito Roggio e Hijos, Conevial, Chacofi, Chediack, Decavial, Dycasa, Necon, Perales Aguiar, Sade, Sideco, Supercemento y Techint.
Cabe destacar que no solo cobraban peaje sino que, además, recibían un subsidio del Estado como compensación por determinadas inversiones (unos 60 millones de pesos anuales). Paralelamente, las concesionarias debían abonar un canon al Estado.
Las concesiones se dieron en principio por doce años a partir del 1º de noviembre de 1990, con tarifas de peaje ajustables periódicamente, y en ese lapso las empresas, según cláusulas contractuales, debían cumplir un cronograma de inversiones, de obras, y asegurar determinados niveles de calidad del servicio a los usuarios. Años después, cuando asumió el gobierno de Néstor Kirchner, se supo, por información oficial, que los concesionarios no habían cumplido con aproximadamente el 65% de los compromisos.
El argumento para cobrar peaje por la utilización de las rutas se derivaba –y aun sigue siendo así- de una lógica perversa según la cual “paga el que la usa”. Lo cierto, sin embargo, es que el que paga siempre y en última instancia es el pueblo, ya sea a través de los subsidios, cuando los hubo, o por el aumento de los precios de los productos sujetos al pago de peajes en camino hacia los centros de consumo.
Después de cumplidos los seis primeros meses de las concesiones, comenzó una interminable sucesión de negociaciones y modificaciones contractuales. Fueron marchas y contramarchas sujetas a presiones del lobby y, según muchísimas denuncias, arreciaron coimas y sucios negocios.
Cuando llegó la convertibilidad de Cavallo, hubieron más transas, se acordó una supuesta reducción tarifaria –adaptadas al dólar- pero a cambio el Estado aceptaba una drástica reducción del canon lo que significó un ingreso menos al fisco de 900 millones de dólares anuales; además, se elevaron las denominadas “compensaciones indemnizatorias” a cargo del Estado (originalmente fijadas, como se dijo, en alrededor de 60 millones de pesos anuales, a partir de ese momento con valor dólar), se prorrogaron las concesiones y las obligaciones de inversión hasta fines de octubre de 2003, también se fijaron tres aumentos de tarifas escalonados anuales, etc. Después se sucedieron nuevas negociaciones, pero antes de que Menem abandonara el poder, se registraron dos hechos de significación: un intento de renegociación integral de los contratos (nuevamente fallido), y la implementación de subsidios a los peajes correspondientes al transporte de carga y de pasajeros a cambio de nuevas indemnizaciones compensatorias por parte del Estado.
Así las cosas, en el 2001, cuando todo el manejo desestatizador y neoliberal, de liquidación del patrimonio de la Nación, estalló por los aires, los ingresos totales de los concesionarios se componían de la siguiente manera, según la información oficial: aproximadamente 500 millones de pesos/dólares por subsidios y compensaciones indemnizatorias, y alrededor de 250 millones por recaudación tarifaria.
La información agrega que desde que las rutas fueron concesionadas, el sector público -es decir, el bolsillo del pueblo- había trasferido a las empresas, entre noviembre de 1990 y fines de 2001, una suma prácticamente equivalente a la tercera parte de sus ingresos totales que fueron de 3.645 millones de pesos/dólares: los ingresos por subsidios fueron de 1.072 millones, y los ingresos por peajes 2.573 millones.
En resumidas cuentas, el costo social derivado de la concesión por peaje de las rutas argentinas fue inmenso. No solo fue así por los cánones empresarios no pagados, por los subsidios estatales, por los despidos de trabajadores, por haberse mediatizado el papel del Estado en establecer el rol estratégico e integrador de las rutas, sino además por la relación de las tarifas del peaje con el costo de vida. Porque en aquel período inicial de las concesiones, mientras los precios minoristas crecieron el 54,5% (abril 1991 a diciembre 1998), y los mayoristas el 12,6%, las tarifas de peaje lo hicieron, en promedio, el 69,3 %. Esta evolución de las tarifas de los peajes ha jugado un papel determinante en los costos agropecuarios y en los precios de los alimentos.
Los concesionarios tienen un casi nulo riesgo empresario, sin embargo sus porcentajes gananciales se ubican entre los más altos: su rentabilidad sobre patrimonio neto está calculado, en promedio, en el 26%. A los efectos de captar más acabadamente la magnitud de los valores mencionados, cabe destacar que la rentabilidad media sobre patrimonio neto de las cien empresas más grandes del país (excluidas las privatizadas) fue, en 1999, de “apenas” el 3,4%.
La matriz de la concesión por peaje continúa aplicándose hoy, pero –según sostiene Julio R. Aralde, secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional (Tucumán), “en la Argentina se están dando hechos extraordinarios dentro de la actividad, como el reposicionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad como ente rector de la política vial de la República y de la puesta en marcha de un plan de obras públicas para el sector, de tal magnitud y continuidad que hay que remontarse a 70 años en la historia para tener un parámetro de comparación” (ver Jornadas de integración vial).
En los últimos seis años la red vial nacional fue incrementada en 3.500 kilómetros. Hay mil kilómetros más de autopistas y otros mil están en construcción. La inversión estatal en rutas ha sido uno de los recursos utilizados para enfrentar los efectos de la crisis capitalista mundial y evitar que la desocupación asuma nuevos niveles. Este desarrollo cabalga, sin embargo, sobre las bases de la injusticia distributiva que impuso en su momento el neoliberalismo. Habrá, por lo tanto, que impulsar con vastedad la construcción de nuevas rutas y el mantenimiento o mejoramiento de las existentes, pero sobre bases diferentes, entre ellas, el fomento de cooperativas de trabajadores constructores y, sobre todo, terminar con esa “patria contratista” que acumula gigantescas rentabilidades por peaje, y por ser a la vez empresas monopólicas de la construcción que han firmado contratos con el Estado para la realización de las nuevas redes.
En esta dirección, a los trabajadores viales les cabe con su participación un rol fundamental. Como se señaló en las Jornadas de Integración Vial que se desarrollaron este julio en Tucumán, auspiciado por la CTA local, les corresponde a los compañeros de Vialidad ser no solo brazo ejecutor sino también cabeza pensante para impulsar una política rutera con sentido nacional, emancipatorio, alejado de los intereses de las trasnacionales del automotor pero cercano y consustanciado con todos aquellos que bregamos por caminos de integración entre los pueblos de la región.
Recuadros
Título: Caminos sin alternativas
Para la CTA ha llegado la hora de poner fin a estos peajes sin sentido, que no ha generado mejoras y han servido para perjudicar los interese económicos de los usuarios y del pueblo en general, la mayoría de las veces cautivos, habida cuenta que carecen de opciones para transitar por rutas sin esta verdadera gabela. En efecto, para garantizar la libertad de transito, derecho constitucional emanado del art. 14 de la Constitución Nacional, el requisito fundamental que debe cumplir cualquier reglamentación en materia de peaje, a efectos de salvar su constitucionalidad, es la existencia de caminos o vías alternativas. Es decir que el peaje sólo sería procedente cuando existiendo otro camino -un camino paralelo- entre los mismos puntos del territorio, el particular prefiera trasladarse o, en su caso, transportar su mercadería por una vía sujeta a peaje, que en principio supone caminos de mejor calidad y mayor rapidez y seguridad de traslado. Sin embargo, rutas alternativas transitables prácticamente no existen. Sí o sí hay que caer en el peaje. Y día a día la rentabilidad por gabelas de tránsito crecen ya que se van sumando a las rutas nuevas unidades vehiculares.
A.M.L.
Por Arturo M. Lozza
Hace unos cuarenta años Almendra hacía conocer “Rutas argentinas”. El “Flaco” Spinetta, entre muchedumbres fans, cantaba acerca de “los dedos superateridos” de tanto tratar de que lo llevaran por los caminos al encuentro de “chicas y muchachos” que lo estaban esperando. Sin embargo, se lamentaba, “nadie nos quiere llevar”. Haciendo un racconto, desde aquellos tiempos, inicios de los 70 hasta hoy, ocurrieron muchas cosas: Almendra quedó en la gloriosa historia del rock nacional, las juveniles aventuras matizadas de ilusiones y esperanzas trocaron en persecuciones durante épocas de dictadura genocida, y el brigadier intendente Cacciatore borraba manzanas enteras de la ciudad para surcar a Buenos Aires con autopistas planificadas militarmente. Eso sí, por suerte el “Flaco” le sigue dando a la viola y a la poesía. Pero ahora se ven a muy pocos jóvenes haciendo dedo, y aquellas rutas argentinas están interrumpidas, bloqueadas, no ya por piquetes, sino por las barreras del peaje. O se paga, o no se transita, por más que la Constitución hable de la libertad de circular.
Si el peaje en ciertas calles de la pobreza lo pretenden jóvenes marginados, hay entonces para ellos cárcel y “gatillo fácil”. Si te lo cobran poderosas empresas concesionarias, hoy virtuales dueñas de las principales rutas, el que va preso sos vos si te negás a pagar. Y de nada valdrá que apeles a la Carta Magna.
Tras la dictadura, y con el broche final del menemismo, todo ciudadano viajero pasará a depender de concesionarios o de las privadas. Aerolíneas Argentinas ya ha sido recuperada, pero privatizado está el trasporte automotor, liquidada la Marina Mercante, concesionados siguen estando el ferrocarril, los muelles, también los principales aeropuertos, y en la arremetida, por supuesto, no se salvaron las rutas argentinas fundamentales.
En algunos casos, los dueños de una concesión fueron y son también accionistas de otra. Varias veces asoman en la lista de beneficiados grupos poderosos, como Eurnekian o Roggio, como Metrovías, AGD o Electroingeniería. Y las ganancias que logran, como veremos más adelante, son de las más suculentas.
Digamos que todo empezó mucho antes de que Almendra hiciera conocer “Rutas argentinas”. El primer puntapié lo dio el gobierno de Arturo Frondizi quien empezó a aplicar el Plan Larkin del Banco Mundial, con el levantamiento de miles de kilómetros de vías férreas. Había que privilegiar a los monopolios del automotor, desarticular y arrasar con los ferrocarriles y poner el acento en las rutas. El cambio tuvo que ver con el “mercado” y la ganancia, no con las necesidades humanas. Por eso, años después, no solo Ferrocarriles Argentinos fue desmembrado, sino que también fue relativizada Vialidad Nacional, miles de sus trabajadores fueron cesanteados y las rutas por donde transitaba la mayor cantidad de vehículos fueron entregadas en concesión. Esas concesionarias deberían encargarse del mantenimiento y mejoramiento de esas vías, pero la mayoría incumplió con las obligaciones.
Mientras tanto, en rechazo a la política de concesiones, los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad –encargada hasta ese momento de las tareas de mantenimiento-, muchos de ellos con el despido a cuestas, se lanzaron con sus máquinas por las rutas. Reeditaban así aquella histórica lucha de los ferroviarios contra el plan del Banco Mundial.
Las concesiones
La cuestión es que la concesión bajo el sistema de peajes abarcó durante el menemismo a casi 10.000 kilómetros de rutas nacionales (el 32% de la red nacional pavimentada) donde se concentra más de las dos terceras partes del tránsito vehicular.
Las rutas más transitadas se subdividieron en tres grupos: Corredores Viales cuya longitud es de 8.877 kilómetros, la Red de Acceso a Buenos Aires con una longitud de 236 km y la Red de Acceso a Córdoba cuya longitud es de 270 km, totalizando 9.383 km, que pasaron al régimen de concesión.
Los primeros concesionados –en 1990- fueron 18 corredores viales, adjudicados a 13 consorcios, en los que se integraron los principales oligopolios de la construcción que, producto de su larga experiencia como contratistas del Estado, hicieron uso de su capacidad de lobbying. Asomaron cobrando peajes grupos empresarios nacionales y extranjeros, integrantes de la “patria contratista”, como Aragón, Benito Roggio e Hijos, Conevial, Chacofi, Chediack, Decavial, Dycasa, Necon, Perales Aguiar, Sade, Sideco, Supercemento y Techint.
Cabe destacar que no solo cobraban peaje sino que, además, recibían un subsidio del Estado como compensación por determinadas inversiones (unos 60 millones de pesos anuales). Paralelamente, las concesionarias debían abonar un canon al Estado.
Las concesiones se dieron en principio por doce años a partir del 1º de noviembre de 1990, con tarifas de peaje ajustables periódicamente, y en ese lapso las empresas, según cláusulas contractuales, debían cumplir un cronograma de inversiones, de obras, y asegurar determinados niveles de calidad del servicio a los usuarios. Años después, cuando asumió el gobierno de Néstor Kirchner, se supo, por información oficial, que los concesionarios no habían cumplido con aproximadamente el 65% de los compromisos.
El argumento para cobrar peaje por la utilización de las rutas se derivaba –y aun sigue siendo así- de una lógica perversa según la cual “paga el que la usa”. Lo cierto, sin embargo, es que el que paga siempre y en última instancia es el pueblo, ya sea a través de los subsidios, cuando los hubo, o por el aumento de los precios de los productos sujetos al pago de peajes en camino hacia los centros de consumo.
Después de cumplidos los seis primeros meses de las concesiones, comenzó una interminable sucesión de negociaciones y modificaciones contractuales. Fueron marchas y contramarchas sujetas a presiones del lobby y, según muchísimas denuncias, arreciaron coimas y sucios negocios.
Cuando llegó la convertibilidad de Cavallo, hubieron más transas, se acordó una supuesta reducción tarifaria –adaptadas al dólar- pero a cambio el Estado aceptaba una drástica reducción del canon lo que significó un ingreso menos al fisco de 900 millones de dólares anuales; además, se elevaron las denominadas “compensaciones indemnizatorias” a cargo del Estado (originalmente fijadas, como se dijo, en alrededor de 60 millones de pesos anuales, a partir de ese momento con valor dólar), se prorrogaron las concesiones y las obligaciones de inversión hasta fines de octubre de 2003, también se fijaron tres aumentos de tarifas escalonados anuales, etc. Después se sucedieron nuevas negociaciones, pero antes de que Menem abandonara el poder, se registraron dos hechos de significación: un intento de renegociación integral de los contratos (nuevamente fallido), y la implementación de subsidios a los peajes correspondientes al transporte de carga y de pasajeros a cambio de nuevas indemnizaciones compensatorias por parte del Estado.
Así las cosas, en el 2001, cuando todo el manejo desestatizador y neoliberal, de liquidación del patrimonio de la Nación, estalló por los aires, los ingresos totales de los concesionarios se componían de la siguiente manera, según la información oficial: aproximadamente 500 millones de pesos/dólares por subsidios y compensaciones indemnizatorias, y alrededor de 250 millones por recaudación tarifaria.
La información agrega que desde que las rutas fueron concesionadas, el sector público -es decir, el bolsillo del pueblo- había trasferido a las empresas, entre noviembre de 1990 y fines de 2001, una suma prácticamente equivalente a la tercera parte de sus ingresos totales que fueron de 3.645 millones de pesos/dólares: los ingresos por subsidios fueron de 1.072 millones, y los ingresos por peajes 2.573 millones.
En resumidas cuentas, el costo social derivado de la concesión por peaje de las rutas argentinas fue inmenso. No solo fue así por los cánones empresarios no pagados, por los subsidios estatales, por los despidos de trabajadores, por haberse mediatizado el papel del Estado en establecer el rol estratégico e integrador de las rutas, sino además por la relación de las tarifas del peaje con el costo de vida. Porque en aquel período inicial de las concesiones, mientras los precios minoristas crecieron el 54,5% (abril 1991 a diciembre 1998), y los mayoristas el 12,6%, las tarifas de peaje lo hicieron, en promedio, el 69,3 %. Esta evolución de las tarifas de los peajes ha jugado un papel determinante en los costos agropecuarios y en los precios de los alimentos.
Los concesionarios tienen un casi nulo riesgo empresario, sin embargo sus porcentajes gananciales se ubican entre los más altos: su rentabilidad sobre patrimonio neto está calculado, en promedio, en el 26%. A los efectos de captar más acabadamente la magnitud de los valores mencionados, cabe destacar que la rentabilidad media sobre patrimonio neto de las cien empresas más grandes del país (excluidas las privatizadas) fue, en 1999, de “apenas” el 3,4%.
La matriz de la concesión por peaje continúa aplicándose hoy, pero –según sostiene Julio R. Aralde, secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional (Tucumán), “en la Argentina se están dando hechos extraordinarios dentro de la actividad, como el reposicionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad como ente rector de la política vial de la República y de la puesta en marcha de un plan de obras públicas para el sector, de tal magnitud y continuidad que hay que remontarse a 70 años en la historia para tener un parámetro de comparación” (ver Jornadas de integración vial).
En los últimos seis años la red vial nacional fue incrementada en 3.500 kilómetros. Hay mil kilómetros más de autopistas y otros mil están en construcción. La inversión estatal en rutas ha sido uno de los recursos utilizados para enfrentar los efectos de la crisis capitalista mundial y evitar que la desocupación asuma nuevos niveles. Este desarrollo cabalga, sin embargo, sobre las bases de la injusticia distributiva que impuso en su momento el neoliberalismo. Habrá, por lo tanto, que impulsar con vastedad la construcción de nuevas rutas y el mantenimiento o mejoramiento de las existentes, pero sobre bases diferentes, entre ellas, el fomento de cooperativas de trabajadores constructores y, sobre todo, terminar con esa “patria contratista” que acumula gigantescas rentabilidades por peaje, y por ser a la vez empresas monopólicas de la construcción que han firmado contratos con el Estado para la realización de las nuevas redes.
En esta dirección, a los trabajadores viales les cabe con su participación un rol fundamental. Como se señaló en las Jornadas de Integración Vial que se desarrollaron este julio en Tucumán, auspiciado por la CTA local, les corresponde a los compañeros de Vialidad ser no solo brazo ejecutor sino también cabeza pensante para impulsar una política rutera con sentido nacional, emancipatorio, alejado de los intereses de las trasnacionales del automotor pero cercano y consustanciado con todos aquellos que bregamos por caminos de integración entre los pueblos de la región.
Recuadros
Título: Caminos sin alternativas
Para la CTA ha llegado la hora de poner fin a estos peajes sin sentido, que no ha generado mejoras y han servido para perjudicar los interese económicos de los usuarios y del pueblo en general, la mayoría de las veces cautivos, habida cuenta que carecen de opciones para transitar por rutas sin esta verdadera gabela. En efecto, para garantizar la libertad de transito, derecho constitucional emanado del art. 14 de la Constitución Nacional, el requisito fundamental que debe cumplir cualquier reglamentación en materia de peaje, a efectos de salvar su constitucionalidad, es la existencia de caminos o vías alternativas. Es decir que el peaje sólo sería procedente cuando existiendo otro camino -un camino paralelo- entre los mismos puntos del territorio, el particular prefiera trasladarse o, en su caso, transportar su mercadería por una vía sujeta a peaje, que en principio supone caminos de mejor calidad y mayor rapidez y seguridad de traslado. Sin embargo, rutas alternativas transitables prácticamente no existen. Sí o sí hay que caer en el peaje. Y día a día la rentabilidad por gabelas de tránsito crecen ya que se van sumando a las rutas nuevas unidades vehiculares.
A.M.L.
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