La derecha y sus perversiones

Por Arturo M. Lozza

Cuando meses atrás comenzaron las denuncias por la designación del hoy procesado comisario Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana, Mauricio Macri pretendió escudarse aduciendo que esa elección la había tomado luego de consultar con la Mossad y la CIA, las dos organizaciones de espionaje y crímenes políticos con más trágica fama del planeta. Casi ningún medio de comunicación le dio mayor relieve a ese reconocimiento del Jefe de Gobierno porteño, pero el hecho era y sigue siendo gravísimo, era reconocer la intervención de esas centrales de inteligencia en la designación de figuras claves del aparato represivo, algo que, por lo menos, es un atentado a nuestra soberanía y una intervención directa en los asuntos del país.
Obvio que la CIA daba el espaldarazo al “Fino” ya que este se había desempeñado anteriormente como jefe de la sección antiterrorista de la Federal, un aparato en constante vinculación con la “inteligencia” de los Estados Unidos.
Lejos de diluirse aquella revelación de Macri, hoy adquiere la misma un mayor andamiaje al verificarse, en el marco de la investigación legislativa sobre escuchas ilegales, las compras directas y secretas por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño de material sofisticado destinado a tareas de espionaje con destino a la Policía Metropolitana, cosa expresamente prohibida tanto en la Constitución Nacional como en la de la Ciudad Autónoma.
Estas pistas no hacen más que revelar un accionar típico de la derecha con ramificaciones en el exterior. Si esta infiltración de hombres de confianza de la CIA y otros services extranjeros estaba perpetrándose en la Policía Metropolitana, ¿acaso no estará ocurriendo desde hace tiempo algo similar en otras fuerzas? ¿Si Macri consultó a la CIA para la designación del “Fino”, cómo, por ejemplo, imaginarse que Menem o De la Rúa hayan hecho algo distinto? ¿No estaremos acaso ante organismos “de seguridad” infiltrados en lugares claves por elementos capaces de ser utilizados por la derecha, por el imperio o los neoliberales vernáculos, con fines de desestabilización y golpe? ¿Qué antecedentes tienen y quiénes son los miembros de la policía que dejaron la zona liberada para que se cometiera el crimen del 20 de octubre?
No hacer este análisis y no investigar al respecto, sería caer en posturas ingenuas que pueden costar carísimo. Que lo diga, si no, el presidente Rafael Correa de Ecuador que debió ahogar recientemente una intentona golpista con epicentro en la policía.
No hay dudas que una serie de medidas tomadas por el gobierno de Cristina Kirchner están elevando la cuota de odio entre grandes empresarios. No olvidemos, además, que para Washington, la Argentina es sitial “inseguro” para inversiones. No le gusta a la derecha y a quienes son funcionales a ella, la Ley de Medios, la liquidación del negociado de las AFJP y el proyecto de distribución de una parte de las ganancias empresarias entre los trabajadores. En este marco es que los ejercicios de desestabilización por parte de la derecha están a la orden del día. Y yo creo que el asesinato de Mariano Ferreyra debemos encuadrarlo en este momento especial.
El crimen ha sido algo premeditado y la patota de José Pedraza ha sido la ejecutora. Por supuesto, hay muchas conclusiones políticas que se pueden hacer, pero no dejemos en segundo plano el encuadre golpista, máxime teniendo en cuanta que la derecha no solo está en el aparto de “seguridad”, no solo es partidaria, no solo tiene el control monopólico de los medios de comunicación, no solo maneja segmentos importantes de la economía y las finanzas, sino que está también profundamente enraizada en el Poder Judicial. Es más, la derecha está presente en algunas dependencias de gobierno, en varias gobernaciones y en el propio Frente para la Victoria. Y está esperando el momento propicio para dar un zarpazo.
Llegar hasta los tuétanos en la investigación del asesinato de Mariano y castigar a los culpables materiales e intelectuales, debería ser parte de una firme determinación por desenmascarar la intentona desestabilizadora de la derecha.

Nosotros y la mafia de los medios

Por Arturo. M. Lozza.

Escribo estas líneas firmemente apoyado en más de cincuenta años de periodismo sin traición a mis principios. Y desde esa trinchera es que debo decir públicamente que ahora, más que en cualquier otro momento, siento orgullo y profunda satisfacción ante el hecho de que Clarín, La Nación y Papel Prensa comiencen a ser despojados de ese manto de impunidad que les ha permitido conformar, a mi criterio, la más poderosa mafia, que es aquella que no se limita a la defensa de las multinacionales, a promover políticas desde el poder económico sino que, sobre todo, ha apuntado y lo sigue haciendo, hacia lo más profundo: las conciencias, la formación de opinión pública, la imposición de la cultura de la dominación.
Estamos hablando de una mafia cuyo poder se ha cimentado en el terrorismo de Estado y desde ese sitial de privilegio diseminó el terrorismo de la información. Por eso, yo hubiera preferido, sin más trámite, nacionalizar Papel Prensa. De todos modos, se ha enviado al parlamento un proyecto de ley declarándose de “interés público” la producción de celulosa para papel de diario, lo que se complementa con la nueva ley de Medios, con lo cual se ha abierto un debate en torno al papel del periodismo como nunca antes.
Es un debate por la verdad que siempre impulsé desde los distintos medios en donde me desempeñé durante demasiados años, pero que –en buena hora- muchos recién están descubriendo ahora. Y en esta hora, donde por fin estamos librando batalla, ningún periodista debe callar.
Reitero: siento que ahora somos más los que, también en este plano, exigimos justicia. Y yo, como algunos otros, lo podemos exigir desde una trayectoria donde recibimos escasísimos salarios y furibundos garrotazos en nuestra vida laboral para impedir que nuestra voz pudiera siquiera empañar la voz del poder dominante.
Me inicié en el periodismo hace más de cinco décadas y es mucha memoria la que acumulo como militante de las redacciones: diario La Hora (clausurado), Pueblo Unido (clausurado), Soluciones (clausurado), Revista Che (clausurada), Editorial Cartago (clausurada), Distribuidora Impulso (clausurada), Propósitos (varias veces clausurado), Nuestra Palabra (clausurada), Informe (redacción asaltada por un “grupo de tareas” de la dictadura genocida que asesina a uno de mis compañeros, el periodista Román Mentaberry), muchos años pasé cambiando domicilios para despistar persecuciones, muchos años pasé distribuyendo periodismo clandestino y mirando a mis espaldas, he sido víctima de jueces cómplices, conocí cárceles en varias dictaduras y gobiernos civiles “democráticos”...
En esos años pude verificar “en carne propia” lo que significó el monopolio de Papel Prensa a favor de Clarín y La Nación y en detrimento de los que queríamos divulgar otro mensaje, el de la democracia del pueblo, el de la soberanía y la liberación, el mensaje de la unidad antiimperialista.
Ninguna de estas clausuras, cárceles y asesinato divulgaron esos medios que se llenan la boca de “libertad” y “prensa independiente”.
Esa dictadura, por lo tanto, la he vivido, la he sentido en mis entrañas, en mi cotidianeidad.
Han pasado por esa vida periodistas extraordinarios, que han dado la vida por sus principios y por la dignidad en nuestra profesión. Pero además pasaron otros, lo recuerdo bien, que llegaban al ejercicio del periodismo desde posiciones de izquierda, puteando a monopolios y a la censura y que luego, por dinero, se acomodaron a lo que quería Clarín y hoy asoman como columnistas destacados del servilismo informativo de la mafia. Sí, recuerdo cuando desde ese trono donde llegaron alquilándose o vendiéndose, nos trataban de “pelotudos” y de “pobres infelices” porque seguíamos en la difícil, no transando.
Ellos se han traicionado a sí mismos, pisotearon su dignidad, eligieron la mentira del monopolio ¿Qué tienen para dejarles a sus hijos? Sólo herencias materiales y muy poca moral.
Los periodistas, por su condición particular, son propaladores de ideas, son formadores de opinión pública. Papel Prensa, los medios dominantes, el poder político y económico, no me dejaron –a mi y a muchos otros- competir en igualdad de condiciones. Me cerraron caminos durante décadas.
Y por eso hoy me siento bien, creo que es el artículo que he escrito con más satisfacción en mi vida porque comenzamos a darle batalla en escala mayor a esa mafia. De todos modos, falta mucho. Será una pelea durísima, quizás la más dura, porque el Grupo Clarín tiene ramificaciones profundas en todos lados, a nivel político, a nivel judicial y sobre todo en los servicios de inteligencia (nacionales y extranjeros). Pero le hemos abierto una brecha, y ninguno de mis colegas debe quedar al margen: démosle batalla al enemigo principal, el que convierte en “realidad” la mentira que le conviene al poder económico.

El fin de los bueyes gordos

10 de agosto de 1896, huelga ferroviaria.






Crónica de una época en la que una huelga de los obreros del riel se extendió a la industria y puso fin a la quietud conservadora.

Por Arturo M. Lozza


En las postrimerías del siglo XIX se multiplicaba la fiebre inversora de las compañías británicas y más de la mitad de sus capitales llegados a la Argentina iba al negocio ferroviario. Los rieles se expandieron de 2.516 km en 1880 a más de 15.000 antes de que asomara el 1900. Pero mientras en 1880 el gobierno nacional y algunas provincias administraban el 50% de los ferrocarriles, hacia final de la década sólo retenían el 20%, debido a la adjudicación de nuevas áreas al capital extranjero. Asociada al capital inglés crecían aceleradamente las fortunas de la oligarquía. Ya se contabilizaban 22 millones de vacunos y 75 millones de ovinos.
Las aristocráticas familias terratenientes, los Iturraspe, Madariaga, Anchorena, Benberg, Perkins, los Cavannagh, Martínez de Hoz, Menéndez Behety, Santamarina, Bosch, Reutemann, Cobo, Duhau, Gowland, los Lezica, Duncan, Alvear y los Murphy, entre unos más, se aglutinaban en la naciente Sociedad Rural y conformaban con el capital inglés la alianza del poder político y económico.
La “gente bien” enriquecía con la explotación del inmigrante pero no le toleraba trasgresiones a esa masa explotada convertida en clase obrera. El diario “La Capital” del 20 de octubre de 1884 recogía, precisamente, una de las tantas demandas de las damas de la aristocracia y pedía al doctor Somoza, dueño de una línea de tranvías a tracción, que “haga guardar un poco mas de orden a los cocheros y mayorales del tramway” porque diariamente “vemos que los cocheros al tocar la corneta imitan las milongas y otras sonatas del peringundin”.
Por supuesto, llegarían en poco tiempo trasgresiones más importantes, porque comenzarían a organizarse los sindicatos que con sus exigencias de justicia romperían el orden conservador.
Mientras tanto, lo que se celebraba era la fiesta del “buey gordo”, todo un símbolo de “progreso” de las clases ganaderas pudientes: al animal más voluminoso de cada comarca –y no los había más voluminosos en todo el mundo- se lo paseaba por las arterias centrales. Era una ridícula mole de carne y fuerza, que iba recubierto con manto de seda andando en medio de una procesión que partía desde la casa del gobernador y hacia acto de presencia, una a una, en las casas de las más distinguidas familias de alcurnia. Atrás iba la infaltable banda de músicos, luego jinetes emperifollados de platería y, mas atrás, un carruaje portador de banderas de varios países con niñas que repartían flores entre el gentío. La farándula era algo así como la risotada burlona bajo cuyo antifaz se había desatado la más fantástica locura especulativa. Porque allí por donde transitara una locomotora, el suelo se convertía en oro.
El maquinista Carlos Smith, a todo esto, cumplía a diario con eficiencia su honorable función de conductor del principal tren a Rosario, las pitadas de su locomotora iban marcando el ritmo de un país llamado “granero del mundo” pero que ya empezaba a hablar de huelgas, huelga de tipógrafos, panaderos, peones, aguateros… Smith no era parte de esa rebeldía, se sentía seguro sobre la mole de hierro y no entendía mucho de paros y de demandas obreras, hasta que un maldito día se le cruzó un transeúnte en el cruce de vías. Cuando accionó el freno, ya entre las ruedas y el eje delantero yacían los restos de la persona que se había atrevido a quebrarle el ritmo al ahora angustiado Smith, a quien, por haber atropellado al infeliz, lo condujeron detenido a Buenos Aires. Y quiso el destino que su detención provocara la primer huelga que haya conocido hasta entonces la historia del ferrocarril. Todos los maquinistas de la línea se solidarizaron con Smith, paralizaron el servicio del Ferrocarril Central Argentino, los cargamentos de cereal no llegarían al puerto. “Si el compañero Smith no es liberado, no habrá trenes”. El maquinista recuperó la libertad, pero la huelga –que se prolongó por tres días- no se levanto hasta que fue trasladado nuevamente a Rosario y elevado en andas por sus compañeros. La empresa Ferrocarril Central Argentino, de capital Ingles, conoció por primera vez la fuerza de los trabajadores en Argentina, a tal punto que debió fletar un tren especial a Rosario, exclusivo para Smith quien, sin haberlo pretendido, se había convertido en el principal protagonista del primer triunfo sindical de los trabajadores del riel. Ese sería, sin embargo, solo un preaviso…
Llegaron años muy agitados. Dejaron de festejarse a los bueyes gordos. Los radicales de Leandro N. Alem protagonizaban fracasadas sublevaciones. El conflicto fronterizo con Chile amenazaba con la guerra, y los “nacionalistas” de la oligarquía proponían que el general Roca asumiera otra vez la presidencia porque –decían- si había exterminado a la indiada, bien podría hacer lo propio con los chilenos. Corría 1896. Gobernaba José Evaristo Uriburu. Alem, líder popular y de las sublevaciones, se pegaba un tiro. La epidemia de fiebre amarilla hacía estragos, y desde Cardiff llegaba al puerto de Buenos Aires un cargamento de 4,768 toneladas de carbón inglés para alimentar locomotoras.
El poder respondía habitualmente con represión a las demandas, pero los trabajadores de los distintos oficios, en su mayoría emigrados de Europa, se iban templando en los enfrentamientos, unos victoriosos y otros derrotados.
Por primera vez la pelea de un gremio, el de los yeseros, lograría la jornada de 8 horas y aumento de salarios. Se avecinaba el turno de los ferroviarios.
Todo comenzó en los talleres de Tolosa del Ferrocarril del Oeste (cerca de La Plata), que era, con el de Solá, los más grandes de Argentina. Como se estilaba hacer, sus 700 obreros calificados y los peones presentaron un petitorio reclamando la implantación de las ocho horas de trabajo sin modificación de los salarios, la supresión del trabajo por pieza, la anulación del trabajo en los días domingos, y el pago doble de las horas extras, que debían realizarse sólo en casos excepcionales. La respuesta de la empresa fue una rotunda negativa. En consecuencia, el 10 de agosto de 1896 los principales referentes de la demanda subieron a la gran mesada giratoria de locomotoras y desde allí, dominando el perímetro de los 22.000 metros cuadrados del galpón principal, llamaron a asamblea y entre proclamas se convocó al inicio de la huelga.
Las patronales británicas pidieron represión, hubo un desmesurado despliegue de fuerzas policiales y la respuesta se dio en una nueva asamblea: mantener el paro y pedir solidaridad a todos los talleres ferroviarios de la República.
Los primeros en hacerse eco del llamado fueron los ajustadores de los talleres de Caballito, pero ¿qué harían los de Talleres Solá? El 13 de agosto sus 1.000 trabajadores votaron en asamblea un petitorio como el de Tolosa. Otra vez la negativa de la compañía británica y Solá paralizó los talleres. La huelga asomaba con fuerza. De una estación a otra, en morse, los ferroviarios trasmitían el estallido de la lucha y proponían la adhesión. (Cuando se reconstruya esta historia en profundidad, seguramente habrá que hablar de esas trasmisoras como vehículo de solidaridad obrera a través de las enormes distancias).
Hasta entonces, la mayor adhesión llegaba desde los talleres ya que el conflicto se había extendido a los de los ferrocarriles Sur, Oeste, Buenos Aires y Ensenada, Central Argentino, Buenos Aires y Rosario, Rosario y Pacífico, Santafesino, Central Norte y Córdoba. Se sumaban los ferroviarios de talleres Quilmes, Junín y Rosario; paralizaron tareas los cambistas de La Plata y Tolosa y las cuadrillas volantes o “golondrinas” de esta localidad.
Y fue que desde el segmento de los servicios ferroviarios la lucha se empezó a propagar hacia la industria. El 15 de agosto se plegaron las fábricas siderúrgicas privadas de Bosch, Shaw y Fénix -fundiciones que hacían trabajos para los ferrocarriles-, también adhirieron los obreros del Frigorífico La Negra, los astilleros La Platense, los trabajadores de Alpargatas de la calle Defensa en la Capital, junto a operarios de los talleres de tranvías, los carboneros de Almirante Brown, Casa Amarilla y Constitución.
Cuentan las crónicas que las asambleas determinaban petitorios y designaban comisiones para conectarse con todos los sectores. Las patronales requirieron del gobierno una actitud más dura, porque tamaña trasgresión al orden establecido se les estaba filtrando de las manos. Ya no era simplemente la corneta del tranvía que imitaba milongas del peringundín: esos agitadores le estaban disputando ganancias al capital inglés.
Es que ya sumaban más de 20.000 los trabajadores en huelga general. Lo del maquinista Smith había quedado a la altura de un poroto.
En ese agosto de 1896 no había organización nacional ferroviaria, pero los trabajadores hacían oír su voz masivamente y con decisión organizativa porque pensaban, ya entonces, en un futuro diferente.
Las patronales abrieron el registro para tomar nuevo personal. Colocaron avisos en Génova, Italia, proponiendo trabajo en Argentina.
A raíz de que existía un Comité de La Internacional –que ya en 1890 había convocado a movilizarse los 1º de Mayo- la mayoría de los trabajadores genoveses, enterados de la lucha de los obreros del riel en nuestro país, rechazaron la oferta para no carnerear. Otros, sin embargo, aceptarían empujados por el hambre.
Los huelguistas de Tolosa comenzaron entonces a combatir a los carneros, a los “crumiros” rompehuelgas –así los llamaban-, y a las asambleas, movilizaciones y luchas callejeras se le sumaron las acciones de sabotaje.
Hacia finales de agosto se adhirieron nuevos sectores: los obreros de Bragado, Burzaco, estación Las Flores y la fundición El Carmen. Las mujeres alpargateras de la fábrica La Argentina estaban en huelga y asamblea permanente. En Barracas al Norte, las “principales fábricas han apagado sus fuegos” –decían las crónicas- por no tener un solo hombre que les trabaje. Según informó “La Nación” esos días, en ocho establecimientos los empresarios cedieron ante las demandas y mejoraron las condiciones laborales.
Para unificar y dirigir el conflicto, las aún escasas organizaciones sindicales constituidas de ferroviarios crearon un Comité Mixto integrado por huelguistas de los diferentes talleres, pero el desgaste era enorme. Sin salarios y bajo terribles carencias, los obreros fueron cediendo.
El último reducto fueron los talleres Solá, donde 3.500 obreros y sus familias sostenían la lucha para impedir el ingreso de rompehuelgas. El anuncio de la inminente llegada de 500 obreros italianos contribuyó a debilitarlos. Luego de tres meses de resistencia, se perdía la batalla.
La patronal exigía al gobierno expulsar al elemento extranjero que producía estos levantamientos. Esto se concretaría seis años después con la sanción de la ley 4144, de Residencia, que posibilitó la expulsión de grandes dirigentes sindicales y políticos.
Estas historias de ferroviarios fueron recopiladas en libros de Plácido Grela, Sebastian Marotta, Juan Carlos Cena, Mario Gasparri y en otro de mi autoría.
Las represiones contra los trabajadores llegaron a niveles sangrientos. Aparecieron los contingentes de la denominada Liga Patriótica, una fuerza de choque “nacionalista” organizada por la oligarquía para asesinar y romper los movimientos de protesta.
Esta era la Argentina del Centenario, la de los “bueyes gordos”, la que Biolcati alabó al inaugurar la última exposición de La Rural. Es una Argentina a la que no queremos volver, y a la que queremos liberada y sin oligarcas. Porque somos los herederos de aquellos huelguistas
que mostraban, ya hace más de un siglo, que la clase obrera pasaba a ser una de las principales protagonistas de nuestra historia y que no aceptaba las sumisiones.


Los talleres de Tolosa

Bajo la dirección del ingeniero Otto Krausse, las obras de los Talleres de Tolosa fueron inauguradas en 1887, en el 30 aniversario del primer ferrocarril argentino. Constaban de una serie de instalaciones con una superficie de 22.000 metros cuadrados. Poseía mesa giratoria, galpón radial de locomotoras, playa de vías, abastecimiento de agua y generación de vapor y electricidad, depósitos e instalaciones complementarias. Su capacidad de guarda era de 24 locomotoras y 90 coches de pasajeros. A fines de la década del 40, funcionó allí la fábrica de locomotoras que, bajo la conducción del ingeniero Livio Porta, comenzó a gestar, junto a trabajadores, técnicos y profesionales, la construcción de la primera locomotora a vapor argentina. En Tolosa nació la máquina cuatro cilindros “Presidente Perón”, que luego fue rebautizada como “La Argentina”. La máquina estaba dotada con elementos técnicos de avanzada, posibilitaba la utilización del carbón de Río Turbio con enormes economías y su puesta en marcha originó una revolución en el mundo ferroviario.
Sin embargo, llegaría el Plan Larkin del Banco Mundial y en 1958 la fábrica fue totalmente desmantelada.

Entidades financieras, es hora de terminar con los esquemas de Martínez de Hoz

A quien quiera colaborar, aquí va texto de una solicitud que estamos haciendo circular en apoyo de la reforma financiera. Esencialmente se trata de derogar la ley de Martinez de Hoz, aun vigente. (ver artículo en este blog sobre entidades financieras).
La pueden hacer circular o devolvermela a mi con el nombre y número de documento.


Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Dr. Eduardo Fellner


De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., para expresar la adhesión al Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, presentado por el diputado nacional Carlos Heller y el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, porque coincidimos que la actividad financiera debe estar concebida como un servicio público, orientado a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación, y contribuir a su desarrollo económico y social.

Firma: Arturo M. Lozza
DNI 4.277.997

J. D. Salinger: que no nos sea indiferente.

Por Arturo M. Lozza

Que no nos sea indiferente Jerome David Salinger. El escritor norteamericano, que inauguró un nuevo lenguaje en el relato, ha muerto a los 91 años, el 27 de enero. Desde que en 1951 se publicó su novela The Catcher in the Rye (El guardián entre el centeno, también traducida como El cazador oculto), J. D. Salinger se había convertido en el referente de una joven generación trasgresora que, inmersa y asfixiada en una sociedad insaciable, regida por leyes del mercado y hueca de humanismo, maldijo la hipocresía, la falsedad, la estupidez y la formal arrogancia que emanaban del imperio.
Quizás J. D. Salinger haya sido el punto de partida, o al menos una referencia inicial ineludible, de aquellos artistas e intelectuales que se rebelarían desde el territorio de los Estados Unidos contra la guerra de Vietnam en años donde se desplegaban el rock, el “realismo sucio” en la literatura de Bukovsky, los graffiti de Basquiat, luego el Apocalypse Now de Cóppola o Easy Rider (Buscando mi destino) de Dennis Hopper.
Que ninguno de ellos nos sean indiferentes, porque estamos hablando de grandes artistas, de símbolos de una rebeldía interna contra el sistema. Son nuestros, del movimiento popular y antiimperialista del planeta, como lo son aquí el troesma Osvaldo Pugliese, o Pappo, o el Charly García rasguñando las piedras, o el Fito Paez que cada vez más se escapa del pentagrama, y León Gieco, y Víctor Heredia, o el Roberto Arlt de los locos y el Tuñón de la ranura y de las lunas, o Raúl Lozza y su arte concreto y la cualimetría.
Si, pueden decir que estoy haciendo una mezcolanza caótica, pero ese caos es maravilloso, es un caos de la invención, de la búsqueda, del inconformismo, de la diversidad, y tiene una dirección: queremos el cambio y nos rebelamos contra esta sociedad capitalista mierdosa, hipócrita.
Estas grandes personalidades de la cultura han elegido ese camino trasgresor desde la calidad de su expresión artística. La “Negra” Sosa lo vio con claridad cuando supo unir, desde el cancionero, las expresiones populares del folklore y del rock.
En este segmento, Salinger fue un antifascista. Soldado voluntario, prestó servicios de contraespionaje en Inglaterra, desembarcó en Normandía, y persiguió agentes de la Gestapo y colaboracionistas franceses.
La guerra y sus horrores lo marcarían con dureza. Lo dejó traslucir en su primer éxito, aparecido en pleno macartismo: el cuento Día perfecto para el pez plátano, de 1948, donde a través de un diálogo telefónico asoma primero la superficialidad de la sociedad, para desembocar luego en el suicidio del veterano de guerra “loco”. Llegaría después El guardián entre el centeno, que lo colocó en una de las cumbres de las preferencias de los lectores, especialmente de la juventud.
Fue entonces que la gigantesca maquinaria publicitaria yanqui intentó apabullarlo, convertirlo en un mero “best seller” del sistema. La rechazó de plano, así como había rechazado el macartismo y la persecución de toda expresión que no estuviera acorde con el discurso feliz de la sociedad capitalista. Envuelto en la depresión, optó por renunciar a la vida pública de escritor, y muchas veces lo hizo airadamente. No quiso giras, ni presentación de libros, ni reportajes, ni congresos de sabihondos escribas. Salinger no era parte de esa maquinaria, detestaba la publicidad, la estupidez, y la corrupción del sistema. Y así murió, de muerte natural, en su residencia de New Hampshire.
En fin, se nos fue uno de los grandes. Le tocó vivir en los Estados Unidos, en el riñón del imperio, y a su manera, fue y será uno de los nuestros. Que no nos sea indiferente.

Vida de revolucionario

Manuel Belgrano








Catedral de Buenos Aires se lee al final de la página 43, correspondiente al 4 de junio de 1770, que se “bautizó, puso óleo y crisma a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, que nació ayer 3 del corriente: es hijo legítimo de don Domingo Belgrano Peri y de doña Josefa González". Este es el primer dato histórico de aquel Manuel, hijo de adinerado comerciante genovés vinculado a intereses de la corona hispana, que moriría en la miseria medio siglo después –el 20 de junio de 1820- vapuleado por la oligarquía criolla que, en los momentos de la agonía, lo echó de Tucumán y lo obligó a hacer el extenuante viaje hasta Buenos Aires donde al fin expiró en la misma casona familiar donde había nacido, calle Pirán, hoy avenida Belgrano al 400.
Había sido el cuarto hijo de un matrimonio que tuvo ocho varones y tres mujeres. Los varones fueron militares, sacerdotes o abogados. Manuel no escapó en los principios a las reglas de toda familia con fortuna, pero no tardó en diferenciarse a impulsos de una pasión y una sensibilidad proverbiales.
Su padre lo había enviado a España para que se instruyera en las cosas del comercio, pero además de eso Manuel se licenció en filosofía. Graduó como abogado, aunque más le interesaron las nuevas ideas económicas, las noticias de Francia y su revolución. Leía en latín, francés, italiano e inglés y, como solía decirse desde antaño, “cultivó su espíritu” no solo con las lecciones recibidas en las Cortes de España, sino sobre todo con las ideas reivindicatorias de la libertad y del liberalismo fisiocrático.
De regreso, fue designado Secretario perpetuo del Consulado, tenía 24 años. Pero desde ese sitio mostró ya su plenitud multifacética, apoyó la creación de establecimientos de enseñanza, como las Escuelas de Dibujo y de Náutica, redactó reglamentos, pronunció discursos, alentó las vocaciones nacientes y trató de dar solidez a estas escuelas, las que, alertada la corona, rápidamente fueron anuladas. Tradujo un libro de Economía Política, formó a jóvenes en tales cuestiones y contribuyó a la fundación del "Telégrafo Mercantil”. Hizo estudios sobre las “tierras de Truptu” –la lejana Patagonia- y aquellos estudios topográficos servirían años después al general San Martín para el cruce de la Cordillera de los Andes. El primer cañonazo del invasor inglés lanzó a Belgrano a la acción y ese filósofo, abogado, traductor de “espíritu cultivado”, educador y topógrafo, se puso botas, abandonó bufetes y se convirtió en capitán honorario de milicias urbanas. Belgrano fue el único de los miembros del Consulado que se negó a aceptar el dominio inglés. Fugó a la Banda Oriental y regresó después de la reconquista. Tuvo que ser sargento mayor del regimiento de Patricios, estudió rudimentos de milicia y manejo de armas. Durante la semana de mayo de 1810 fue decidido revolucionario, observó la vacilación de algunos, la fatiga de otros y, enardecido, les advirtió su inquebrantable propósito de imponerse, aunque tenga que recurrir a la violencia de las armas. Quedó en evidencia que a partir de entonces nada lo haría vacilar en su lucha contra el colonialismo. Lo nombraron vocal de la Primera Junta. Dos actos de este período subrayan su desinterés excepcional: cede su sueldo de vocal para financiar la expedición militar a Córdoba, y dona gran parte de sus libros para formar la Biblioteca Pública recién fundada por iniciativa de su amigo Mariano Moreno.
Llegan los momentos de epopeya, es nombrado comandante de la Expedición Auxiliadora al Paraguay. Al frente del ejército patriota atraviesa comarcas del litoral, nombra como su segundo a José Gervasio de Artigas y lanza un Reglamento que humaniza el trato a los indios, gana batallas, crea los símbolos patrios, lo derrotan en Huaqui, llegarán después los momentos del éxodo jujeño, de las batallas de Tucumán y Salta, de sus arengas y encuentros con los pueblos del norte en la resistencia a los godos, de las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma, de su encuentro en Yatasto con San Martín y la entrega del mando de las tropas.
Por sus convicciones, supo desobedecer órdenes cuando éstas significaban un retroceso de la revolución, pero fue también un disciplinado revolucionario cuando se trató de consagrar las ideas y la acción de la independencia. En fin, cada momento de la vida de Belgrano tiene su riqueza, el signo de su apasionamiento, de su entrega total a lo que él amaba, de allí que asumiera el papel que la revolución le ordenaba.
No tenía formación militar académica, pero tomó las armas y protagonizó momentos únicos en la sublevación contra la Corona española. Era abogado, pero la oligarquía en más de una oportunidad intentó encarcelarlo. Había solicitado su baja definitiva del ejército pero no se la concedieron, para someterlo en cambio a proceso, el cual nunca se substanció. Atacado de paludismo y dolorido por la actitud del gobierno central, se refugió en la quinta de un pariente, en San Isidro. Cree que su actuación pública ha terminado; en la soledad se dedica a escribir. Nace así su Autobiografía.
Pero vuelve a ser llamado, esta vez para cumplir misiones negociadoras en el exterior. Y a su regreso, en sesión secreta, el Congreso de Tucumán de 1816 escucha sus propuestas independentistas. Es designado al frente de las tropas en esa provincia y en una húmeda y desabrigada tienda de campaña Belgrano tiene en 1819 los primeros ataques de una enfermedad incurable, la hidropesía. Se despide de sus hombres, deja el mando, pero al poco tiempo un cuartelazo lo enfrenta con el vejamen: pretendieron arrestarlo y ponerle grillos. Sin recursos, enfermo, abandona Tucumán. Ese trayecto a Buenos Aires es trágico. Llega a la casona de su infancia y muere poco tiempo después.
El torbellino político absorbía la atención de la ciudad. Había ese 20 de junio "tres gobernadores", y casi nadie se enteró que se había extinguido la vida de Manuel Belgrano

La masacre de Rincón Bomba

Un genocidio ocultado por la historia

Por Arturo M. Lozza

Ocurrió en 1947. Fue un asesinato masivo protagonizado por gendarmes, y recién ahora entra en los canales de la justicia.


El genocidio de Rincón Bomba, Formosa, es uno de los crímenes más tapados de nuestra historia. Ocurrió en octubre de 1947, sesenta años atrás, pero recién comenzó a ser investigado hace tres años años por dos abogados, Julio Cesar García y Carlos Alberto Díaz, quienes a instancias de las comunidades pilagás presentaron el 1 de abril de 2005 una denuncia contra el Estado Nacional en el Juzgado Federal de Formosa por crímenes terribles contra el pueblo indígena.
Jorge Pedrozo y Fredy Trinidad, secretario y subsecretario, respectivamente, de la Asociación Judicial de Formosa, filial de la FJA, confirmaron la existencia de la causa y sostuvieron que la masacre contra el pueblo pilagá, que involucra además a los pueblos wichí, toba y mocoví, es uno más de la serie que se ha desatado contra los pueblos originarios, pero quizás haya sido el que arrojó mayor cantidad de muertes. El pueblo de Formosa –añadieron- exige que se haga justicia.
Antropólogos forenses, por orden judicial, comenzaron a realizar exhumaciones en Rincón Bomba, tierras de la gendarmería cercanas a la localidad de Las Lomitas, en donde hace sesenta años habrían sido enterrados cientos de cuerpos. De todos modos, los presupuestos para las excavaciones fueron escasos, y esto ha hecho que se retrase el total esclarecimiento de la masacre y que continúe tan tapada como los cuerpos enterrados en Rincón Bomba.
Veamos cómo sucedieron los acontecimientos.

Así fueron los hechos

En marzo de 1947 miles de hombres, mujeres y niños comenzaron la marcha desde Las Lomitas, en Formosa, hasta Tartagal, en Salta. Eran braceros pilagás, tobas, mocovíes y wichís. Les habían prometido trabajo en el Ingenio San Martín de El Tabacal, propiedad del magnate Robustiano Patrón Costas. Les iban a pagar 6 pesos por día. Eso justificaba esa caminada de días y noches, más de cien kilómetros con hambre, cargando penurias y humillaciones. En abril llegaron a El Tabacal, se instalaron en las inmediaciones y empezaron a trabajar en la caña de azúcar. A trabajar todos, mujeres y chicos también. Pero cuando fueron a cobrar llegó la estafa: les quisieron pagar solo 2,50 pesos por día. Los caciques protestaron. Pidieron un encuentro con don Robustiano o cualquiera otra autoridad del ingenio. Nadie los escuchó. Pocos días después, Patrón Costas dio la orden de echarlos sin ninguna consideración.
Miles de indígenas –se estima que eran 8.000- con escasísimos alimentos que les dieron pobladores de El Tabacal, emprendieron la retirada a Las Lomitas. Otros más de cien kilómetros a pié con níños, ancianos y el hambre que se fue acumulando en cuerpos huesudos y panzas desnutridas. Se instalaron en un descampado llamado Rincón Bomba, cercano al pueblo. Encontraron allí no sólo un madrejón que les proporcionaba agua, un recurso fundamental teniendo en cuenta el lugar hostil y las elevadas temperaturas, sino también compañía: ahí asentaban grupos de su misma etnia.
Estaban agotados y enfermos. Recuerdan algunas pocas crónicas de la época y lo confirman las presentaciones de los abogados García y Díaz, las madres indígenas recorrían las calles de Las Lomitas y de los parajes vecinos para pedir un poco de pan. La estafa que había protagonizado Patrón Costas contra los braceros se fue corriendo de boca en boca. Por aquel entonces Formosa no era provincia, los gobernantes eran designados por el poder central, es decir, por el presidente Juán D. Perón. Los pilagás decidieron formar una delegación para ir a pedir ayuda. Al frente se pusieron tres caciques, Nola Lagadick, Paulo Navarro (Pablito) y Luciano Córdoba. Hablaron con la Comisión de Fomento. Y también con el jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, comandante Emilio Fernández Castellano. El Presidente de la Comisión de Fomento se comunicó con el gobernador de Formosa, Rolando de Hertelendy, y éste con el gobierno nacional. Al enterarse, el presidente Juan Domingo Perón mandó inmediatamente tres vagones de alimentos, ropas y medicinas.
Los tres vagones llegaron a la ciudad de Formosa a mediados de septiembre. Pero el delegado de la Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz, dejó los vagones abandonados en la estación tras ser despojados de más de la mitad de sus cargas. Salieron diez días después y llegaron a Las Lomitas a principios de octubre. Los alimentos estaban en estado de putrefacción. Pero aún así los repartieron en el campamento indígena. Las consecuencias fueron de espanto: al día siguiente amanecieron con fuertes dolores intestinales, vómitos, diarreas, desmayos, temblores, por lo menos cincuenta indígenas murieron, en su mayoría niños y ancianos. Al principio fueron enterrados en el cementerio de Las Lomitas, luego les cerraron las puertas y los cadáveres tuvieron que ser llevados al monte. Cuentan que noche tras noche retumbaban los instrumentos en las ceremonias mortuorias. La indignación fue lógica. Las crónicas locales propalaron la versión de que la bronca se convertiría en estallido contra los habitantes y se infundió miedo.
Los indios denunciaron que habían sido envenenados. El presidente de la Comisión de Fomento de Las Lomitas, a su vez, fue a hablar varias veces con el comandante de los gendarmes. Le decía que el pueblo tenía miedo que los hambrientos los atacaran… Obvio, después de las muertes por alimentación podrida, este rumor creció. La Gendarmería rodeó el campamento indígena con cien gendarmes armados y prohibió a los pilagás entrar al pueblo.
Frente a tanta agresión y desprecio, el cacique Pablito pidió hablar con el comandante. El oficial aceptó encontrarse en el atardecer, pero a campo abierto. Allí estuvieron. Era el 10 de octubre. El cacique avanzó seguido por más de mil mujeres, niños, hombres y ancianos pilagás con retratos de Perón y Evita. Enfrente, desde el monte vecino, cien gendarmes los apuntaban con sus armas. Los indios habían caído en la trampa. El segundo comandante del Escuadrón, Aliaga Pueyrredón, dio la orden y las ametralladoras hicieron lo suyo. Cientos de pilagás cayeron bajo las ráfagas. Otros lograron escapar por los yuyales pero la Gendarmería se lanzó a perseguirlos: "que no queden testigos", era la consigna de los matadores. La persecución duró días hasta que fueron rodeados y fusilados en Campo del Cielo, en Pozo del Tigre y en otros lugares. Luego -señala la presentación de los abogados-, los gendarmes apilaron y quemaron los cadáveres. Según la presentación ante la Justicia, fueron asesinados de 400 a 500 pilagás. A esto hay que sumarle los heridos, los más de 200 desaparecidos, los niños no encontrados y los intoxicados por aquellos alimentos en mal estado. En total, se calcula que murieron más de 750 pilagás, wichís, tobas y mocovíes.
Los diarios de aquel tiempo dieron informaciones muy confusas sobre lo que había sucedido, pero ninguno señaló al gran responsable, al hombre fuerte de la oligarquía, dueño del ingenio San Martín, don Robustiano Patrón Costas. Es más, algunos medios informaban de una sublevación. El diario “Norte” del 11 de octubre escribió –una rutina tan presente en todas las dictaduras genocidas- que hubo enfrentamientos armados. “Extraoficialmente informamos a nuestros lectores –señalaba- que en la zona de las Lomitas se habría producido un levantamiento de indios. Los indios revoltosos pertenecen a los llamados pilagás quienes, según las confusas noticias que tenemos, vienen bien provistos de armas (...) Ya se habrían producido algunos encuentros, no se sabe si con los pobladores de la zona o con tropas de la Gendarmería Nacional”.
A nivel del gobierno se trató de ocultar todo.
Hoy quedan aún pilagás que vivieron la masacre de Rincón Bomba y están dispuestos a dar su testimonio. Uno de ellos es el actual cacique Alberto Navarrete, un anciano que habla un castellano articulado como si fuera el idioma pilagá, y que le dijo a la enviada de la revista “Momarandu” que recordaba que era pequeño cuando ocurrieron los hechos. El era uno más de los que regresaban de Salta despedidos del ingenio San Martín. “Yo me estoy acordando del ´47. Gente amontonada en madrejón. Gendarmería disparó. Nosotros pudimos correr al monte. Yo visto eso. Yo declaré eso. Era 6 de la tarde. No teníamos armas nosotros. Correr nomás. Ellos tenían ametralladoras… No sabemos que pasó con todos, con las tolderías. Antes ya habían muerto envenenados. Yo visto eso. Muchos visto tirados, no se si los enterraron. Nosotros queremos saber”.
Las excavaciones fueron autorizadas en diciembre de 2005 por el juez federal formoseño Marcos Bruno Quinteros, en el predio cercano a Las Lomitas que desde 1987 pertenece a Gendarmería. Otro sobreviviente de la masacre colaboró con la identificación de la zona, ahora convertida en un bosquecito. Sin embargo, las exhumaciones debieron suspenderse el 30 de diciembre del 2005, a pocos días de iniciarse, por la feria judicial. Los patrocinadores de la causa resolvieron pedir ayuda económica a Nación porque consideran que están ante una tarea de investigación que demandará meses de trabajo en el lugar.
Estamos pues a sesenta años de la masacre, no vaya a ser que con la excusa de la falta de presupuesto en el Poder Judicial, todo siga tapado.

El pueblo pilagá

Los pilagás –principales víctimas de la matanza- son un pueblo de la familia Guaycurú que habita en el centro de la provincia de Formosa y en Chaco. Junto a los abipones, mocovíes y tobas, fueron llamados “frentones” por los españoles, y guaycurúes por los guaraníes por la costumbre de raparse la parte delantera de la cabeza. Hablan su propio idioma junto con el castellano. Actualmente existen unos 10.000 pilagás repartidos en 19 comunidades en el centro de la provincia de Formosa. Antiguamente fueron cazadores y recolectores. Entre los frutos que recolectaban estaban los del algarrobo, chañar, mistol, tuna y del molle.

Robustiano Patrón Costas

Se trata del más conspicuo político de la oligarquía en la década del 40 del siglo XX. Había nacido en 1875 y el gobernador de Salta lo nombró Ministro de Economía provincial en 1908, oportunidad en que con su hermano Juan se apropiaron de tierras del departamento de Orán que pertenecían a las comunidades indígenas. Con la llegada del ferrocarril, una década después, establece asentamientos indígenas para asegurar mano de obra barata, casi siempre a cambio de vales, y funda el Ingenio San Martín de El Tabacal a partir de lo cual amasa una fortuna con la comercialización de azúcar. Se convierte en el más alto representante político de los terratenientes, es designado presidente del Partido Demócrata (conservador), asume como gobernador de Salta, funda la Universidad Católica de la provincia, luego es elegido senador y jura como presidente del Senado de la Nación. Acuerdan los conservadores con el radicalismo antipersonalista la fórmula presidencial de la denominada “Concordancia”. Esa fórmula será Patrón Costas-Iriondo, pero no llegará el momento de las urnas porque irrumpe el golpe de Estado de 1943. Don Robustiano muere en 1965 sin que sobre él cayera condena alguna por los crímenes de la Masacre de Rincón Bomba.
En cuanto a su Ingenio San Martín, en 1996 es adquirido por el grupo norteamericano Seabord Corporation, beneficiario de la cuota azucarera que Estados Unidos le asigna a Argentina.

A CIELO ABIERTO

La tierra desgarrada


Por Arturo M. Lozza

Camionadas de cianuro empezaron a surcar las rutas argentinas desde el puerto hasta la Cordillera para surtir a las minas a cielo abierto de las trasnacionales. Nos dejan el veneno y se llevan el oro y la plata.

La lixiviación es una palabra extraña al oído del inexperto, pero es bueno que la vayamos conociendo porque así se denomina al método que se está empleando en la minería a cielo abierto a pesar de que envenena la tierra, las vertientes y al hombre.
Se trata del proceso por el cual, mediante un disolvente líquido, se separa la materia deseada del cuerpo que la contiene. Por ejemplo, el azúcar se aísla de la remolacha por lixiviación con agua caliente, y los aceites vegetales se recuperan mediante la lixiviación con disolventes orgánicos. Pero el caso es que al oro, o la plata, u otros minerales afines, también se los separa de la roca por lixiviación, con la diferencia que el líquido disolvente que se utiliza no es el agua caliente ni material orgánico, sino cianuro de sodio, si, el mismo fulminante veneno que utilizaban los Borgia en épocas del Renacimiento para deshacerse de sus enemigos, y que hoy las trasnacionales de la gran minería lo usan para recuperar los metales del resto del material removido. Luego de haber cumplido su función, ese cianuro es derramado en los ríos y arroyos, los que irán contaminando a su paso paisajes y poblaciones.
Según el Instituto del Oro (Gold Institute, 1993), la producción de oro por el proceso de extracción por lixiviación con cianuro aumentó de 468,284 onzas en 1979 a 9,4 millones de onzas en 1991. Para alcanzar el nivel de producción de 1991, se trataron más de 683 millones de toneladas de mineral con cianuro. No poseemos las cifras actuales, pero imaginémoslas.
Sin lugar a dudas, ninguna actividad industrial es tan devastadora como la minería a cielo abierto. Porque a la lixiviación por cianuro se le suman otros factores destructivos de vastísimas proporciones. Veamos.

Paisajes que no serán

Las minas a cielo abierto son aquellas cuyo proceso extractivo se realiza en la superficie y con maquinarias de grandes dimensiones que desgarran la tierra en amplios perímetros. Esta es la minería que prevalece, aquella otra, la de nuestros abuelos, la de las minas con el obrero metido en túneles con picos y palas, se está extinguiendo, especialmente cuando se trata de la extracción de minerales como oro, plata, estaño, cobre, hierro y otros.
A cielo abierto se remueven grandes cantidades de suelo y subsuelo, pero el mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas en relación con la cantidad del material removido. Por eso, los yacimientos abarcan grandes extensiones, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad.
Para tener una idea de la devastación que se ocasiona a enormes dimensiones de terreno, digamos que para extraer solo 0.01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada de suelo. No importan que sean bosques, laderas de montaña, cuencas hidrográficas, suelos agrícolas o que en esas zonas se desarrollen pueblos y culturas de poblaciones originarias. El metal extraído cotiza en dólares o euros, los paisajes y culturas a destruir, no.
En la explotación, además del cianuro, se apela a cantidades enormes de otros materiales químicos y tóxicos que se depositan en los alrededores junto con rocas trituradas y tierra desgarrada convertida en lodo contaminante.
Pasan las máquinas y las montañas son trasformadas en terraplenes. Arroyos de aguas cristalinas secan luego de habérseles extraído millones de hectolitros, esa agua será volcada en otras vertientes, pero llevando el cianuro y los tóxicos. Una vez extraído el mineral, el cráter dejado por las excavaciones se convertirá en lago, habrán cambiado los paisajes y las alturas trasformadas en mesetas desoladas. Las economías locales habrán colapsado y las poblaciones desplazadas.

Glaciares sin protección

Con abundancia de elementos se trató el caso en el Congreso de la Nación, cuando el año pasado se aprobó la ley de protección de los glaciares para impedir las devastaciones, pero la ley fue vetada por el Ejecutivo a instancias del poder político de las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca donde las coimas y compras de voluntades por parte de las trasnacionales mineras son moneda corriente en Argentina, y no solo en Argentina.
Mucho dinero invierten las trasnacionales en este sector. Junto con los hidrocarburos y los fármacos, la minería quizás sea una de las actividades industriales que más réditos estén dejando.
Según datos de la Secretaría de Minería, entre 2003 y 2007, el total de inversiones acumuladas se multiplicó por más de ocho, pasando de 660 millones a 5.600 millones de dólares. Pero solo la Barrick Gold, la mayor trasnacional en el negocio del oro, con accionistas de la talla de George W. Bush, tiene previsto 3.600 millones de dólares a partir de 2009 para explotar los yacimientos de Pascua Lama, en la frontera con Chile, a 5.500 metros de altura (ver recuadro).
Estas inversiones se han beneficiado por un escandaloso marco legal creado durante el menemato, la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) por el cual el Estado tiene prohibido explotar los recursos mineros: solo le es permitido hacerlo a los capitalistas. Increíble, pero cierto: es quizás la única ley que impide taxativamente a un gobierno intervenir sobre las riquezas de su propio territorio, a no ser en exploración e investigación para beneficio de aquellos intereses que se pongan a extraer el mineral.
Catamarca fue la encargada de arrancar con el primer megaproyecto para extracción de oro y cobre: Bajo La Alumbrera, de las trasnacionales Xstrata Plc, de Suiza, Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá. La actividad empezó en 1997 y hoy se trata de la mina más grande del país. Desde entonces las denuncias por contaminación se fueron sucediendo: toxicidad en las aguas superficiales y freáticas, afectación de los suelos, impacto sobre la flora y fauna, cambios en el micro clima, impacto escénico en la Cordillera posterior a la explotación, derrames del mineraloducto que recorre 316 kilómetros entre Catamarca y Tucumán, vertido de efluentes líquidos de su planta de filtrados al canal DP2, etc.
Hoy, las poblaciones se miran en el espejo de La Alumbrera para cerciorarse del futuro que les aguarda.

No a las minas

Pero fue en la chubutense Esquel donde la megaminería encontró un primer gran escollo. Allí, luego de conformar una asamblea multisectorial, la población llamó a una consulta popular que en marzo de 2003 arrojó un rotundo “no” a las contaminadoras trasnacionales y desembocó en la primera ley provincial de prohibición de este tipo de minería. A partir de entonces, se registran movilizaciones multisectoriales, asambleas, acciones promovidas por la CTA y otras expresiones contundentes en rechazo a la minería de la destrucción ambiental.
Entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, se sumaron siete provincias que sancionaron leyes prohibiendo este tipo de explotación minera. Hoy existen unas 70 asambleas de vecinos autoconvocados y cada vez son más las comunidades informadas que toman conciencia de lo que significa la instalación de un emprendimiento minero a cielo abierto.
El 11 de mayo último más de 1500 personas, con banderas, carteles caseros y ánimos de indignación marcharon desde Juella a Tilcara, Jujuy, pidiendo por el cierre de las mineras de uranio a cielo abierto y reafirmando su voluntad de defender la tierra, el agua y el aire de la Quebrada de Humahuaca. La decisión fue de resistir “con la fuerza que nos da la defensa de lo nuestro y de los nuestros, de nuestra salud y del futuro de nuestros hijos, de nuestras formas de vida, de nuestra cultura y de nuestra Madre Tierra”.
La pelea recién empieza. La lucha actual de los nativos en la amazonia peruana para impedir que las trasnacionales se hagan cargo de la explotación minera y petrolera de 45 millones de hectáreas de su territorio, es un paso histórico.
De todos modos, en Argentina son numerosos los proyectos para instalar nuevos emprendimientos, entre ellos, Agua Rica, que pronto entraría en explotación en Catamarca (tres veces más grande que La Alumbrera), Famatina, en La Rioja, y Pascua Lama en San Juan.
Mientras tanto, después de lo de Esquel, ninguna otra consulta popular fue permitida. Es más, los gobiernos de San Juan y La Rioja ejercen censura para impedir que se conozcan los daños irreversibles de la minería a cielo abierto y los intereses económicos que unen a sus gobernadores con las trasnacionales.
Bajo ese manto de ocultamiento y de legalidad entreguista, la explotación a cielo abierto avanza silenciosa y vertiginosamente como una de las expresiones más despiadadas del capitalismo.

----- La destrucción del glaciar Pascua Lama

La empresa canadiense Barrick Gold ratificó que comenzará con las obras del cuestionado proyecto de Pascua Lama aprobado por los gobiernos de Chile y Argentina. Las obras finalizarán hacia fines de 2012 o principios de 2013, si es que las reacciones del pueblo no le ponen freno. En el caso que los planes se concreten, ello significará la destrucción de montañas y del glaciar Pascua Lama para poder extraer de 750.000 a 800.000 onzas de oro anualmente, más 35 millones de onzas de plata una vez que opere plenamente.
La explotación minera está situada en la Cordillera de los Andes, en una amplia extensión que abarca territorio argentino y chileno, lo que la convierte en el primer proyecto minero binacional del mundo y en una de las explotaciones auríferas mayores del planeta.
Barrick Gold se llevará el oro y la plata, Argentina y Chile quedarán con las tierras y aguas contaminadas, con la Cordillera aplanada, sin el Pascua Lama y sin las riquezas paisajistas y de flora y fauna de la zona.
Según se desprende de los propios datos que la Barrick Gold entregó a la provincia de San Juan, la explotación de Pascua Lama demandará en tres años:
* Roca removida con explosivos: 1.806 millones de toneladas (82% será mineral estéril), es decir, 4 toneladas de roca cada 1 gramo de oro.
* Agua: 135 millones de m3 (135.000 millones de litros).
* Cianuro de sodio: 379.428 toneladas (transportado en 29.946 camionadas los cientos de kilómetros desde el puerto hasta la mina).
* Explosivos: 493.500 toneladas.
* Gasoil: 943 millones de litros.
* Nafta: 19 millones de litros.
* Lubricantes: 57 millones de litros.
* Electricidad: 110 MW de potencia promedio a partir del 3º año.

LA VENGANZA DE LOS CULPABLES

Por Arturo M. Lozza

Mientras el “gatillo fácil” continúa asesinando niños, legisladores han dado media sanción a un proyecto de ley que baja a 14 años la edad de la imputabilidad. Así, bajo el manto del miedo, se intenta una vez más victimizar a las víctimas.



Cuando a Elías Neuman, el más renombrado jurista penal del país, se le preguntó qué opinaba acerca de bajar la edad de imputabilidad a los menores que delinquen, respondió tajante:
“Todo esto tiene tufillo de venganza, no de justicia. Ningún criminólogo del país va a decir que, si las penas son mas duras, la delincuencia va a disminuir. Lo que hace que la delincuencia disminuya son medidas sociopolíticas, como el pleno empleo”.
El tufo a venganza, obviamente, es el que se desprende de una sociedad dominante, de mentalidad pacata, que se niega a ver más allá de sus narices las causas de la delincuencia juvenil, que irradia miedos a borbotones y exige más y más represión. Es la venganza de los que viven en la burbuja de un sistema tan caduco pero, para ellos, tan intocable. No es, pues, la venganza de los inocentes sino la de los culpables que, además, tienen sus representantes en el Congreso, lugar donde se dio media sanción en el Senado a un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De aprobarse, se mandará a las escuelas de la delincuencia –las prisiones- a nuevos contingentes de purretes cada vez más jóvenes. Todo en nombre de la “seguridad”.
“Hablamos de inseguridad social y la hay y es terrible –nos dice Elías Neuman- pero es la inseguridad social de la clase media y alta. La de la clase de abajo también habría que analizarla y esa también se tendría que llamar inseguridad social, ya que cuando decimos hambre, estado de subnutrición, falta de trabajo, todo eso también significa inseguridad”.
Y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, increpa: ¿Por qué no hablamos de la inseguridad de los niños y adolescentes? Porque, en la realidad, los jóvenes en la pobreza son el blanco preferido de los represores con uniforme Veamos:
El informe, el décimo cuarto elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, indica que en los primeros diez meses de 2009 se registraron 269 muertes y que “policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2.826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta hoy”. El 51% cayó víctima del “gatillo fácil” y el 33% murió en cárcel, comisaría o bajo custodia.
En la madrugada del 17 de junio último, en el asentamiento Alto de Bariloche –el más humilde barrio de la zona- un cabo de la Comisaría 28 asesinó a Diego Alexandre Bonefoi: el balazo del “gatillo fácil” le atravesó la cabeza. El estallido de indignación de la población fue reprimido con similar saña y hubo más muertes y heridos. La venganza se cobraba así más víctimas, quizás las que superan el número de 3.000.
Pero si tenemos que hablar de la inseguridad de los jóvenes pobres debemos agregar otros datos:
-Hay cientos de chicos secuestrados, violados, desaparecidos y los culpables en su mayoría se encuentran en libertad con impunidad.
-Hay 20.000 menores al año que mueren anualmente por complicaciones derivadas de la desnutrición.
-Había 19.579 niños, niñas y jóvenes de hasta 21 años de edad privados de libertad en todo el país en 2006, pero la cifra total real sería entre 25 y 40% mayor, según reconoció Victoria Martínez, directora nacional de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos. La mayor parte de estos Institutos de encierro o internación distan de ser los ideales para una reeducación e inclusión social de los chicos.
-Hay todavía millones de chicos que se crían en la pobreza y marginalidad, que no cubren necesidades básicas y viven en precariedad, chicos que por ser hijos de desocupados –en dos, tres o cuatro generaciones- desconocen la cultura del trabajo.
-Hay trabajo infantil ilegal, explotación, en las urbes y en el campo. La mendicidad la vemos a diario: recolección de residuos en la vía pública (cirujeo); venta ambulante; reparto de estampitas en medios de transporte; venta de productos o flores en bares y restaurantes; acompañantes de adultos que venden o mendigan en transportes o en la calle; el realizado en empresas; microempresas o subsidiariamente en grandes empresas; el trabajo doméstico en hogares de terceros o en el propio en ausencia del los padres en forma habitual; la explotación sexual con fines comerciales, la pornografía y el turismo sexual; tráfico de drogas; servicios a automovilistas en la vía pública (limpia vidrios, abre puertas, malabaristas, etc.); lustrabotas…
De estas cosas no hablan los campeones de la “seguridad”, su discurso es otro, el de elevar la edad de la imputabilidad o el de la purificación por plomo. Un ejemplo de ese vocabulario: el 17 de mayo, el Tribunal Criminal nº 1 de Bahía Blanca anunció la absolución del policía que asesinó a un joven. Su defensor, un abogado muy caro, lanzó todo el odio de las clases altas en su grito de victoria: "Si no era absuelto, las ochenta tribus urbanas que aguardaban un fallo condenatorio hubieran tenido piedra libre para asolar, más aún de lo que ya lo están haciendo, a la ciudad. La Policía está harta de ser convocada para detener a quienes los jueces de Garantías, que actúan con total impunidad, luego no tienen empacho en poner en libertad para que vuelvan a delinquir".
Sin embargo, este discurso represor irracional esconde una verdad: detrás de la delincuencia juvenil existe un sistema de reclutamiento de menores para el financiamiento ilegal de la policía. Y para que esa delincuencia le sea rentable a la caja policial, la “Justicia” debe hacer la vista gorda cuando el contubernio se denuncia.
Un estudio de la Asociación Judicial Bonaerense señala que en el departamento judicial de La Plata, al menos veintiséis Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en la que se constata hostigamiento policial a menores y se denuncia su reclutamiento para delinquir en zonas liberadas, 19 de ellas están empantanadas.
Si bien los delitos juveniles existen –agrega la investigación-, la promoción del miedo social para endurecer las leyes o ganar discrecionalidad policial, también. Contrariamente a la construcción mediática y a su representación inducida en el imaginario colectivo, las ultimas estadísticas de la Procuración de la Corte de la provincia de Buenos Aires sugieren que la participación juvenil en el delito dista de ser significativa respecto de las cifras globales: de los 337.977 delitos denunciados en el primer semestre de 2009, solo 13.728 (4%) fueron cometidos por menores de edad. De esos 13.728 delitos, la mayoría son robos a la propiedad, y solo 141 son homicidios, es decir un 1.02% de los delitos denunciados contra menores. Además, no son los chicos los que están detrás de los desarmaderos, ni de ninguna red de narcotráfico, ni detrás de los grupos económicos que se enriquecen a costa del hambre que es un crimen. Es posible que sí lo estén, en cambio, muchos de los poderosos que impulsan el proyecto en cuestión.
El 18 de mayo un amplio espectro de organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y políticas, entre ellas la CTA, junto a cientos de niños y jóvenes, realizaron una audiencia pública en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación en rechazo al articulado del proyecto de ley que establece la baja de la edad de imputabilidad para adolescentes y que posee la aprobación del Senado de la Nación. En dicha audiencia se fundamentó la negativa a la baja de imputabilidad, porque –se sostuvo- “la gran mayoría de los niños, adolescentes o jóvenes que comete un delito poseen historias de vidas marcadas por la vulneración de sus derechos. Por lo tanto, nos parece hipócrita reconocer rápidamente a un pibe como victimario, y al mismo tiempo, desconocer la responsabilidad de una sociedad que lo victimiza”.
El documento añade algo que es fundamental: “Sabemos que la única respuesta real es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza”. El proyecto va en dirección opuesta, es más de lo mismo a la hora de criminalizar la pobreza y judicializar a esa juventud a la que la sociedad le ha cerrado las puertas de la inclusión.
“Esos pibes son los que hoy muchas veces no tienen esperanza, no tienen proyecto de vida y a esos pibes es a los que hoy se los quiere penalizar”, sostuvo la dirigente de la CTA bonaerense y diputada nacional Inés Farina. En esta concepción represora, lamentablemente, está embarcada la gestión del gobernador Daniel Scioli.
Precisamente, el último informe del Observatorio de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ha expresado “la gran preocupación por el elevado número de denuncias en la provincia de Buenos Aires (120 registradas entre 2007 y 2009) por delitos contra menores cometidos por la policía y otras fuerzas del orden”. Y en esa dirección ejemplifica con el caso de desaparición forzada del niño Luciano Arruga durante su detención policial en enero de 2009, e interroga el por qué la investigación de las denuncias no se puso en marcha con prontitud.
Por esta senda, por la de elevar aquellas medidas que fortalecen la impunidad de un aparato represivo todavía en buena medida con orientación autoritaria, coimera, corrupta y conservadora, lo único que se logra es consolidar una modelo de sociedad orientada contra la pobreza y sus protestas. Esto va a contramano de medidas positivas, por ejemplo, la asignación universal para los pibes de bajos recursos que permitió que este año se eleve la matrícula escolar en un 25%.
Es justamente porque en la provincia de Buenos Aires se va a contramano, un amplio abanico de personalidades y organizaciones sociales, entre ellas la CTA, se presentó públicamente en La Plata en junio último para dar a conocer el “Acuerdo para la Seguridad Democrática”, y plantear “otro paradigma para pensar la seguridad”. Un paradigma que contemple la democratización de las fuerzas de seguridad, el rechazo a los discursos de mano dura, la implementación de políticas que no criminalicen la pobreza y frenar las modificaciones legislativas orientadas a criminalizar la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niños en situación de riesgo, impulsando en su lugar iniciativas orientadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población

El deshábitat

Desde las profundidades sociales de urbes y regiones castigadas por las leyes del mercado y convertidas en deshábitats, van emergiendo las nuevas formas que pelean por vivienda y por un hábitat de dignidad, solidaridad y justicia.

Por Arturo M. Lozza

El hábitat del ser humano tendría que ser el espacio que reúne las condiciones adecuadas en todos los ámbitos, desde los físicos hasta los culturales y sanitarios, para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. Pero desde hace mucho, por efectos del negocio inmobiliario, de las profundas desigualdades e injusticias sociales, por la contaminación que emana de las entrañas del capitalismo, y por tantos otros factores, ese hábitat ideal para la residencia y perpetuación de la especie humana se ha convertido en un deshábitat donde imperan las leyes del mercado y no las de la naturaleza y la solidaridad.
El deshábitat es el mayor escenario de las diferencias de clase. De un lado aparecen rascacielos, latifundios, estancias y lujos del poder dominante, y más allá, en la otra punta, circundando al privilegiado suelo de los dominadores, se desparraman las miserias, hacinamientos, veredas, portones y bajopuentes convertidos en vivienda, hay inmuebles tomados por ocupantes desesperados, conventillos, ranchos de antiguos moradores de los montes arrasados por la mecánica destructora de la soja, construcciones precarias que no soportan los temblores de la tierra, habitáculos que se desploman por el lodo, las lluvias y los ríos desbordados, montones de hijos entre basurales, una minería a cielo abierto que aplana montañas y expande el cianuro por las vertientes…Y entre medios, las habitaciones de comerciantes y profesionales, los barrios de viviendas autoconstruídas o donde reina el negocio inmobiliario, con precios del suelo urbano que son inalcanzables para el trabajador, y con locaciones que exigen más de un salario mínimo para sobrellevarlo.
Los dominadores del desábitat han cambiado el clima, han exterminado bosques, han dañado la capa de ozono, acumulan una deuda climática millonaria porque su proceso de industrialización irracional generó el 75% de los gases que causan el recalentamiento del planeta. Estos son los paisajes del capitalismo, los del deshábitat.
Crecen los vacíos regionales y, por el contrario, se eleva la cantidad de habitantes en las grandes urbes. El 80% de la población latinoamericana vive en ciudades -el doble que en los años cincuenta- y como consecuencia aumenta la vulnerabilidad urbana y habitacional ante eventos y amenazas naturales. En el desábitat latinoamericano el 55% de los pobladores viven su privacidad en casas precarias y la pobreza urbana alcanza al 43% de la población: 18% en situación de indigencia, y 7 de cada 10 empleos son informales. Es cada vez más amplia brecha entre ricos y pobres.
América Latina necesita unas 40 millones de viviendas para cubrir el déficit en este sector, según Ricardo Jordán, representante de la División de Asentamientos Humanos y Desarrollo Sostenible de la CEPAL. Sin embargo –añade- el déficit cualitativo en vivienda "es mucho peor" que el cuantitativo porque 128 millones de personas tienen casa, pero con débil infraestructura y sin servicios básicos ni legalidad en la posesión.
¿Cuál es la situación de Argentina? Según el censo de 2001, una de cada tres familias tiene graves problemas habitacionales, hay 500.000 viviendas irrecuperables, 1.650.000 en condiciones precarias, 900.000 familias que viven en condiciones de hacinamiento. Los conventillos en La Boca, San Telmo, Constitución, Barracas y otras zonas de la ciudad de Buenos Aires son un botón de muestra.
Si hace unas décadas no tener la casa propia en condiciones dignas de habitabilidad era un problema privativo de los sectores populares bajos, hoy afecta también a los sectores medios que ven dificultado su acceso a las viviendas alquiladas y al crédito, áreas hegemonizadas por un mercado inmobiliario orientado a las capas más enriquecidas de la sociedad.
El esquema mercantilista afecta sobre todo a los jóvenes que tanto en el conurbano como en las provincias, ante la falta de viviendas cuando forman una pareja o ya tienen hijos, realizan las tomas de tierras fiscales o de edificios abandonados para convertirlos en asentamientos precarios. En esta pelea por hacer valer derechos humanos, estos ocupantes ejercen el derecho a la ciudad.
Y aquí empecemos a señalar lo maravilloso. Maravilloso es que desde las entrañas sociales de ese deshábitat, emerge la dignidad del hombre que reivindica al hábitat y se expresa en la lucha por conquistar el derecho a la tierra y al suelo para la vivienda digna en la ciudad. Nacen cooperativas y experiencias autogestionarias colectivas; cuando con la crisis los barrios periféricos fueron cementerios de empresas, los obreros ocuparon espacios y crearon el movimiento de fábricas recuperadas; y cuando las mineras empezaron a envenenar el medio ambiente, surgieron las peleas en defensa del hábitat en Esquel, Andalgalá, San Juan, Neuquén y La Rioja que, en esencia, son todas experiencias de tipo socialista y partes del nuevo momento que vive América latina.
Ese momento, en escala mayor, lo acabamos de vivir en Cochabamba este abril, donde las organizaciones sociales, obreras y campesinas, en la Conferencia Mundial Alternativa sobre Cambio Climático que convocó el presidente de Bolivia, Evo Morales, levantaron una frontal propuesta contra el modelo de desarrollo capitalista.
Si, compañero del deshábitat, vivir este momento es algo apasionante, más allá de las pelotudeces que impide tantas veces que nos conozcamos mejor unos a otros. Cuando eso suceda, conquistaremos el hábitat. Sin dudas.

Negocios en la CABA

El macrismo es un gran operador del comercio inmobiliario. En su visión, el suelo es la base de grandes negocios y su práctica respecto de los sin techo es expulsiva. Este accionar se ve en la práctica cuando se decide desalojar a 500 familias que se ubicaron frente a la Villa 21 para destinar el terreno a la Unión Industrial Argentina.
En la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto para viviendas pasó de 500 millones a 120: alcanza sólo para financiar al personal de planta del área. La opción es seguir mandando a la gente a hoteles e inquilinatos miserables por unos meses, y después a la calle.
Se asiste al vaciamiento presupuestario del Instituto de la Vivienda; al vaciamiento de la Ley 341 que había probado un grado de eficacia y de participación en la toma de decisiones en torno a la situación de vivienda de la Ciudad.
Hoy tenemos 150.000 familias en la CABA que ocupan edificios abandonados. El universo crítico es de 600.000 personas que viven en ocupaciones, en villas miserias y en inquilinatos. Otras miles de familias de sectores medios están afectados por la valorización del suelo urbano y la inaccesibilidad al costo de las locaciones. Es la consecuencia de la ley de mercado.
Según el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y de datos oficiales fragmentarios, se han estado desalojando un mínimo de 5 mil familias por año (2007, 2008, 2009), son por lo menos 15.000 familias en tres años, toda una sangría social, han sido expulsados al segundo o tercer cordón del Gran Buenos Aires o a sus provincias de origen. No hay nada en contra de vivir en esos lugares, son familias que han sido expulsadas de su lugar natural, cosa que es uno de los reclamos básicos de la pelea por los derechos a la vivienda, que es la posibilidad de vivir en el lugar donde uno tiene construidos sus vínculos familiares, sociales, donde los pibes que van al colegio, donde está el comedor que los asiste, donde está la red que lo contiene.

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No solo del techo vivimos

Reportaje a Nestor Jeifetz, titular del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)


-¿Cómo encarar la pelea por la vivienda?

- Como el hábitat implica una noción de integralidad, nosotros no planteamos políticas techistas, aunque luchamos por el techo, sino que hablamos de políticas de hábitat. Y la pelea por la vivienda, es parte de ella, arranca desde una noción colectiva, y si no es colectiva no arranca desde ningún lado. Aquellas medidas que encuadran desde la lógica de la acumulación de capital, pasaron las décadas, y no han aportado soluciones integrales. Porque la problemática popular es así solo una excusa para la ganancia empresarial. Cuando planteamos el tema autogestionario es, entre otras cosas, plantear que nuestro pueblo tiene las capacidades de sobra para materializar el hábitat en el marco de contenidos de trasformación. Puerto Madero lo construyó nuestra gente con la intervención de un Estado que le regaló y que sigue subsidiando estructuralmente una herramienta estratégica como es el suelo urbano. Puerto Madero se hizo sobre la base de transferir al capital inmobiliario concentrado el suelo de mayor centralidad que, supuestamente, es patrimonio de todo el pueblo. El que produce Puerto Madero, sin embargo, es el que vive en la 31, en los hoteles o en inquilinatos o edificios ocupados. Esas son las fuerzas del trabajo explotadas por el capital inmobiliario con la complicidad del Estado. Y Puerto Madero, que lo levantaron los pobres con su fuerza laboral, ha sido destinado a los ricos. Cuando peleamos por la vivienda, jamás dejamos de señalar esta injusticia social.

-El MOI propone la autogestión colectiva. ¿Cual es el concepto de autogestión?

-Estamos planteando ante la Legislatura la creación de un marco autogestiónario de hábitat. Veamos: por un lado hay producción empresarial, por otro lado hay o tendría que haber producción estatal y que los trabajadores de la construcción se trasformen en empresa de construcción del Estado como fue Vialidad, donde la lógica no sea la ganancia; y en los términos de producción social de hábitat hay dos líneas, una es la línea espontánea de la autoconstrucción -que sigue siendo eje de construcción de pedazos de ciudad en toda Latinoamérica-, y la otra línea que es la autogestión, Cuando decimos autogestión no hablamos de espontaneidad, sino de recursos en manos del pueblo organizado, que definen las organizaciones populares, que generan nuevas relaciones sociales de producción. La autogestión no es ni autismo, ni autoconstrucción, debe ser una política de Estado que trasfiere recursos financieros o físicos a las organizaciones populares. Así como se ha dado al capital inmobiliario concentrado los terrenos de Puerto Madero, debería entregar suelos e inmuebles a las organizaciones sociales para, a partir de allí producir el hábitat, que no solo es el techo de la privacidad, sino lo que hace a toda la vida cotidiana social. No hay hábitat sin ámbitos públicos, sin educación, salud, recreación. Hábitat es la integralidad de la vida cotidiana de la población.

-Con la autogestión colectiva están planteando un cambio de fondo…

-… es que el tema autogestionario implica un proceso de trasformación de la lógica del Estado y, para nosotros, está absolutamente inserto en un horizonte de construcción socialista. Empresas de trabajadores del Estado y empresas cooperativas populares son dos ejes básicos de la construcción de una sociedad en manos del pueblo y no del capital concentrado. La autogestión es una lucha por el manejo de recursos, para que nuestra gente sea parte de todo el proceso desde la decisión hasta la puesta final. Es la lucha por el derecho a la ciudad. Precisamente,
el MOI nace del fenómeno de ocupaciones de edificios. Así como existe la ocupación de la tierra, también existen miles de familias que han decidido ocupar espacios de urbe, es el derecho a vivir en la ciudad.

-Acabas de llegar de una reunión internacional de movimientos sociales, ¿de qué se trata?

-Retornamos de una reunión de movimientos sociales en la perspectiva del ALBA y lo que acordamos es avanzar para marzo próximo a una plataforma común de movimientos sociales sobre la base de una construcción anticapitalista, antiimperialista y con un horizonte socialista. Esa perspectiva incorpora la vida urbana junto con el derecho a la tierra, Esa plataforma continental tiene que tener como componentes básicos la vía campesina por el derecho a la tierra, la vía urbana por el derecho a la ciudad, y la lucha del movimiento obrero por sus derechos. Hay en América latina una etapa de trasformación que en muchos casos está pasando la faz del progresismo. Fuimos capaces de construir un escenario de enorme cantidad de experiencias autogestionarias que están marcando un rumbo estratégico, como los movimientos de fábricas recuperadas, como el movimiento de bachilleratos populares que nacieron junto al movimiento de fábricas recuperadas impulsados en una noción de integralidad del hábitat, tenemos cooperativas que se han dado a la tarea de tomar al hábitat en sus manos y no ser meros intermediarios de las empresas privadas. Todo esto marca nuevos momentos y tenemos que afianzar y profundizar este proceso.

A.M.L

Medicinas hasta para los sanos, siempre que paguen.

Medicinas hasta para los sanos, siempre que paguen.

Dolorosas aspirinas

Por Arturo M. Lozza

En Argentina las trasnacionales de los medicamentos imponen cláusulas de dependencia. La Red de Laboratorios Públicos puede ser una poderosa herramienta para ponerle límites.

Los medicamentos son tan antiguos como la aparición misma del hombre, En un principio fueron elementos naturales surgidos de la naturaleza, pero en 1897 un tal Félix Hoffman, fabricante de tinturas de la casa de productos químicos Bayer, en Alemania, modificó una sustancia proveniente de la corteza del sauce y creó el ácido acetil salicílico. Así asomó el primer medicamento industrial vendido bajo una forma de especialidad farmacéutica y fue comercializado bajo el nombre de aspirina.
Un siglo después, más de 100 000 fármacos compiten en el mercado mundial y la Industria farmacéutica, con ventas en el mundo que sobrepasan los 380 billones (si, billones) de dólares anuales, es hoy la actividad más lucrativa del planeta, la que más creció en los últimos treinta años, y la segunda en cuanto a movimiento de recursos financieros.
En efecto, el primer lugar lo ocupa la industria de la muerte –la de guerra- que, según la revista Fortune, gasta un millón de dólares cada 30 segundos, y le sigue la industria farmacéutica con un millón de dólares cada 83 segundos.
Estamos hablando de una de las industrias más concentradas: solo 20 multinacionales –con Pfizer a la cabeza- son dueñas de gran número de patentes y comercializan las dos terceras partes de todas las especialidades medicinales que circulan por el mundo.
Pero como la prioridad de estas multinacionales es maximizar la ganancia y no el derecho universal a la salud, últimamente llegaron a la conclusión de que centrarse en los enfermos ya no es tan rentable. Por eso, la nueva estrategia es medicar también a las personas sanas. Mediquemos al que sea, es la consigna.
Sobre esta base se ha desatado el más fabuloso boom publicitario sobre los supuestos beneficios en nuestra calidad de vida de algunas vitaminas u otros fármacos.
Suelen venderse ilusiones: los antioxidantes dan vitalidad, rejuvenecen; determinadas fibras –colocadas generalmente en los yogurs- regularizan el trabajo intestinal y otras provocan milagrosos estilizamientos corporales. Parece ser que todo se arregla con la ingesta de un medicamento. Y si una medicina que cura gravísimas enfermedades sociales en países pobres no puede ser vendida, entonces ese mismo fármaco lo publicitan como útil para otras cosas. Por ejemplo, la Eflornitina destinada a la curación del denominado “mal del sueño” que mata a 150.000 africanos al año, como no puede ser adquirida al precio que propone la multinacional, es ofrecido por Squibb bajo el nombre de Vaniga en crema, para el “tratamiento” del vello facial femenino.
Y mientras la voluminosa campaña publicitaria nos castiga minuto a minuto, un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos esenciales, y la mayoría de los pueblos en el Tercer Mundo muere de enfermedades (como la malaria, el dengue y las derivadas de la desnutrición) cuyos tratamientos no tienen relación con los medicamentos más vendidos en el mundo y donde los gobiernos no pueden asumir el gasto en medicamentos que requieren sus pueblos.
Las multinacionales utilizan el patentamiento de medicamentos como instrumentos de la dependencia, a través de ese mecanismo cobran royalties, condicionan y hacen más dificultoso el acceso de los fármacos al segmento menos pudiente de la población.
El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando recientemente estuvo en nuestro país, afirmó que el sistema de patentes de medicamentos impone altos precios a países en desarrollo –como la Argentina– y aumenta la brecha con los ricos.
"Las compañías farmacéuticas -agregó- gastan más plata en marketing y publicidad que la que gastan en investigación, porque el retorno por acrecentar el monopolio es mayor que el retorno que tiene la innovación".
Pero como la estrategia es medicar también al sano, el monopolio farmacéutico "gasta más dinero en investigación para drogas de estilo de vida, como por ejemplo para que te crezca el pelo, que en remedios para salvar la vida".

¿Que ocurre aquí?

Las 75 empresas que representan el núcleo de la industria farmacéutica instalada en el país, según datos oficiales, facturaron 7.597,1 millones de pesos durante el año pasado, lo que significó un aumento del 20,2% respecto de 2006 (a precios mayoristas y sin sumar el IVA).
Como en la mayor parte del planeta, los productos con mas salida fueron los recetados para el sistema nervioso, digestivos y cardiovasculares que responden a las necesidades de salud de los países ricos.
Argentina, también en materia de fármacos, es un país dependiente de la gran industria privada, especialmente la multinacional. Y aunque esta industria acordó con el gobierno nacional limitar los aumentos de precios, los laboratorios dispusieron alzas superiores a las pactadas y, que se sepa, la maniobra quedó en la impunidad.
En cuanto a la declaración de la emergencia sanitaria nacional en marzo de 2002 que dio paso a la implementación de una política nacional de medicamentos, sustentada en la prescripción por nombre genérico, tampoco liberó a la Argentina de la incidencia multinacional ya que constituyó un rescate para la industria de medicamentos frente a la caída abrupta del consumo.
Esa emergencia –sostuvo el doctor Luis Trombetta, de Tribuna de la Salud-, estuvo dirigida a recomponer las ganancias de los industriales, otorgándoles la posibilidad de introducir en el mercado local una segunda línea de los mismos medicamentos con un precio diferencial, conservando el segmento de precios más altos para los sectores de mayores ingresos, recuperando las ventas en los amplios sectores medios y bajos profundamente golpeados por la pobreza y el desempleo.
En conjunto –agregó-, recompuso a las empresas transnacionales y a las industrias locales, preservando en todos los casos la propiedad de la patente del producto farmacéutico.
Gran parte de los medicamentos esenciales podrían ser elaborados por los alrededor de cuarenta laboratorios públicos que aun quedan luego de la violenta ofensiva neoliberal que empezó por restringir al máximo el trabajo de años del Instituto Malbrán. Pero eso no sucede, salvo excepciones.
Recientemente se han dado pasos positivos, pero insuficientes, creando una Red de Laboratorios Públicos (ver recuadro), pero se apela a ellos en una medida mínima porque, entre otros motivos, existen cláusulas con el Banco Mundial que obligan al Estado a adquirir fármacos solo a la industria privada.
El gobierno, por ejemplo, cuenta con su Plan Remediar, de entrega gratuita de medicinas esenciales a un amplio espectro de la población. Los laboratorios públicos, sin embargo, suministran una cantidad mínima de ellos. ¿Por qué?, se le preguntó a Jorge Rachid de Laboratorios Puntanos, uno de los establecimientos del sector estatal. Porque hasta ahora –respondió- el Plan Remediar dispuso de "350 millones de pesos al año para medicamentos, pero el sistema de producción pública nunca tuvo acceso a ese presupuesto porque lo impiden las disposiciones del Banco Mundial".
Se encarga al laboratorio público aquello que no ofertan los privados. Esta es la realidad. Por eso, la producción estatal de medicamentos es indivisible de una política que enfrente los intereses de las industrias de especialidades medicinales nacionales y extranjeras, desconozca las protecciones establecidas por las leyes de patentes, y desate la dependencia de las imposiciones de los organismos financieros internacionales. Eso sería una manera de “Volver a Carrillo”.

Volver a Carrillo

El neurocirujano y sanitarista Ramón Carrillo fue ministro de Salud del gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955). Desarrolló un sistema de salud que combinó la atención primaria en salas descentralizadas con centros hospitalarios de alta complejidad que abarcó más de 8.000 establecimientos en toda la Argentina. Fue Carrillo quien en 1950 creó Emesta, primera fábrica nacional de medicamentos.
Hoy existen más de cuarenta laboratorios en la esfera municipal, provincial y nacional. Son instrumentos esenciales para una política liberadora en materia de fármacos y para que ellos sean accesibles a toda la población. Quizás haya sido por eso que lo primero que hizo Mauricio Macri al asumir, fue cerrar uno de los laboratorios que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este año, por primera vez en Argentina se puso en marcha una Red Nacional de Laboratorios Públicos que, bajo la coordinación del INTI, articulará el trabajo de 21 de ellos. Ellos son: Laboratorio de las fuerzas armadas, ANLIS-Malbran, Instituto Biológico de La Plata, Unidad Productora de Medicamentos - Facultad de Ciencias Exactas -UNLP, Laboratorio ELMETEC – UTN, Laboratorio del Hospital Municipal de Olavaria, Laboratorio Municipal de Bragado, Laboratorio de Especialidades Medicinales Hurlingham, Laboratorio de Medicamentos Genéricos Pampeano de la Municipalidad de Gral. Pico (La Pampa), el LEM SE de Rosario, Laboratorio Hemoderivados - Universidad Nacional de Córdoba, Laboratorio de Análisis Farmacéutico de la Unidad CEPROCOR de la Agencia Córdoba Ciencia S.E., Laboratorio Farmacia Municipal de Córdoba, Laboratorio Municipal Río Cuarto, el MSP de La Rioja, Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos – Univ. de San Luis, Laboratorio Provincial de Mendoza, el Laboratorio Productor de Medicamentos de Río Negro-PROZOME, Laboratorio Central de Salud Pública - MSP – Chaco, LAFORMED S.A. y el Laboratorio de Especialidades Medicinales del Ministerio de Salud Pública de Misiones (LEMis).
Los citamos a todos porque se trata de verdaderos sobrevivientes de la era neoliberal que debemos preservar e impulsar. Coordinados entre ellos y con los restantes, serían una poderosa fuerza productiva dentro de una política de salud al servicio del pueblo, fabricaría medidaentos a bajo costo y serían una barrera a las imposiciones del monopolio.
Pero solo siete de estos laboratorios cuentan con la certificación de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica), necesaria para una producción de alcance nacional y mundial de calidad registrada.
Colocar a todos los laboratorios públicos bajo las condiciones de ANMAT es una decisión política que el Estado debe pues se requiere inversión, un item propio en el Presupuesto Nacional y una ley que arrase con todas las imposiciones de las multinacionales en materia de fármacos, entre ellas, las limitaciones y negociados del patentamiento.

Red de Laboratorios del Estado

Cómo debería operar

La Red de Laboratorios municipales, provinciales, nacionales y de las universidades podrían convertirse en instrumentos fundamentales para romper con las imposiciones de las multinacionales. Para que eso sea así se hace necesario colocar a todos esos laboratorios bajo las reglas del Anmat y establecer una política de Estado.
Claudio Capuano –coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Buenos Aires y uno de los referentes de la Red Nacional de Laboratorios Públicos– sostuvo que “contar con sólo siete u ocho laboratorios con autorización de la Anmat es insuficiente”, y explicó: “el concepto es el trabajo en red: supongamos que en el sur del país se presenta una alta incidencia de neumonía y los antibióticos adecuados se elaboran en otra parte del país: es necesaria la certificación Anmat para que los medicamentos puedan ser trasladados”.
“Además –dijo Capuano–, supongamos que a un laboratorio, por ejemplo el de Rosario, le encargan millones de unidades de un medicamento para el Plan Remediar: el laboratorio está en condiciones de hacerlo, pero para eso tiene que postergar su producción habitual, destinada a su propia región: tiene que funcionar una red con autorización Anmat para que otro laboratorio pueda proveer esos medicamentos.”
Para el referente de la Red, “el programa debería establecerse por ley nacional; es lo único que permitiría garantizar su continuidad más allá del ministro de turno; y, por ley, debería contar con presupuesto propio. Ya el solo hecho de poner a los laboratorios públicos en condiciones Anmat cuesta dinero, no mucho, pero cuesta”, advirtió Capuano, y sostuvo que “en contrapartida, los laboratorios públicos pueden bajar sensiblemente los gastos en medicamentos, porque sus costos son mucho más bajos que los de la empresa privada”.
Para tener una idea de los montos que se manejan –informó el catedrático- pensemos que las compras de medicamentos por el Estado llegan a los mil millones de dólares por año, tomando los presupuestos nacional, provinciales, municipales y el PAMI.
En tal sentido, subrayó Capuano: “Debemos sacar al medicamento del rol de bien de mercado, y reemplazarlo por el concepto de bien social, a fin de lograr que la población tenga acceso a la salud”,
Por su parte, Martín Isturiz –del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, que impulsa el desarrollo de los laboratorios públicos– destacó que, “además de defender la soberanía en el área de medicamentos, los laboratorios deben plantearse, no sólo como productores, sino como unidades de investigación y docencia, con el soporte del INTI; de este modo –agregó-, su desarrollo implicaría expandir el sistema de ciencia y técnica para retener los recursos humanos que hoy todavía se dilapidan, por la emigración de profesionales”.

40 aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara

40 aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara

No dejemos al Che en el monumento

Por Arturo M. Lozza

No es mito, no es dios volatilizado y estampado en remeras. El Che es hoy y es lucha de ideas, es rebeldía, es liberación, militancia, unidad y dignidad.

Se llamaba Rosa Molina, era indígena toba, vivía en Fontana, Chaco, tenía 56 años y pesaba 24 kilos. Murió desnutrida hace pocos días y ahora ocupa el lugar número quince entre los indígenas fallecidos por la misma causa en los últimos dos meses en esa provincia. Si nos internáramos en El Impenetrable, o en los aislados recintos de la marginación, veríamos que la cifra de muertos desnutridos es mucho mayor, pero esto es lo que dice la encuesta.
Cuando a Rosa Molina la llevaban a la catedral de Resistencia con sus 24 kilos como forma de denunciar tamaño crimen de desigualdad social, las multinacionales de la exportación agrícola accionaban sus computadoras y comprobaban una vez más que las ganancias por las cosechas de soja, maíz, trigo y girasol, entre otros, posibilitarían millonarias cifras de ganancias. No era para menos y –escribía entusiasmado “Clarín”- “había que aprovechar el momento”.
El momento era que los precios internacionales estaban en alza y que acumulaban para la comercialización nada menos que 87,8 millones de toneladas de granos.
Sin embargo, muy alejado del momento que calculaban Nidera, Cargill, Monsanto, Dreyfus y el Grupo Uquía, había otro momento, el que marca la vida y la muerte, el que por desnutrida se llevó a Rosa y se lleva a miles por año. Uno y otro tiempo no coinciden, sin embargo deberían accionar coordinadamente: los tiempos de cosecha récord tendrían que servir para alargar los tiempos de la vida y evitar que la muerte se lleve por desnutrición a las Rosas.
Pero no es esa la realidad. Nunca en la historia de los argentinos la desigualdad ha sido tan abismal como en las épocas del neoliberalismo.
Por eso, entonces, no dejemos al Che en el monumento.
Para que haya cosechas récords, los grandes capitales arrasaron con la naturaleza, desalojaron a 100.000 chacareros, expulsaron de los montes a miles de habitantes originarios y aniquilaron flora y fauna con agrotóxicos. Las ganancias que deparan esas cosechas quedan en su mayor parte en manos multinacionales y terminan en las arcas del imperialismo. No hay distribución de las riquezas entre el pueblo. Nos siguen robando y aniquilando tierras.
Por eso, entonces, no dejemos al Che en el monumento.
Hay denuncias que dicen que mueren cien chicos por día con enfermedades derivadas de la desnutrición. Puede que haya más y puede que haya algo menos. Pero el dato es igualmente atroz para cualquier país, máxime en nuestro caso donde las cosechas alcanzan para alimentar a 300 millones de personas durante un año.
Pero de esto no hay suficiente conciencia, los medios masivos de comunicación están al servicio del poder político y económico. No ayudan a despejar, adormilan, estupidizan, tergiversan, ocultan. Frente a esto, sin embargo, todavía no pudimos desplegar una estrategia eficaz de la comunicación del campo popular.
Por eso, entonces, no dejemos al Che en el monumento. Porque el Che llamaba a multiplicar los medios para comunicar la verdad.
El Che no es mito, no es dios volatilizado o convertido en figura de remera. El Che es encarnadura, tiene que ser rebeldía de hoy, no solo la de ayer, debe ser lucha de ideas, comunicación revolucionaria, militancia, ruptura de rutinas, mística. No solo recordación. Por eso, no lo dejemos en el monumento.
El nos llamó hace tanto tiempo a la unidad. Pero vivimos más fragmentados que antes. ¿No será hora de enterrar mezquindades, egolatrías, pequeñeces miserables, y emprender el camino de la unidad como nos lo pidió el Che en su mensaje a los argentinos?
“Hagamos como el Che”, dice la frase en boca y en pancartas de miles de jóvenes. Hagamos como el Che, entonces, y no lo dejemos en el monumento. El Che es ahora y siempre. Para que nunca más muertos por desnutrición, para que nunca más robados y entregados al imperialismo, por la tierra madre sin agrotóxicos, por la soberanía y la dignidad